ALERTA

POR LA SUBA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ADOLESCENTES

 

La Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ) advirtió sobre un aumento sostenido en las infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes. Es el resultado de las políticas públicas que banalizaron la sexualidad y apuntaron especialmente a esa franja etaria.

Por Mónica del Río

NOTIVIDA, Año XXI, Nº 1288, 12 de mayo de 2022

 

Fuente: Boletín N°38” Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina”, emitido por la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, del Ministerio de Salud de la Nación.

En octubre de 2002 (hace casi 20 años) se sancionó la llamada Ley de Salud reproductiva, poco después Ginés González García -por entonces Ministro de Salud- repartía profilácticos en los bosques de Palermo con ocasión del Día de la Primavera, al año siguiente Buenos Aires amanecía con el Obelisco revestido con un gigantesco preservativo. No pocos cruces se suscitaron con el Episcopado en aquel momento y más de un obispo le pidió al Gobierno que reviera lo que estaba haciendo con niños y jóvenes. A esa ley la siguió, entre otras, la de “Educación sexual”, que llevó a las escuelas los preservativos y los penes de madera. Hoy los resultados están a la vista.

Según el Ministerio de Salud “desde 2010 la tasa de incidencia de sífilis a nivel nacional crecía de modo sostenido, muy marcadamente en los últimos cinco años, hasta su pico en 2019, con 56,12 personas por cada 100 mil habitantes para ambos sexos en todo el país”. El descenso del 2020 es atribuible a la disminución de pruebas diagnósticas durante el confinamiento, entre 2019 y 2020 hubo una caída de un 45,6% en la cantidad de pruebas realizadas. La mayor proporción de pruebas positivas durante ese año corresponden al grupo de 15 a 24 años, tanto para la población general, como para las embarazadas.

Distribución de los casos de sífilis en personas mayores de 15 años, según sexo y edad.  Argentina, 2020. Casi la mitad de los casos de sífilis registrados en mujeres (48,6%) y el 41% de los casos de varones están en la franja de los 15 y los 24 años de edad.

Transmisión del VIH

Más del 98% de las personas diagnosticadas con VIH en el bienio 2019-2020 lo adquirieron por vía sexual. En el caso de los varones, el 36% en relaciones sexuales con mujeres y el 63% con otros varones.

El VIH en los adolecentes

La población de entre 15 y 19 años se infectó con VIH, en su mayoría, por vía de transmisión sexual y la tasa de infección fue mayor en los varones. A su vez, más del 90% de ellos se contagió a través de relaciones sexuales con otros varones.

OTRA DERROTA PREVISIBLE

 

 

MEDIA SANCIÓN PARA LA NUEVA LEY DE SIDA

NOTIVIDA, Año XXI, Nº 1287, 5 de mayo de 2022

 

Por 241 votos a favor y 8 en contra, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la nueva Ley de Sida. Votaron en contra los diputados: Francisco Sánchez, Pablo Torello, Ricardo López Murphy, Paula Omodeo, Victoria Villarruel, Javier Milei, José Luis Espert y Carolina Píparo,

 

De convertirse en ley los enfermos de Sida se podrán jubilar a los 50 años y hasta entonces gozar de una pensión no contributiva. No se podrá hacer un test pre-ocupacional para detectar la enfermedad, tampoco despedir o suspender a los empleados que la padecen, habrá sanciones para los infractores. Se creará un Observatorio en la órbita del INADI para monitorear las “vulneraciones a los derechos de las personas afectadas”.

 

Gaillard, que encabezó la presentación del proyecto, remarcó que muchos de los impulsores de esta ley –presentes en las barras- son los que militaron el “matrimonio” homosexual. Entre ellos estaba José María Di Bello que protagonizó el primer “matrimonio igualitario” de América Latina.

 

Mónica Fein (PS, StaFe), flamante presidente de la Comisión de Salud: sostuvo que el SIDA es una pandemia que no siempre ha estado en el debate público, “una pandemia marcada por el estigma y la discriminación”. Para Fein el gran avance de la ley es su “estrategia integral e intersectorial”, destacó también que contempla derechos laborales y que prohíbe las pruebas diagnósticas compulsivas. Hoy se va a “saldar una deuda histórica con las personas que conviven con VIH”.

 

En cuanto a las intervenciones de los diputados Daniel Gollán, Rubén Manzi, Carolina Gaillard, Roxana Chala, Gustavo Bouhid, Alejandro Cacace, Romina del Plá  y Soledad Carrizo remitimos a lo que expresaron ayer en la reunión de Comisión (Notivida Nº 1286).

 

Maximiliano Ferraro (CC, Ciudad de BsAs): agradeció el trabajo de los activistas y dijo que “hay que interpelar a la clase política cuando le falta empatía”. “La ética de la alteridad es pensar al otro en tanto el otro”. Afirmó que esta ley lo ocupa desde hace muchos años, antes incluso de ser legislador.  Mencionó a las víctimas del Sida que murieron desde los 80 en el país como Roberto y Carlos Jáuregui, Cris Miró y Miguel Abuelo. Remató con una frase de Carlos Jáuregui “en el origen de nuestra lucha está el deseo de todas las libertades”.

 

Myiriam Bregman (FIT, Ciudad de BsAs): manifestó la diferencia entre los regímenes jubilatorios de privilegio y los regímenes especiales, para remarcar que están en contra de los primeros pero no de los segundos.

 

Gabriela Lena (UCR, E.Rios): “Es imprescindible contar con una respuesta al crecimiento sostenido de las enfermedades de trasmisión sexual”. “Las personas con VIH siguen siendo estigmatizadas y el SIDA no se puede abordar sólo como un problema de salud”. Reclamó campañas de prevención y la implementación efectiva de la ESI.

 

Gabriela Estévez (FdT, Cba.): esta ley tiene perspectiva de género, “le va a transformar la vida a las personas que conviven con estas enfermedades y a la sociedad entera”. Se comprometió a buscar los votos cuando se discuta en el Senado.

 

Graciela Ocaña (PRO, BsAs): considera que la ley de SIDA del año 90 significó un gran avance pero que hacía falta esta iniciativa “superadora”. Cuestionó que no se hayan analizado -como se debe- algunos aspectos como los vinculados al régimen especial jubilatorio, resaltando que el expediente no tuvo giro a la comisión de Previsión y Seguridad social.

 

Carolina Yutrovic (FdT, T. Del Fuego): celebró la visión integral de la ley y afirmó que hace falta una visión diferencial en el acceso a la jubilación y pensión para las personas que padecen estas enfermedades.

 

Morales Gorleri (PRO, Ciudad de BsAs): contó que a los 15 años visitaba enfermos en el Hospital de Clínicas y que una vez no la dejaron entrar a una sala porque estaba internada una chica de 19 años que tenía “la peste rosa”. “Hoy damos un paso enorme”. “El problema no es de ellos, es nuestro y la solución la votamos todos hoy”.

 

Mabel Caparrós (FdT, T. del Fuego): “la ley de SIDA fue buena pero quedó chica, este proyecto enriquece la ley de los 90”. Destacó la no compulsividad del test y que se prevean multas para los infractores.

 

Jimena López (FdT, BsAs): resaltó que en Argentina hay 40.000 mujeres que conviven con VIH y el 98% de las mujeres que se contagiaron lo hicieron en el marco de su pareja. “Hay violencia sexual en las parejas y no siempre se puede negociar el uso del preservativo”. “Hoy es un día histórico”.

 

Alejandro Finocchiaro (PRO, BsAs): aclaró que su bloque iba a acompañar en general, pero no el artículo que prohíbe el despido o suspensión. “Si el trabajador está impedido de desarrollar la actividad, la ley de contrato de trabajo resuelve el tema”, estimó que el proyecto crea discriminaciones injustas en materia laboral.

 

Silvana Ginocchio (FdT, Catamarca): considera que todavía mueren muchas personas por estas enfermedades y que el diagnóstico se realiza a veces en estadios muy avanzados de la enfermedad. “Esta ley va a transformar la vida a muchos argentinos y argentinas”.

TRIBUNAL SUPREMO DE EEUU

 

 Radiografía del proyecto de ley antiaborto

Tommaso Scandroglio

Brújula cotidiana, 05-05-2022

 

 

Volvemos al proyecto firmado por el juez Samuel Alito del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que pretende anular tanto la sentencia Roe vs Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país, como la sentencia Casey vs Planned Parenthood de 1992 que, en esencia, confirmó la estructura de la primera sentencia. Hay que señalar que se trata de un primer borrador redactado en febrero, al que probablemente han seguido otros.

