DON BOSCO

DON BOSCO
"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

ACdP


Religión en Libertad, 11 de julio de 2018

La Asociación Católica de Propagandistas, propietaria de las universidades y colegios San Pablo-CEU, entre otras obras corporativas, y con un carisma claro de evangelización, por parte de los seglares, de los ámbitos públicos, tiene que elegir un nuevo presidente el próximo 21 de julio. Hay dos candidatos que se disputan la presidencia: Alfonso Bullón de Mendoza, que ganó la primera vuelta de la elecciones celebradas con 111 votos; y Juan Luis Jarillo, con 102 apoyos a su favor.

Religión en Libertad quiere ofrecer el programa y las líneas de acción de los dos candidatos que se disputan la presidencia de la ACdP. Hoy publicamos un extenso diálogo con Alfonso Bullón de Mendoza, ganador en la primera vuelta de las elecciones celebradas el pasado 23 de junio y, en los próximos días, publicaremos una entrevista con Juan Luis Jarillo, actual Secretario General de la Fundación San Pablo CEU.

Alfonso Bullón de Mendoza es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, y ha sido rector de las Universidades Cardenal Herrera de Valencia y San Pablo de Madrid, y posteriormente puso en marcha el Instituto CEU de Estudios Históricos. También fue el primer director del prestigioso Congreso Católicos y Vida Pública.

- El Papa Francisco dice que necesitamos una “Iglesia en salida”. ¿Cómo debería plasmarse ese concepto en la ACdP?

- Creo que es una idea fundamental en la que el santo Padre no ha dejado de insistir en estos últimos años. Y si he entendido bien lo que el Papa quiere decir con esta expresión, lo que está haciendo es un llamamiento para que los católicos dejemos de mirarnos a nosotros mismos para empezar a mirar más a aquellos que están en una situación de necesidad, del tipo que fuere. O como diría también el Papa, estemos menos en la autorreferencialidad y más en la acción evangelizadora.

Una exhortación que para el caso de la ACdP resulta decisiva, pues nuestra Asociación nació a principios del siglo XX justamente para esto, para llevar el mensaje social de la Iglesia al conjunto de la sociedad. Jóvenes congregantes de los Luises, inspirados y animados por el padre Ayala, decidieron salir de sus pequeños círculos y reuniones para llegar a todos los ámbitos de la vida social española. Jóvenes que, literalmente, dejaron sus casas y sus “zonas de confort”, arriesgando muchas cosas, incluso sus vidas, para hacer llegar la propuesta cristiana a todos los sectores de la sociedad, a los más próximos pero también a los más hostiles.

Por eso, para la ACdP ser “Iglesia en salida” no es una cuestión más, es una cuestión decisiva, porque, o es eso, o sencillamente no es nada. Y, sí, la ACdP debe renovarse para volver a ser Iglesia en salida.

 - La ACdP siempre ha tenido un carisma de evangelizar la cultura y los medios de comunicación. En su momento impulsó El Debate, el YA y la BAC, entre otras iniciativas. Ahora, ¿qué debería hacer la ACdP para ayudar a evangelizar a través de los mass-media?

- La importancia de la presencia en el mundo cultural es difícilmente exagerable, como ya planteó Gramsci. Creo que la ACdP debe recuperar su papel en el mundo de los medios aprovechando las facilidades que para ello dan las nuevas tecnologías y el hecho de contar con tres facultades de Ciencias de la Comunicación. Hay que estar presentes en youtube, twitter, facebook, etc., dar más amplitud a iniciativas ya tiene en marcha, como El debate de hoy, un digital dirigido por Justino Sinova, desarrollar nuestra presencia en el mundo de la radio y la televisión por internet, plantearse la posibilidad de coproducir series de televisión, moverse en el mundo de los comics y las publicaciones infantiles…

- La presencia de los católicos en la vida pública es otro de los carismas de la institución fundada por el Padre Ángel Ayala SJ. Sin embargo, los católicos están ausentes o arrinconados en la política en España. ¿Qué puede aportar la ACdP para revertir esta situación?

- El drama de nuestra época no ha sido tanto que no haya habido católicos en política, que los ha habido y aún los hay, como la ausencia de una forma católica de estar en política. El mensaje de la Doctrina Social de la Iglesia consiste precisamente en la convicción de que la vida social y política se ve enriquecida y se vuelve más humana cuando es vista desde una mirada transcendente fundada en el Evangelio. Es más, estoy convencido que en la grave crisis por la que en estos momentos atraviesa no sólo España, sino también Europa e incluso todo Occidente, la presencia católica en la vida política es una cuestión de vida o muerte. Cuando los pueblos olvidan o reniegan de la verdad del hombre, y eso es lo que Cristo nos ha traído, la desgracia está garantizada, como la Historia más reciente se ha empeñado en demostrarnos.


