By Susan Yoshihara, Ph.D.
NUEVA YORK, 24 de julio 2015 (C-Fam)
El modo en el que el Comité de Derechos Humanos de la
ONU llevó a cabo sus actividades la semana pasada indica que hay un plan para
abandonar la neutralidad sobre la cuestión de si el aborto es un derecho
conforme al derecho internacional.
Una maniobra de este tipo fortalecería a las
agrupaciones proabortistas que presionan a las comunidades tradicionales para
que renuncien a la protección de sus niños por nacer e impulsaría los
activistas estadounidenses que intentan revocar las restricciones jurídicas al
aborto en su país.
Al cierre del plazo de las presentaciones para el
debate del comité sobre el derecho a la vida la semana pasada, alrededor de 30
de las 55 contribuciones estaban firmemente a favor de la protección de la vida
humana antes y después del nacimiento, interpretación que muchas naciones han
mantenido desde que el tratado fue negociado. Para el día del debate, un mes
más tarde, el número se duplicó. Prácticamente todos los que llegaron tarde
defendían el aborto y estaban en contra de la interpretación habitual del
tratado.
Los defensores de la vida llegaron a la conclusión de
que el comité rompió sus propias reglas de procedimiento para acomodar o
incluso solicitar la opinión de los partidarios del aborto. Asimismo notaron
que el comité dio a los oradores provida menos tiempo en el recinto que a los
defensores del aborto y solicitó a las agrupaciones proabortistas que
efectuaran comentarios sobre declaraciones provida.
Aunque el debate tenía la intención de recabar
comentarios del público sobre el derecho a la vida en términos más generales,
casi todas las presentaciones estaban relacionadas con el debate sobre el
aborto.
El Consejo de Derechos Humanos ya ha presionado a las
naciones para que liberalicen el aborto valiéndose de diversos artículos del
tratado que está a cargo de supervisar: el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP). La observación general podría formalizar
esa postura, concretamente diciendo que el derecho a la vida incluye el derecho
al aborto.
Estados Unidos está obligado por el PIDCP, el cual
ratificó en 1992. Pese a que el comité carece de autoridad alguna para
reinterpretar el tratado con nuevas obligaciones, y a que las naciones son
libres de desestimar sus opiniones, funcionarios influyentes como la Jueza
Asociada Ruth Bader-Ginsburg consideran esta clase de comentarios como parte de
las «opiniones de la humanidad» que deberían guiar la interpretación del
derecho estadounidense.
La observación general sería útil para llevar a la
Corte Suprema a considerar los casos de aborto como asuntos de no discriminación,
lo cual constituye el contexto para los tratados de derechos humanos de la ONU.
Hasta ahora, la Corte Suprema de los Estados Unidos no ha adoptado esa postura
promovida desde hace mucho tiempo por la Jueza Ginsburg. En su lugar, el
Tribunal sostiene que es una cuestión de privacidad que concierne a las
personas que están embarazadas.
El criterio de Ginsburg, reflejado en los comentarios
de última hora ante el Comité de Derechos Humanos la semana pasada, es que el
aborto es una cuestión de igualdad y no discriminación porque solo las mujeres
pueden quedar embarazadas y por ende es un asunto que afecta a todas las
mujeres todo el tiempo. Al poner límites al aborto, sostienen, las naciones
ponen en peligro las vidas de todas las mujeres ya que el embarazo puede a
veces conducir a la muerte materna.
La observación general es solo el último episodio en
un intento de veinte años de crear el derecho humano al aborto mediante
procedimientos burocráticos de reuniones y comités de la ONU. Ese propósito
hasta el momento fracasó, y en los últimos años los defensores del aborto se
han quejado de haber perdido terreno.
El hecho de que muchas naciones rechacen la polémica
reinterpretación del derecho a la vida hace que la inclusión del aborto en la
observación general arriesgue la credibilidad y la eficacia del Comité de
Derechos Humanos y sea peligrosa para su dirigente burocrático, la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
El comité someterá a consideración un primer proyecto
del documento en una sesión secreta que se denomina «primera lectura». El
público tendrá una posibilidad de efectuar comentarios sobre ella antes de la
segunda lectura del comité.
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano
