SOBRE EUTANASIA
NOTIVIDA, Año XXI,
Nº 1301, 21 de septiembre de 2022
El proyecto
ingresado en la última semana regula el “derecho a acceder a la muerte
voluntaria médicamente asistida” y se suma a los expedientes que estudia la
comisión de salud.
La iniciativa
(expte. 4855-D-2022) es de la autoría de Mara Brawer y está cofirmada por sus
compañeros de bloque: Daniel Gollán, Pablo Carro, Hugo Yasky, Claudia Ormachea,
Carolina Gaillard, Ma. Rosa Martínez, Susana Landriscini, Itaí Hagman y
Lisandro Bormioli.
Como todos los
proyectos de eutanasia se funda en una pretendida autonomía de la voluntad.
Garantiza la
eutanasia a las personas mayores de 18 años que, “a causa de una enfermedad
grave e incurable, de una lesión, o de un padecimiento crónico grave,
progresivo e imposibilitante, estén sufriendo intensos dolores o padecimientos
psíquicos, o una condición de gran dependencia y disminución de su integridad, que
a juicio de la persona resulten indignos o intolerables”. Es decir, las
condiciones para la eutanasia terminan siendo subjetivas y dependen de la
percepción que tenga el paciente de su sufrimiento.
En caso de
incapacidad para consentir o expresar el consentimiento, sólo se podrá aplicar
la eutanasia al paciente que hubiera suscripto directivas anticipadas.
Objeción de
conciencia: en similitud con los casos de aborto, el profesional que no esté
dispuesto a matar a su paciente, deberá derivarlo “sin dilaciones”. Lo mismo el
centro de salud que no cuente con personal que practique la eutanasia. El
incumplimiento de esto “dará lugar a sanciones disciplinarias, administrativas,
penales y/o civiles”.
Los objetores de
conciencia “se abstendrán de emitir algún juicio valorativo de carácter
religioso, ideológico o personal” y de intentar persuadir al paciente “con
cualquier doctrina religiosa, ideológica o estrictamente personal” tratando de
evitar la eutanasia.
La ley sería de
orden público, con “aplicación obligatoria en todo territorio de la República
Argentina”, cosa que no pasa con la Ley 27.678, de Cuidados paliativos
(publicada en el BO hace un par de meses y aún sin reglamentar) que le deja a
las provincias la posibilidad de adherir o no.