Ciertamente, la gente es libre de acoger el mensaje cristiano o de no acogerlo, pero nosotros los católicos, y más en concreto la ACdP no es “libre” de proponerlo o no proponerlo. Proponer el Evangelio como una luz imprescindible para la vida del hombre es más que una obligación, es nuestra razón de ser. En un contexto, además, donde el pluralismo está dando paso a un monismo de lo políticamente correcto cada vez más asfixiante y cerrado, una presencia católica en la vida pública sería verdaderamente liberadora y enriquecedora. Lo que hace falta es no tener miedo a salir a las plazas públicas de este principio del siglo XXI al igual que hicieron los primeros Propagandistas a principios del XX. Quiero potenciar los congresos Católicos y Vida Pública, que llevamos haciendo cerca de veinte años, y sobre todo las jornadas del mismo nombre, haciendo que se celebren en todas las provincia españolas para hacer presente en la sociedad la vitalidad y energía de los católicos en España.

- Si hoy viviera el Ángel Herrera Oria, figura clave de los Propagandistas, ¿qué cree que haría en la encrucijada en la que se encuentra España?

- Creo que haría lo mismo que hizo en su tiempo, es decir, buscaría a católicos sinceros con deseo de servir a los hombres y mujeres de su tiempo para asociarlos a la gran empresa de llevar el Evangelio a la sociedad. ¿Qué creo que cambiaría? Sin duda los medios.Herrera no desdeñaría los nuevos instrumentos que ahora existen para amplificar su capacidad de comunicación, lo que por cierto nadie como él supo aprovechar en su momento para el bien de España. En suma, creo que sería absolutamente fiel en cuanto a los fines y extraordinariamente pragmático y flexible en cuanto a los medios, buscando siempre en ellos la mayor eficacia.

- A veces se ha dicho que las obras de la ACdP son como una losa que no dejan crecer a esta espiritualidad laical. ¿Qué propone para que la ACdP se pueda expandir y convertirse así en un instrumento de evangelización potente?

- Las obras de la ACdP lejos de ser una losa son un auténtico regalo de Dios. Ahora bien, es un regalo que conlleva una responsabilidad enorme. Que tantos miles de niños y jóvenes pasen por nuestras aulas en colegios y universidades para ser educados por nosotros entraña un desafío de una magnitud extraordinaria. Un desafío para el que sólo cabe una respuesta: es necesario proporcionarles la mejor educación posible. Y cuando hablo de la mejor educación posible no lo digo sólo desde un plano puramente técnico, instrumental, que también. Lo digo fundamentalmente desde un plano humanístico, desde el más escrupuloso respeto a la integridad de lo que es el ser humano, de la naturaleza humana que es razón, libertad y afecto.

El hombre ha sido hecho para la verdad, para el bien y para el amor, y sólo en ellos encuentra su felicidad y cumplimiento. La buena educación es la que sabe que sin estos aspectos esenciales de la vida la educación queda reducida a mero adiestramiento, pero no será desde luego una verdadera tarea educativa a la altura de lo que es el hombre.

- La formación del laicado en la Doctrina Social de la Iglesia también era una seña de identidad de la ACdP, sin embargo, parece que ha perdido fuelle con los años. ¿Con el clima de corrupción que hay en nuestro país, cree que sería una buena contribución al bien común formar seglares en la DSI?

- Me temo que tiene razón cuando en su pregunta afirma que la formación de los laicos para el compromiso social ha perdido fuelle. Es un hecho. Y me temo que no es sólo una cuestión de la ACdP, sino más general. Hay, en efecto, un enorme déficit de formación. Y sin formación no puede existir una forma católica de estar en política o de contribuir a la difusión y realización de la DSI, a la que antes aludíamos. En cierto modo, nuestra tarea podría resumirse en esto: formar, formar y formar. No hay otra alternativa.

- ¿Sigue teniendo hoy sentido el carisma de la ACdP?

- Después de todo lo dicho creo que no puede caber la más mínima duda. Recuerdo oír a uno de nuestros mayores que si la ACdP no existiera habría que inventarla. Gracias a Dios la ACdP existe, no hay que inventarla, lo que hay que hacer es, eso sí, trabajar para su renovación y fortalecimiento. Algo que sólo será posible, y en esto tenemos que ser muy realistas y, por tanto, humildes, más como una gracia y no tanto como resultado de un esfuerzo voluntarista. En nosotros está pedirlo y poner todos los medios naturales y sobrenaturales a nuestro alcance para que Dios favorezca este instrumento, que tan valioso ha sido en la historia de España, para que vuelva a serlo en nuestros días.

ALARMANTE


Holanda: pretenden extraer los órganos a pacientes vivos que aguardan la eutanasia.


Consideraciones éticas y jurídicas del Bioderecho personalista.



Por Carlos Alvarez Cozzi

Informan los portales de noticias digitales que el investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maastricht, Jan Bollen, propone que los médicos puedan extraer los órganos de pacientes vivos que hayan solicitado la eutanasia, legal en países como Bélgica y Holanda, para asegurar los trasplantes. Asegura que los “los órganos frescos mejorarían las posibilidades de que el trasplante tenga éxito”. (http://www.actuall.com/vida/la-donacion-de-organos-un-estimulo-en-holanda-para-pedir-la-eutanasia/)
Este investigador trata de fundamentar en un artículo de la revista científica Journal of Medical Ethics, “que los pacientes que han pedido que les maten pueden ofrecer de la misma manera sus órganos para mejorar su calidad en los trasplantes”.

 

Sin embargo, el reglamento que se aplica sobre los donantes que ya han fallecido, advierte que las donaciones no deben causar o acelerar la muerte de los pacientes. Es por ello que los autores del artículo han pedido la anulación de esta regla, que requiere que un paciente muera de forma natural, de una lesión o enfermedad, antes de que sus órganos vitales puedan ser donados. En estos casos, la muerte se produciría por quitar a los pacientes sus órganos.
Sorprendentemente Bollen, por el contrario, afirma que, dado que el paciente ha decidido pedir la eutanasia no vale la pena esperar el tiempo que va desde que se produce el paro cardíaco hasta que se pueden realizar las “adquisiciones”, ya que este retraso provoca su deterioro. 
Además considera que los pacientes pueden estar motivados a solicitar la eutanasia porque esto les da la oportunidad de ser donantes y ha explicado que “este reglamento no debe ser un obstáculo entre la eutanasia y la donación”, ya que siguen caminos similares, e insta a los médicos a que promocionen “la cosecha en vivo” en lugar de las inyecciones letales.
Este grupo de investigadores sugiere que se realicen cambios en las leyes de eutanasia de sus países para permitir que las personas enfermas, discapacitadas y con enfermedades mentales que quieren morir, opten por la entrega voluntaria de sus órganos.
El artículo concluye con una nota de los autores, en la que afirman que “no es demasiado tarde para que nuestra profesión examine esta nueva ética, y reconozcan lo importante que es para la sociedad humana”.
Además este grupo de investigadores, que aboga por la entrega voluntaria de órganos vitales, afirma que “debemos prepararnos para aplicarlo en un desarrollo racional para el cumplimiento y la mejora de la humanidad”.
De sólo leer estas presuntas apreciaciones científicas se nos eriza la piel. A qué grado de deshumanización y de cultura de la desvinculación se ha llegado en algunos científicos!!! La eutanasia y la muerte asistida ya es por sí mismo un procedimiento objetable desde el punto de vista ético, médico y jurídico, porque dispone de la vida humana no en forma natural. Pero ahora se agrega el agravante que se pretenden extraer órganos en vida del paciente que ha solicitado la muerte asistida, como forma de optimizar la extracción y la conservación de los órganos a trasplantar a otras personas!!!. La vida disponible al máximo, al arbitrio de la medicina y de la ciencia, considerando como medios a las personas que siempre son fines en sí mismas!!!.

El Bioderecho personalista rechaza este tipo de propuestas legislativas que acentuarían la gravedad que “per se” tiene la eutanasia en los Derechos que la autorizan, para dar un paso más y tomar a quien solicita el suicidio asistido como un donante en vivo de órganos, a quien se les puede sacar los mismos con el cuerpo vivo y caliente en lugar de tener que esperar su deceso como la normativa actual establece!.

Notoriamente para algunos parecen no existir límites y quieren seguir actuando como si fueran dioses, decidiendo a quién se le puede mutilar en vivo, fundados en que el mismo ha solicitado el suicidio asistido. La persona que pide el suicidio asistido en los países que lo autoriza, también tiene su dignidad humana y esta propuesta la ignora rotundamente. Esperemos que Holanda y Bélgica no ahonden más el drama del suicido asistido, que ya está incluso legalizado para menores de edad.

NO DONANTES



Más de 1 millón de argentinos dijeron "No" a la donación de órganos


Pablo Mannino
La Nación, 4 de julio de 2018 

Las campañas de concientización han sido un gran motor para la donación de órganos en el país. Sin embargo, no siempre alcanzaron. De hecho, en la Argentina, desde que se puso en vigencia en 2006 la Ley de Donante Presunto, sólo manifestaron formalmente su voluntad en favor de esta decisión altruista 3 millones de ciudadanos (3.066.834). Por tal motivo, la nueva Ley Justina, que acaba de sancionar el Congreso Nacional, viene a dejar en claro que todos los ciudadanos de esta tierra mayores de 18 años son donantes, salvo que manifiesten su oposición en vida.
Ante esta realidad, de ahora en más, y de acuerdo al Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación del Incucai al que accedió LA NACION, está la otra cara del deseo: hoy en el país son más de 1 millón (1.058.578) las personas que le dicen "no" a la donación de órganos.