 

El dictamen sobre estas dos sentencias parte de la decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que declaró inconstitucional una ley de 2018 de Misisipi (Gestational Age Act), que establece la prohibición del aborto después de la 15ª semana de gestación, salvo en dos casos especiales. Los que se oponen a la decisión del Tribunal de Apelación piden que se revise la legalidad de las sentencias Roe y Casey. Y así lo ha hecho el Tribunal Supremo. El litigio en el Tribunal sigue abierto y se cerrará a finales de junio o principios de julio, por lo que aún se puede revisar tanto la decisión sobre la ley de Misisipi como las sentencias del proyecto.

 

Empecemos por la decisión que han firmado los cinco jueces republicanos: “Creemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está implícitamente protegido por ninguna disposición constitucional” (p. 5). Vamos a analizar el razonamiento de esta decisión, aunque antes conviene hacer una aclaración. Alito escribe en el dictamen: “Nuestra decisión no se basa en ningún juicio sobre cuándo un Estado debe considerar que la vida prenatal tiene derechos o intereses legalmente reconocibles” (p. 29). Por lo tanto, el Tribunal de Justicia deja en manos de cada Estado la cuestión de la posible subjetividad jurídica del niño por nacer y, a partir de ahí, su estatuto personal. Las dos sentencias mencionadas son ilegales por otras razones que examinaremos brevemente a continuación.

 

LA TRADICIÓN JURÍDICA

 

Los jueces de la sentencia Roe legalizaron el aborto apoyándose en el principio de privacidad, que implícitamente derivaba de otro principio contenido en la Decimocuarta Enmienda: el principio de libertad. Pero los actuales magistrados del Tribunal Supremo, además de señalar que en ninguna parte de la Constitución se menciona el derecho al aborto, lo tienen fácil para explicar que era imposible que los redactores de esa enmienda incluyeran el aborto en el concepto de libertad: “En 1868, cuando se ratificó la Decimocuarta Enmienda, tres cuartas partes de los Estados, 28 de 37, habían promulgado leyes que convertían el aborto en un delito” (p. 23). Los demás Estados promulgaron leyes similares en los años siguientes. Como prueba de ello, el Tribunal, en los Apéndices A y B, cita extractos de 50 leyes que castigaban el aborto. Por lo tanto, la Decimocuarta Enmienda no protege la libertad de abortar: “Al emprender esa indagación [sobre el concepto de libertad] en este caso, la respuesta obvia es que la Decimocuarta Enmienda no protege el derecho al aborto” (p. 14).

 

Esta tradición legal pro-vida se mantuvo en gran medida intacta hasta Roe: “En el momento de Roe, 30 estados todavía prohibían el aborto en todas sus fases” (p. 2). ¿Por qué motivo? “Hay muchas pruebas de que la aprobación de estas leyes fue [...] estimulada por la creencia sincera de que el aborto mata a un ser humano” (p. 29). Por lo tanto, el Tribunal sostiene que "la conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está en absoluto profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la Nación” (p. 24), entre otras cosas porque, por el contrario, existe “una tradición ininterrumpida de prohibición penal del aborto [...] desde los primeros tiempos del common law hasta 1973. […] Hasta la última parte del siglo XX, la legislación estadounidense no apoyaba el derecho constitucional al aborto. Cero. Ninguna. Ninguna disposición constitucional estatal reconocía tal derecho. Hasta unos años antes de Roe, ningún tribunal federal o estatal había reconocido tal derecho. Tampoco hubo ningún tratado académico del que tengamos conocimiento” (pp. 24-25; p. 15) que lo reconociera. Esto significa que el Tribunal en 1973 inventó desde cero que el aborto era un derecho, porque no había apoyo ni en la Constitución ni en la tradición de la common law estadounidense.

 

ANTIDEMOCRACIA

 

Por lo tanto, esa decisión parece claramente antidemocrática porque es arbitraria, apodíctica en su premisa: “Al no tener más que un ‘poder judicial bruto’, el Tribunal ha usurpado la facultad de abordar una cuestión de profunda importancia moral y social que la Constitución confía inequívocamente al pueblo. […] El Tribunal cortocircuitó el proceso democrático al impedir que un gran número de estadounidenses que disentían de diversas maneras de Roe participaran en él” (p. 40). Esta actitud impositiva es también característica de la sentencia Casey, que “afirmó la autoridad para imponer una solución permanente a la cuestión del derecho constitucional al aborto simplemente diciendo que la cuestión estaba cerrada” (pp. 63-64).

 

Los jueces del Tribunal Supremo también señalan que la estructura de la decisión Roe se asemeja más a una ley que a una sentencia. Otra prueba de que los jueces se transformaron en parlamentarios: “Sin ninguna base en el texto constitucional, la historia o los precedentes, ha impuesto a todo el país un conjunto detallado de normas muy similares a las que cabría esperar encontrar en una ley o un reglamento” (p. 42).

 

LA LIBERTAD

 

Como hemos visto, Roe basó la legitimidad del aborto en el concepto de libertad, que, sin embargo, hasta entonces nadie había ampliado para incluir el derecho al aborto. La sentencia Casey también basa el presunto derecho al aborto en el mismo concepto, que –como se lee en el texto de la propia sentencia- corresponde a la posibilidad de tomar “decisiones íntimas y personales. […] En el corazón de la libertad está el derecho a definir el propio concepto de la existencia, del sentido del universo y del misterio de la vida humana”. (p. 30) Alito, sin embargo, señala correctamente que “la facultad de actuar sobre la base de tales convicciones puede corresponder a una de las muchas concepciones de ‘libertad’, pero ciertamente no es la ‘libertad ordenada’” (p. 30) que es un concepto básico del sistema jurídico estadounidense. “La libertad ordenada pone límites y define la frontera entre los intereses en conflicto. Roe y Casey lograron el equilibrio particular entre los intereses de una mujer que desea abortar y los intereses de lo que llamaron ‘vida potencial’” (p. 31).

Para el Tribunal, esta ponderación de intereses no puede dejarse en manos del tribunal supremo, sino de los parlamentos locales: “Las personas de los distintos estados pueden ponderar estos intereses de forma diferente. Los votantes de algunos estados pueden considerar que el derecho al aborto debe ser incluso más amplio que el reconocido por Roe y Casey. Los votantes de otros estados pueden querer imponer severas restricciones basándose en su creencia de que el aborto destruye un ‘ser humano no nacido’. La concepción histórica de nuestra nación de la libertad ordenada no impide que los representantes elegidos por el pueblo decidan cómo regular el aborto” (p. 31). De ahí la citada decisión final: “La Constitución no prohíbe a los ciudadanos de ningún Estado regular o prohibir el aborto. Roe y Casey se han arrogado esa autoridad. Ahora revirtamos esas decisiones y devolvamos esa autoridad al pueblo y a sus representantes elegidos” (p. 67).

TIENE DICTAMEN

 

 

 LA NUEVA LEY DE SIDA

NOTIVIDA, Año XXI, Nº 1286, 3 de mayo de 2022

 

Las Comisiones de Salud y de Presupuesto le dieron dictamen hoy al proyecto de nueva Ley de Sida (expte. 0304-D-2022) de la autoría de Carolina Gaillard. La iniciativa había sido despachada el año pasado pero perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo.

 

Algunos aspectos del proyecto

 

Se declararía de “interés público nacional” la respuesta integral e intersectorial a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las Hepatitis Virales, la Tuberculosis y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Es decir, “los medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura” “serán de acceso universal, oportuno y gratuito”, en el ámbito público y en el privado.

 

“Prohíbe la oferta y la realización de la prueba diagnóstica de VIH, Hepatitis Virales y otras ITS en los exámenes médicos preocupacionales” y garantiza “el derecho a ser beneficiarios de políticas de empleabilidad” y de “acciones afirmativas que fomenten la inclusión laboral”.

 

Los infractores a cualquiera de las obligaciones establecidas en la ley podrán ser sancionados con: “Multa graduable entre 10 y 100 salarios mínimo, vital y móvil”; Intervención o Cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Obras Sociales.

 

Los hijos de madres con VIH podrán acceder gratuitamente a la leche de fórmula durante los primeros dieciocho (18) meses.

 

Las personas con VIH y hepatitis B o C podrán jubilarse (tanto hombres como mujeres) con 50 años de edad y 20 de aportes.

 

Desde los 18 años los argentinos -o extranjeros con 5 años de residencia- con “vulnerabilidad social”, que acrediten el diagnóstico, podrán gozar de una pensión no contributiva vitalicia equivalente al 70% del haber mínimo. Esta pensión sería compatible con otros beneficios sociales.

 

El debate en comisión

 

Hugo Feraud, Director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación: el año pasado tuvimos un intenso trabajo con las organizaciones y las sociedades científicas para articular el proyecto. Sólo queremos hacer algunos aportes técnicos: 1) la leche de fórmula está indicada hasta los 12 meses y después se puede seguir con leche de otro tipo, 2) el consentimiento debería diferenciar la TBC (tuberculosis) y la hepatitis, en el caso de la TBC hay que tener en cuenta el cuidado de la salud de la población en general y en el caso de la hepatitis posibilitaría tener un diagnóstico precoz y tratarla, 3) para el dispositivo de seguridad social queremos aclarar que el esquema terapéutico del VIH de hace unos años, condiciona el envejecimiento prematuro.

 

Carolina Gaillard (FdT, E.Ríos): este es un proyecto de las organizaciones. La ley viene a cambiar el paradigma del tratamiento del VIH, no sólo lo aborda desde el punto de vista de la salud sino desde lo social. El corazón de esta ley es lo que tiene que ver con los derechos laborales, hoy se siguen haciendo los test pre-ocupacionales y el proyecto sanciona al que lo haga. Según Gaillard en el país hay 140 mil personas con VIH y se notifican 4500 casos nuevos por año. La jubilación se prevé a los 50 años porque las personas que tienen VIH tienen un envejecimiento precoz. En cuanto a las pensiones no contributivas se hizo un estudio en PBA y sólo el 7% de las personas con VIH tienen un trabajo registrado. Esta ley garantiza calidad de vida, no sólo un tratamiento, otorga derechos a los que sufren desde hace muchos años discriminación.

 

José Luis Espert (Avanza Libertad, BsAs): me parece inapropiado obligar a la medicina privada, nada es gratis en algún momento alguien lo paga y desconozco el costo fiscal. Hay una compulsión para obligar a los privados a prestar servicios adicionales. Se prohíbe el despido y es algo que nunca nos ha llevado a un lugar bueno. Fija una jubilación especial y estamos tratando de que no haya más regímenes especiales. No podemos seguir otorgando beneficios sin medir costos fiscales.

 

Gustavo Bouhid (UCR, Jujuy): el SIDA se puede tratar en la medida en que se diagnostique. No se puede prohibir el test, lo que no se debe hacer es testear compulsivamente. Hay gente que se queda sin trabajo por tener adiciones y no hay que perder el empleo por estar enfermo, cualquiera sea la enfermedad. El que puede pagar debería pagar, no debería ser gratuito para todos.

 

Romina del Plá (FIT, BsAs): estas son enfermedades que tienen que ver en buena medida con la pobreza, pero si los infectados tuvieran obra social o prepaga se lo tienen que pagar, porque para eso las tienen, para que los asistan cuando están enfermos. Corresponde una jubilación especial por el envejecimiento prematuro.

 

Daniel Ferreyra (FdT, Jujuy): la prohibición para el ingreso al trabajo hace que los compañeros no sepan que porta una enfermedad contagiosa, se cuida al que ingresa y se pone en riego al resto. La revisación debería ser obligatoria.

 

Alejandro Cacace (Evolución Radical, Jujuy): Hay prácticas que avanzaron mucho en el mundo en materia de prevención, por ejemplo la PEP (profilaxis posexposición), que el proyecto no incluye. No es un enfoque adecuado crear un régimen especial de jubilación porque hay situaciones no contempladas, por ejemplo, una persona con VIH que no tiene problemas para desempeñar su trabajo se jubila a los 50 años, en cambio una de 45 años a la que la infección no le permite trabajar no está considerada. La jubilación debe ser para las personas imposibilitadas de desarrollar sus actividades laborales. No hay que crear un régimen especial para cada enfermedad.

 

Roxana Chala (FdT, Tucumán): me parece importante empezar a hablar de prevención primaria, que es muy importante en el SIDA, además de la PEP existe la PREP (profilaxis pre-exposición). Me gustaría incorporar ambas al proyecto.

 

Sergio Palazzo (FdT, BsAs): en respuesta a Espert afirmó que está bien que no se pueda despedir cuando hay discriminación y añadió que estaría dispuesto a votar discriminaciones positivas.

 

Rubén Manzi (CC, Catamarca): rescato que se garanticen derechos a una población vulnerable, pero en la definición del universo objeto de esta ley habría que hablar de “enfermedades infecciosas crónicas de transmisión interhumana”, para que no queden fuera otras enfermedades como la lepra. Lo segundo que observó Manzi es el artículo donde se prohíben las pruebas diagnósticas en el ámbito laboral, “habría que generar excepciones según la actividad”. Hay tareas en las que los técnicos pueden poner en contacto su sangre con la de terceros, por ejemplo, un técnico de hemoterapia o el que trabaja en diálisis crónica. Hay que preservar a los enfermos y también a los demás. Se prohíben las pruebas diagnósticas y en general coincido, pero la TBC, a diferencia de las otras enfermedades de las que se ocupa el proyecto, es de transmisión aérea. La modificación del régimen previsional por el envejecimiento precoz tiene que tener en cuenta que la llegada a los 50 años tiene mucha heterogeneidad, hay otras enfermedades que provocan un envejecimiento precoz que estamos dejando afuera, entre otras, la artritis reumatoidea, la artrosis y la enfermedad de Fabry. ¿Por qué esas personas no tienen los mismos derechos? Generaríamos una dolorosa exclusión de muchos enfermos, habría que hacer un análisis integral del sistema jubilatorio, en lugar de hacer una segmentación que ocasiona distinciones arbitrarias.

 

Nicolás del Caño (FIT, BsAs): acompañamos a las organizaciones que vienen peleando por este proyecto. Nuestro apoyo es incondicional. El que quiere terminar con los regímenes especiales es el FMI.

 

Daniel Gollán (FdT, BsAs): esta ley no puede esperar más. Coincido en que hay que pedir el estudio de TBC. Tenemos un informe de la ANSES que dice que el impacto de estas jubilaciones es muy bajo. Hay una historia detrás de esta enfermedad que construyó la necesidad de hacer una ley, lo particular del SIDA es la estigmatización, eso no ocurre con otras enfermedades.

 

Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro): más allá de los derechos que se están garantizando hay muchas cuestiones que podían haber sido mejor redactadas. Especificar algún tipo de enfermedades dentro de las infecciones interhumanas no está bien, habría que poner al menos “y otras”. No se permite que las provincias dicten leyes más restrictivas, con lo que se invade la autonomía provincial. Hay problemáticas dentro de estas que son muy silenciosas y el diagnóstico debe ser permitido.  Con respecto a las jubilaciones hubiera sido suficiente revisar lo que hace el sistema previsional respecto a las incapacidades.

 

Soledad Carrizo (UCR, Cba.): el sector de la diversidad de la UCR nos ha pedido el acompañamiento del proyecto y los hemos escuchado. Vienen desarrollando su trabajo con mucho esfuerzo y tienen un eco muy grande en nuestro partido.

 

Al finalizar el debate, Gaillard aclaró que las modificaciones propuestas serán consideradas durante la discusión en particular en el recinto.

¿APÓSTOL DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Por María José García Crespo 

FUENTE: ALETEIA-publicado el 29/04/22

Hay un modo de prepararse para mejorar la sociedad y ser protagonista de este cambio

El Compendio de la doctrina social de la Iglesia y los documentos pontificios posteriores identifican y desarrollan cuatro principios: la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Son un auténtico tesoro para la Humanidad.

¿Qué pasaría si se aplicase la doctrina social de la Iglesia? ¿Se producirían las injusticas sociales? ¿Existiría la corrupción política o estarían los políticos al servicio de la sociedad? ¿Se pagarían salarios justos? ¿Se practicaría la buena gobernanza en las empresas?

El Papa Francisco nos ha llamado a “apasionarnos de nuevo por la doctrina social. Démosla a conocer. Es un tesoro de la tradición eclesial”.

“Retomemos la Doctrina Social, hagamos que se conozca”

Papa Francisco

Con este propósito ha nacido el programa “Magíster en Doctrina Social de la Iglesia. Reflexión y vida”. Busca formar apóstoles cristianos para el mundo actual, capaces de integrar fe y vida en los diversos ámbitos de la sociedad nacional e internacional.

Este Máster nace para cubrir una necesidad de formación sólida en la Doctrina Social de la Iglesia. Todos los católicos estamos llamados a la santidad en “nuestra vida ordinaria”, en la vida corriente (San Josemaría) en nuestra vida familiar, social y profesional.

Es necesario profundizar en las temáticas sociales desde la fe y la razón (reflexión) y en su vinculación con realidades concretas (vida).

Cristianizar la sociedad

Existen diferentes formas de participación civil y de liderazgo. Este Máster busca promover esta forma de cristianizar la sociedad, de una manera académica y también aplicada, con casos y testimonios reales y actuales.

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Es un curso online en tiempo real y comienza el próximo mes de septiembre. Otorga un título propio español (Universidad Francisco de Vitoria) y un título de postgrado académico chileno (Magíster de la Universidad Finis Terrae) y se encuentra respaldado también por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y por la Universidad Anáhuac México y otras instituciones.

Es el único Máster en la materia internacional e interuniversitario. Cuenta con 50 profesores y expertos de 12 centros y universidades, de 10 nacionalidades. Además, los profesores cuentan con experiencia profesional en muchos sectores sociales.

Tras las asignaturas comunes, el alumno puede construir su propia especialización en las áreas que más necesite: familia, bioética, política, desarrollo y responsabilidad social, comunicación, educación, ecología integral (ecología humana, cultural y medioambiental) y otros.

El Magíster formará creyentes instruidos en el tesoro de la doctrina social de la Iglesia que descubrirán las luces y pistas para la evangelización del entorno familiar, profesional y social.

73 MILLONES

 

de abortos al año son un “derecho”

Tommaso Scandroglio

Brújula cotidiana, 25-04-2022

 

 

Para conocer el número de abortos provocados y legales en el mundo, la referencia es el informe de la Organización Mundial de la Salud. Esta cifra fluctúa a lo largo de los años entre 40 y 45 millones. Sin embargo, acaba de publicarse el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre el Estado de la Población Mundial 2022, que este año lleva por título: “Ver lo invisible: intervenir en la crisis desatendida de los embarazos no deseados”. Según este informe, el número de abortos realizados en todo el mundo en los últimos años ha sido, de media, de 73 millones.

 

Hay mucha información en este informe, pero nos gustaría centrarnos en el apartado “Tendencias del aborto”, donde se puede leer lo siguiente: “Aunque la tasa de embarazos no deseados ha disminuido, la tasa mundial de abortos prácticamente no ha variado y se estima en 39 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva durante el período 2015-2019 (Bearak et al., 2020). En todo el mundo, el 29% de los embarazos, tanto intencionados como no intencionados, terminan en aborto [Nota: incluso un embarazo intencionado puede terminar en un aborto voluntario porque, por ejemplo, la mujer descubre en algún momento de la gestación que el feto está enfermo o que los recursos económicos han disminuido]. Esto equivale a una media de 73 millones de abortos al año para el periodo 2015-2019. La tasa de aborto constante, junto con el descenso de la incidencia de los embarazos no deseados, significa que la proporción de embarazos no deseados que acaban en aborto ha aumentado del 51 al 61% desde 1990-1994 (Bearak et al., 2020)”.

 

La UNPA, la agencia de la ONU que está absolutamente a favor del aborto, nos dice que si por un lado el número de embarazos no deseados ha disminuido a lo largo de los años y si, por el otro, el número de abortos se ha mantenido constante a lo largo de los mismos años, esto significa que entre las mujeres que tienen un embarazo no deseado -que disminuye en número a lo largo del tiempo- la opción de abortar se ha generalizado cada vez más, pasando del 51% al 61% en los últimos años. Por el contrario, esto significa que antaño, entre todas las mujeres que tenían un embarazo no deseado, el porcentaje de mujeres que, no obstante, daban a luz a su hijo era mayor que el actual, pasando del 50% en los años 90 al 40% hace unos años. En pocas palabras, cada vez más mujeres deciden abortar.

 

Volvamos al párrafo citado anteriormente, en el que el informe afirma que la tasa mundial de aborto “se estima en 39 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva durante el periodo 2015-2019”. Para que se entienda la magnitud de esta cifra: el Financial Times, a principios de marzo, había estimado la tasa de mortalidad por causa del COVID Omicron en unas 35 muertes por cada 100.000 personas infectadas. Atención: no por cada 100.000 personas sanas, sino por cada 100.000 personas infectadas. La tasa de abortos, en cambio, es de 39 por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Por lo tanto, el aborto en humanos es unas 100 veces más letal que el COVID, o mejor dicho, mucho más, porque la cohorte de referencia para el COVID son solo las personas infectadas y porque el cálculo del UNFPA no tiene en cuenta los abortos clandestinos, los criptoabortos provocados por ciertos métodos anticonceptivos y por las píldoras que se venden como anticonceptivos de emergencia pero que también pueden tener efectos abortivos (por no hablar de las muertes provocadas por las prácticas de fecundación artificial).

 

El informe también nos dice que casi un tercio (un tercio) de todos los embarazos acaban en aborto, es decir, casi un tercio de los bebés son asesinados deliberadamente en el vientre materno en todo el mundo (incluyendo los abortos múltiples realizados por la misma mujer). Un número muy elevado de madres -pero el informe no tiene en cuenta, como ya se ha mencionado, las muchas otras madres que abortan pero cuyos abortos escapan a los registros oficiales del censo- deciden, por tanto, acabar con la vida de sus hijos. ¿Qué puede haber en el mundo, a nivel natural, más desconcertante, más escalofriante, más terrible y más monstruoso que el hecho de que una madre, o mejor dicho, que tantas madres levanten la mano contra sus hijos? La primera persona que, por derecho natural, debería tener el deber de proteger a su hijo al máximo, se convierte en la primera persona que realiza el último acto de crueldad hacia su hijo. Ciertamente, la conciencia de muchas de estas madres, aunque no de todas, está anestesiada, plagiada, hipnotizada por la corriente principal, pero el hecho permanece en toda su crudeza. La realidad permanece intacta en su atrocidad.

 

Y finalmente tenemos esa cifra: 73 millones de abortos al año en todo el mundo. La principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares: 18 millones de muertes al año. Le siguen las muertes por cáncer: 10 millones. Si sumamos estas dos causas, llegamos a 28 millones. Ni siquiera la mitad de las muertes por aborto. El aborto provocado es la principal causa de muerte en el mundo. Y mientras que las muertes por enfermedades cardiovasculares y cáncer se deben a causas naturales, la muerte por aborto es intencionada, buscada y, de hecho, es correcto llamar al aborto un asesinato, o, desde un punto de vista legal, un asesinato prenatal. Las personas mueren en el mundo principalmente porque se es asesinado.

 

Y así, aunque parezca una pregunta retórica, hay que preguntarse en qué clase de mundo vivimos. Vivimos en una sociedad global en la que la mayoría de las personas mueren a manos de otros, e incluso son personas que están dando sus primeros pasos en la existencia, son niños. Así que es justo describir esta sociedad global como sanguinaria, cínica, despiadada y suicida. Herodes es realmente el amo del mundo. Pero hay que añadir que esa crueldad no la impone desde arriba un tirano, sino que se ejerce libremente a diario por una base muy amplia. A lo largo de los años, esta base ha sido ciertamente adiestrada por ciertos poderes fuertes para practicar tales crueldades, considerándolas como derechos dramáticos, pero todavía derechos, o incluso como prácticas casi triviales (pensemos en el aborto en píldoras), pero al final el aborto sigue siendo una elección libre de la persona que, en la mayoría de los casos, tendría todas las herramientas para comprender la gravedad de esta elección.

 

Es pues un hecho incuestionable que vivimos inmersos en el mal, endémico, incluso pandémico, omnipresente en nuestras propias existencias, hecho común, extendido, ordenado porque es legítimo y está registrado. Vivimos en un mundo feroz, muy feroz, que canibaliza a sus propios hijos, que hace estragos con ellos, que los destroza literalmente por toneladas con los colmillos de la ley, y nos levantamos cada mañana como si todo esto no existiera. “Ver lo invisible” es el título del informe de la UNFPA: los señores de la ONU se refieren a las mujeres que se encuentran embarazadas sin haber buscado un hijo, pero, por una dramática paradoja, ese título debería referirse ante todo a ese mismo niño. Él es el verdadero invisible, porque los gobiernos, los medios de comunicación, los hombres de la pseudocultura, los lobbies y muchos otros han borrado de la percepción común el largo rastro de sangre de tantos asesinatos con mentiras. Es el verdadero fantasma que, antes de ser borrado de la faz de la tierra por los instrumentos del médico abortista, ya ha sido borrado de nuestra conciencia colectiva, que ignora el océano de sangre en el que navega tranquilamente cada día la barca de la vida de miles de millones de personas.