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Mendoza lideran la lista. Es más, en tan sólo tres años, una década después de la puesta en marcha de la normativa inicial, se duplicó la cifra, ya que poco más de medio millón de argentinos había manifestado la negativa en 2015. En tanto, ese año, fueron 2,5 millones los argentinos que dejaron registrada su voluntad a favor de la donación, por lo que el crecimiento de la actitud positiva formal fue menor. Esta información obtenida por este diario puede consultarse en la web del organismo, en el área del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (Sintra).
Así las cosas, mientras se celebra el avance en pos de dar vida y del sentido común de la política frente a esta realidad de salud pública, hay argentinos que no se muestran conformes con la normativa que acaba de aprobar por unanimidad el Congreso Nacional. Uno de los principales motivos, que periódicamente intenta ser desechado por las autoridades, tiene que ver con los mitos y temores que aún persisten en la población sobre el proceso de ablación. La desconfianza en las instituciones es otra de las barreras, según explican los especialistas. De hecho, las autoridades nacionales siempre apuestan a que cada vez más ciudadanos y hospitales se comprometan con la causa. Por eso, la Ley Justina viene a dar una mano en ese sentido.

Sin embargo, quienes no están de acuerdo con esta medida, tienen la posibilidad de expresarlo formalmente antes las autoridades pertinentes por diferentes vías, mediante un documento personal y formal enviado al Estado.

Quien desee expresar su voluntad debe acudir a las oficinas del Incucai (Ramsay 2250, ciudad de Buenos Aires) o llamar al 4788-8300 o a la línea gratuita: 0800-555-4628, o bien a las sedes provinciales. También se puede realizar el pedido a través de la página web del organismo, llenando una ficha de inscripción, o enviar un telegrama gratuito a través del Correo Argentino.

Cómo se puede efectuar la manifestación:
En el Incucai u Organismos Jurisdiccionales, firmando un acta de expresión.
En las oficinas del Registro Civil, asentándolo en el DNI.
En la sección Documentación de la Policía Federal, firmando un acta de expresión.
Por medio de carta documento o telegrama expedido de manera gratuita a través del Correo Argentino (sólo para quienes desean manifestar su oposición).

DONANTES


Los mayores de 18 años serán donantes de órganos, salvo que se hayan opuesto

Fabiola Czubaj
La Nación, 5 de julio de 2018 

Por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó ayer la nueva ley de trasplante. De pie, los legisladores aplaudieron al final de una sesión cargada de discursos emotivos. En el recinto, siguieron el debate los padres de Justina Lo Cane, la chica de 12 años que murió el año pasado a la espera de un corazón.

El texto, que reemplaza la ley 24.193 y que el Senado había aprobado el 30 de mayo, ayer no tuvo cambios. Los especialistas coinciden en que moderniza y agiliza el sistema de procuración, ablación y trasplante de órganos y tejidos .
Promueve la autosuficiencia del sistema. La nueva norma establece que todos los mayores de 18 años son donantes, salvo que hayan manifestado su voluntad de no serlo. La ley anterior obligaba a los profesionales a cargo de la procuración a consultar a la familia sobre la voluntad del presunto donante. A partir de ahora, si la persona no expresó su negativa, el médico deberá verificar la voluntad según un protocolo que definirá la reglamentación de la ley.

"La ablación de órganos puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos", se lee en el artículo 33 de la flamante ley. Y agrega que, en el caso de no encontrarse esa manifestación en un registro del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), "el profesional a cargo del proceso de donación debe verificar la misma conforme lo determine la reglamentación".

Al eliminar el artículo 21 de la ley derogada, los familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad ya no deberán dar testimonio de la voluntad sobre la ablación de órganos o tejidos del potencial donante en el caso de muerte natural. Eso se consideraba un consentimiento presunto atenuado. Con el cambio, dependerá de la reglamentación del artículo 33 si se mantiene ese enfoque o se avanza hacia la figura de un donante presunto "duro".

Cómo cambia el trámite de donación de órganos tras la Ley Justina 4:30

Ayer, desde el Incucai aclararon al respecto ante la consulta de LA NACION que "se convocará a todas las organizaciones y sociedades científicas relacionadas con la donación y el trasplante de órganos y tejidos para que la reglamentación sea lo más efectiva y eficiente posible".

En el caso de los chicos y los adolescentes, la nueva norma determina que bastará la autorización de ambos padres o del que esté presente o el representante legal para proceder a la donación. Pero "la oposición de uno de los padres elimina la posibilidad de llevar adelante" el procedimiento. Si ninguno estuviera disponible en ese momento, habrá que notificar al Ministerio Pupilar "para autorizar la ablación".

Tras la votación en el Senado en mayo pasado, la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT), la entidad científica que reúne a los médicos trasplantólogos, envió una carta a las autoridades del Incucai para expresar su desacuerdo con la eliminación de la consulta final a la familia del presunto donante.

Ayer, desde Madrid, donde se anunció que la Argentina será la sede del Congreso Mundial de Trasplante en 2022, el presidente de la SAT, Carlos Díaz, dijo a LA NACION tras la aprobación de la ley: "Ante la contundencia de la votación, como especialista en trasplantes y en contacto con pacientes que están en lista de espera, no hay otra opinión que dar que confiar en que todas las normas que se dicten permitan que la población tenga más accesibilidad al trasplante. Confío en que en la nueva etapa que se abre, el Incucai nos invite a participar de la reglamentación".

El profesional destacó que varios diputados hayan señalado que hacen falta recursos y las responsabilidades del Estado para que la nueva norma se transforme en más procedimientos. En lo que va del año, según las estadísticas del Incucai, hubo 285 donantes reales (personas que fallecieron y se pudo completar el proceso), 689 trasplantes de órganos y 466 de córneas. Hay 7734 personas que están en lista de espera de un órgano y 2944, de córneas. Más de 3 millones de argentinos mayores de 18 expresaron su voluntad de donar, de acuerdo con los registros del Incucai.

 La madre de Justina, muy emocionada en el momento de la votación en Diputados La madre de Justina, muy emocionada en el momento de la votación en Diputados Crédito: Gustavo García / HCDN
La ley concede también la posibilidad de limitar la voluntad de donar ciertos órganos y tejidos ya sea para trasplante o investigación. Si no, se dará por sentado que la voluntad de donar alcanza a todos los órganos y tejidos, y para ambos fines.

La expresión de la voluntad se puede revocar en cualquier momento y se podrá manifestar en el Incucai ( www.argentina.gob.ar/salud/incucai), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), los registros de estado civil y capacidad, los centros de salud públicos y privados en las provincias y las oficinas del Correo Argentino, como lo determinará la reglamentación de la norma.

En los 74 artículos de la ley, que concentra cinco propuestas, una de las cuales había impulsado la familia Lo Cane, se incorporan principios bioéticos que protegen a los donantes y los receptores.

También, prevé la donación cruzada (entre dos parejas de donante/receptor no relacionadas, pero compatibles) para los trasplantes de riñón sin intervención judicial y obliga a los profesionales a notificar al Incucai la indicación de diálisis o trasplante renal. Además promueve la creación de servicios de procuración en los centros de salud.

Con la colaboración de Laura Serra

ANTICONCEPCIÓN



Mons. Hounder sobre la Humanae Vitae: «Todos los temores expresados por Pablo VI se han cumplido»

(Life Site News/InfoCatólica), 4-7-18

El obispo, de 75 años de edad, asegura que el texto es profético «porque todos los temores expresados por Pablo VI se han cumplido». El Papa, con razón, estaba especialmente preocupado por la «desestabilización del matrimonio y la familia» como resultado del uso masivo de anticonceptivos y la «separación de la sexualidad de la procreación».

Mons Huonder menciona las preocupaciones del Papa Montini: «los hombres ya no respetarían a las mujeres como personas, sino que las verían en gran medida como objetos para su propia realización»; también aumentaría el peligro de la intrusión gubernamental en la libertad de los padres, y el uso de la anticoncepción como una «herramienta de presión con respecto a las políticas de población [restrictivas]».

El obispo concluye: «Todas estas predicciones del Papa han tenido lugar».

La «separación de la sexualidad de la procreación» ha llevado, a los ojos de este prelado suizo, no solo a una «sexualidad sin procreación», sino también a una «procreación sin sexualidad», por la cual «las tecnologías reproductivas están descartando innumerables embriones. Destruyen la vida de los niños en la primera fase de su vida».

Cultura de la muerte

El obispo Huonder agrega: «La anticoncepción es parte de la cultura de la muerte sobre la que habló una y otra vez el Papa Juan Pablo II». Por lo tanto, ve la necesidad de «mostrar, haciendo referencia a la encíclica Humanae Vitae, cómo la Iglesia ve el orden de la creación».

El prelado suizo advierte que «el libertinaje sexual ya en la juventud impide su maduración personal». «La desestabilización de los matrimonios y, con ella, de las familias se ha incrementado fuertemente», agrega, y dice que, como consecuencia, aparece «el miedo a la unión y la incapacidad de tomar compromisos obligatorios».

Con respecto a la muerte del feto en el útero, el obispo Huonder aclara que «los abortos no se pueden combatir de manera efectiva con la ayuda de anticonceptivos» y agregó que «el límite entre el aborto y la anticoncepción se ha vuelto fluido. Algunos anticonceptivos también tienen el efecto de un aborto temprano [y por lo tanto son abortivos]».

Además, el Obispo Huonder advierte que los efectos de esta mentalidad y práctica anticonceptiva en Europa han llevado a una situación demográfica drástica: «La situación demográfica es, entretanto, una cuestión de gran preocupación. Los europeos ya no logran el reemplazo generacional. Se han convertido en sociedades moribundas».

Planificación natural, no siempre justificada

En cuanto a la planificación familiar natural que, bajo ciertas condiciones, está permitida por la Iglesia, el obispo Huonder insiste en que, «para ser permisible, debe haber razones justificadas». También la planificación familiar natural puede ser objeto de abuso por una mentalidad anticonceptiva. «Este asunto tiene mucho que ver con la autodisciplina y el carácter» . Al final de su guía pastoral, el obispo Huonder dice:

«¡Queridos hermanos y hermanas! El espíritu cristiano solo puede desarrollarse en las familias si, en el matrimonio y la familia, aprendemos nuevamente a respetar plenamente el orden de la creación. Tomemos en serio la verdad que contiene la encíclica Humanae Vitae. Eso será una bendición para las parejas casadas y las familias, para la Iglesia y para nuestra sociedad».

ABORTO



 el Estado no puede apartarse del bien común público

Macarena Alurralde
Infobae, 3 de julio de 2018

Este medio publicó hace unos días un artículo, "La criminalización del aborto fracasó", de Humberto Schiavoni. El autor inicia la exposición con la afirmación: "Los abortos ocurren, más allá de lo que diga la ley. Y suelen ocurrir de la peor manera: en la clandestinidad, con total ausencia de condiciones razonables de higiene y salubridad y bajo el temor de una actitud punitiva por parte del Estado. No podemos desviar la mirada ante esta realidad cruel y perversa, que provoca enormes sufrimientos en las mujeres, muchas de las cuales quedan en el camino justamente por la imposibilidad de acceder a una práctica segura y legal".

Siguiendo esa misma línea de pensamiento, podría decirse que los robos, los hurtos y las violaciones ocurren, más allá de lo que diga la ley. Y también suelen ocurrir de la peor manera, en la clandestinidad, con ausencia de condiciones razonables de seguridad, tanto para el autor del hecho como para la víctima, toda vez que el temor a la respuesta punitiva del Estado incrementa la violencia y pone en riesgo la vida de víctima y victimario. No podemos desviar la mirada ante estas realidades, que también son crueles y perversas, y provocan enormes sufrimientos, no solo a las mujeres sino también a los hombres de este país.

Me pregunto: ¿Debe el Estado convalidar estos hechos aberrantes sancionando leyes que permitan que se menoscaben los derechos en forma segura? ¿Será entonces que la modernidad invita al Estado a regular jurídicamente las condiciones dignas para que el ladrón con arma de fuego lleve adelante su deseo, sin cargar con las indeseadas preocupaciones de que la policía lo reprenda y la Justicia lo sancione? Todo lo contrario. El Estado debe desenvolver su actividad buscando alcanzar el bien común público. Ese bien común, como su nombre lo indica, comprende a todos, vale decir, no ampara a algunos y olvida a otros. Con ese objetivo se creó nuestro ordenamiento jurídico y con ese mismo objetivo debiera seguir modificándose en la actualidad.

En la Constitución Nacional de 1853-60, los constituyentes detallaron el conjunto de derechos que cada uno de los habitantes del país tendría. Así, el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, a trabajar, entre muchos otros. Como consecuencia de ello, anhelando la unión nacional, las provincias preexistentes cedieron competencias a la nación para que regule determinadas materias de manera uniforme para todo el territorio nacional, y se reservaron otras para su autonomía local. Esta cuestión es importante a la hora de analizar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo toda vez que habrá que federalizar el proyecto para evitar menoscabar las autonomías provinciales.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, que las provincias delegaron en la nación, el Congreso de la Nación dictó para todo el país el Código Penal, cuerpo que protege los derechos, reconocidos por la Constitución Nacional. En él se tipifican como delito las conductas que atentan contra esos derechos y se establecen las correlativas sanciones para quien las comete.


Ahora bien, si la Constitución Nacional consagra el derecho a la propiedad, ¿podría el Congreso de la Nación dictar una norma que regule las condiciones mínimas de seguridad en las que los robos y los hurtos deben llevarse a cabo? Por supuesto que no. Por el contrario, debe proteger el derecho de propiedad y sancionar toda conducta que lo violente. De la misma manera, si la Constitución Nacional protege el derecho a la vida, ¿podría el Congreso de la Nación dictar una ley que regule las condiciones mínimas de seguridad en las que dicho derecho sea desconocido? Evidentemente, no. Tendrá que proteger el derecho a la vida, de todos, y deberá sancionar las conductas que lo vulneren.

Lo que hace el Código Penal es justamente trazar un límite entre aquellas conductas que están permitidas y aquellas que no lo están, sancionando a sus autores. Pero esa selección no es arbitraria, sino todo lo contrario, es fruto de una meticulosa labor llevada adelante por el legislador, mediante la cual se protegen cada uno de los derechos que la Constitución Nacional manda a resguardar. Pero cuando las conductas infringen esos límites, el ius puniendi del Estado se hace presente, y lo hace con cuatro tipo diferentes de sanciones: prisión, reclusión, multa e inhabilitación. Cada conducta tendrá la sanción que corresponda, según la magnitud del derecho menoscabado.

Es importante diferenciar conceptos: una cosa es identificar una acción delictiva, porque vulnera un derecho, y otra muy distinta es establecer qué sanción recae sobre el sujeto que comete la acción. Como vimos, existen hoy diferentes sanciones y no todos los delitos se castigan con prisión. Si la realidad demuestra que una acción delictiva —como puede ser en este caso el aborto— se encuentra regulada en el Código Penal con una sanción inadecuada —en este caso prisión para la mujer— que no se ajusta al objetivo tenido en miras a la hora de proteger el derecho involucrado, pues los legisladores deberán rever esa sanción. 
A ellos compete esa decisión de política criminal y son ellos quienes tendrán que modificarla, llegado el caso si así lo consideran, estableciendo las pautas adecuadas para que el juez, con la sana crítica, aplique al caso concreto la sanción que corresponda, que no necesariamente debe ser la de prisión en todos los casos, ya que, como vimos, existen otro tipo de sanciones. Y si ninguna de las sanciones previstas resulta adecuada para contemplar la situación de muchas mujeres que en el contexto actual se encuentran en condiciones graves de vulnerabilidad, pues tendrán los legisladores que diagramar nuevas respuestas, nuevas sanciones, que demuestren el compromiso del Estado con esta lamentable realidad.

La protección de la mujer, que en muchos casos es víctima de múltiples circunstancias que la colocan en una posición indeseada, y que todos debemos visibilizar y ayudar a resguardar, no puede ser justificativo para transformar una acción delictiva en un derecho subjetivo que debe ser garantizado por del Estado.

La causa y fin de la existencia del Estado es el bien común, el bien de todos, y no solo el de nosotras, las mujeres. Vivir en comunidad y desear la pacífica convivencia exige que exista un ordenamiento jurídico que armonice todos los derechos fundamentales que deben respetarse para que sea posible la vida en sociedad, y posicione a las acciones delictivas en su justo lugar: al margen de la ley. Si tenemos en claro que abortar es eliminar una vida, es un delito, no dejará de serlo por el hecho de que la sociedad pretenda que la mujer no deba ser sancionada con pena de prisión.

Debemos tener en claro estos conceptos, ya que en los últimos días se ha hablado de "despenalizar", de "legalizar" el aborto y, como vemos, no implican lo mismo. Por supuesto que hay que revisar las sanciones que correspondan a cada una de los personas que intervienen en una práctica de aborto, y para ello el Estado debería presentar de manera inminente nuevos proyectos de ley que tiendan a dar la respuesta adecuada y justa para la situación, atendiendo en particular a las mujeres que se encuentran en condiciones de grave vulnerabilidad. Pero es evidente que el proyecto actual, y que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, no atiende esa necesidad. Hago referencia a nuevos proyectos, porque si la Cámara de Senadores introduce modificaciones al proyecto actual, posteriormente la Cámara de Diputados podrá insistir con el proyecto original votando con mayoría agravada.

El proyecto que hoy se analiza establece que el aborto ya no constituye una acción delictiva, y que este podrá ser llevado adelante, incluso hasta el momento antes del nacimiento, invocando diferentes causales, sin importar cuáles sean las condiciones en que se encuentre la mujer que decida abortar.  Y todo ello a cargo del Estado, que deberá soportar económicamente tales prácticas, en tanto se erige a la interrupción voluntaria del embarazo en un verdadero derecho subjetivo que prácticamente no está sujeto a ninguna clase de limitaciones.

No nos dejemos confundir. Son muchos los que utilizan discursos conmovedores y se aferran a situaciones de desprotección e injusticia para lograr el objetivo de hacer creer a la opinión pública que el aborto debe ser una acción permitida, libre y solventada económicamente por nuestros impuestos, limitada solamente por la voluntad arbitraria de una persona. Toda la sociedad argentina desea fervientemente que no haya situaciones de desprotección y de injusticia, para ningún habitante, para ninguna mujer.  Pero tampoco queremos que con ese estandarte se consiga someter el derecho a la vida de otro ser humano a la decisión unilateral de una persona: interrupción voluntaria del embarazo.

El argumento esbozado en la publicación que comento, aquel que afirma que los abortos ocurren, que no podemos desviar la mirada, que hay sufrimiento de por medio, no puede ser fundamento para alterar el equilibro de nuestro ordenamiento jurídico y la valoración que este hace del derecho a la vida. Señores legisladores, ustedes tienen una importante misión.

En nuestro sistema republicano de gobierno, el poder se encuentra dividido en tres funciones. Quienes tienen la responsabilidad de legislar, el Poder Legislativo, deben establecer normas de carácter general, que regulen y reglamenten razonablemente los derechos de todos los habitantes del país. El Poder Ejecutivo debe administrar y el Poder Judicial deberá resolver los conflictos con fuerza de verdad legal. Serán los jueces los que ponderen las normas generales y harán de la equidad, la perfección de la justica, cuando resuelvan el caso concreto. Los tres poderes actúan y fundamentan su ejercicio conforme la Constitución Nacional, de la cual no pueden apartarse.

Al analizar la ley denominada de interrupción voluntaria del embarazo, los legisladores deben ejercer la función legislativa, vale decir, tendrán que dictar la adecuada norma de carácter general que resguarde razonablemente los derechos de todos los habitantes. Y deben dejar que sean los jueces quienes, siguiendo los parámetros generales, analicen los casos concretos en donde las particularidades de cada situación, de cada mujer, darán lugar a la respuesta adecuada del Estado. Pero no pueden los legisladores extralimitarse en el ejercicio de sus funciones y condicionar con dicho comportamiento el ejercicio de la función administrativa que corresponde al Poder Ejecutivo. La Constitución Nacional obliga a dicho poder del Estado a respetar el derecho a la vida desde la concepción, y ninguna ley del Congreso de la Nación puede alterar esta situación, no puede relevar al Poder Ejecutivo de que él también vele por el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional.

Señores legisladores, con mi mayor respeto hacia el rol que ustedes ocupan en la actualidad, y sabiendo que desempeñan un papel fundamental en el diseño normativo para la ejecución de políticas públicas, es que les solicito humildemente que respeten la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, y los principios y los derechos allí establecidos. La jerarquía de normas existe, el bloque de constitucionalidad federal protege la vida en Argentina desde la concepción, y si ustedes no resguardan esto, que es lo más sagrado que una comunidad organizada puede tener, entonces sí estaremos perdidos.

La seguridad jurídica debe respetarse día a día para alcanzar la confianza necesaria en cualquier Estado de derecho. Si ustedes emiten normas flexibles y que convaliden prácticas injustas, lograrán como resultado una sociedad más laxa y olvidada de los valores esenciales, tales como el respeto por la dignidad del otro, por su derecho a la vida. La evolución del Estado constitucional de derecho actual nos impide permanecer indiferentes frente al contenido material de una ley. Todas y cada una de las normas debe ser dictada conforme el conjunto de principios y valores que constituyen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por favor, no volvamos a aquellas épocas en las cuales bajo forma de ley se cometieron las mayores atrocidades contra la vida humana, tales como la esclavitud o el exterminio de un sector de la sociedad conforme las valoraciones del poder de turno.

La autora es abogada. Magíster en Derecho Administrativo. Estudiante de Derecho Constitucional Profundizado.

CONGRESO


 “Los derechos humanos a la luz de la doctrina social de la Iglesia”

La República (Santo Domingo), 30 de junio de 2018

Con el propósito de analizar el rol de los laicos en el acontecer social y la defensa de los derechos humanos, el Grupo Santo Tomás Moro, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el Arzobispado de Santo Domingo, la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), y la Unión Nacional de Instituciones Laicales Católicas (UNILCA) celebraron el “III Congreso Laicos en la Vida Pública”.

El acto contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño; el padre Alfredo de la Cruz Baldera, rector de la PUCMM; monseñor Francisco Ozoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, quien ofreció las palabras de bienvenida; monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros y presidente del Grupo Santo Tomás Moro; José Armando Tavarez, rector de ITLA y director ejecutivo del Grupo Santo Tomás Moro.

La conferencia magistral “Derechos Humanos en el magisterio de la Iglesia”, estuvo a cargo del doctor Guzmán Carriquiry, vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

La actividad también contó con las ponencias de monseñor De la Rosa y Carpio, quien impartió la conferencia “La Iglesia dominicana y su defensa de los derechos humanos”; doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, quien tuvo a cargo la disertación “La Constitución Dominicana, los derechos humanos y el humanismo cristiano”; y el doctor Pelegrín Castillo, vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista, con la conferencia “La Constitución Dominicana y la función social de la propiedad”.

El evento se llevó a cabo el viernes 29 de junio de 2018 en el Auditorio I de la PUCMM.