Consiguen trabajo para escapar de la droga
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación incorporará a más de 400 vecinos de la ciudad de Córdoba en planes de empleo concretos. Se trata de un capítulo más de una extensa batalla judicial iniciada en 2006 por más de cinco mil cordobeses que presentaron un amparo masivo solicitando a la Nación “medidas concretas” para contrarrestar la droga.
Se referían, en especial, a planes de capacitación y trabajo para los jóvenes de los barrios donde la droga se ha instalado, además de un plan específico y coordinado para buscar y reprimir a los narcotraficantes.
En diciembre pasado, en uno de sus últimos dictámenes antes de renunciar, la entonces jueza federal Nº 3, Cristina Garzón de Lascano, ordenó a la Nación que elaborara planes de trabajo para incluir a 535 vecinos de la ciudad de Córdoba, en repuesta a una medida cautelar solicitada por el abogado Aurelio García Elorrio, que patrocina a los amparistas.
Estos vecinos habían pedido que se elaboraran planes de trabajo concretos, “para que los chicos y jóvenes comprueben que existe otra posibilidad antes que la venta (de estupefacientes) al menudeo”.
Mientras se resolvía el amparo masivo, los vecinos presentaron una medida cautelar. En el fallo sobre este último planteo, Garzón de Lascano asentó que los amparistas “se encontrarían amenazados, y el peligro en la demora resulta de la difícil situación económica que atraviesan sus familias, con lo que quedaría evidenciado que las medidas adoptadas a la fecha, tendientes a salvaguardarlos, resultarían insuficientes”.
En las últimas horas, desde el Ministerio se respondió de manera positiva a la demanda de los vecinos, ya que se resolvió incluir a los amparistas en el Programa de Empleo Comunitario, “que tiene por objeto afrontar situaciones locales transitorias de emergencia ocupacional y promover la participación de trabajadores desocupados en proyectos que mejoren su empleabilidad y faciliten su inserción laboral”.
Dentro de este programa, los amparistas beneficiados podrán optar por adherir al “seguro de capacitación y empleo” o al “Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo”.
El primero prevé, entre otros puntos, que los desocupados puedan insertarse en planes de terminalidad educativa, de formación, de entrenamiento para el trabajo, de orientación y apoyo a la búsqueda de empleo, de inserción laboral y/o la ejecución de un emprendimiento independiente. En tanto, el segundo programa tiene la finalidad de que jóvenes de entre 18 y 24 años puedan terminar sus estudios obligatorios y realizar otros cursos de formación.
Del total de los beneficiarios, 230 vecinos podrán optar por alguna de estas alternativas, mientras que otros 180 que perciben algún plan social deberán evaluar si adhieren a estos programas. En tanto, por lo menos otros 30 amparistas no se acogerían a ninguno de estos beneficios por haber conseguido empleo en el lapso en el que se decidía esta cuestión.
García Elorrio se mostró satisfecho con la respuesta del Estado nacional. “Han mostrado una buena predisposición para con los amparistas”, evaluó el abogado.
Contra el narcotráfico. En la otra parte del amparo masivo, los vecinos advierten que la Policía cordobesa habría “abdicado” en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, por lo que solicitaron al Gobierno nacional que intervenga en la provincia con sus fuerzas de seguridad para detectar a los narcotraficantes que muevan más volumen de droga y dinero. En ese sentido, en octubre de 2007 uno de los amparistas presentó otra medida cautelar, a los que la jueza dio lugar.
Sin embargo, la Nación apeló y en agosto de 2009 la Cámara Federal resolvió dejarla sin efecto.
El fallo ordenó a la jueza citar al gobernador de la Provincia para explicar a la Justicia qué planes concretos desarrollaba contra el narcotráfico. García Elorrio apeló la resolución de la Cámara Federal y ahora la Corte Suprema de la Nación deberá decidir si hace lugar o no a la cautelar.
La Voz del Interior, 27-9-10
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación incorporará a más de 400 vecinos de la ciudad de Córdoba en planes de empleo concretos. Se trata de un capítulo más de una extensa batalla judicial iniciada en 2006 por más de cinco mil cordobeses que presentaron un amparo masivo solicitando a la Nación “medidas concretas” para contrarrestar la droga.
Se referían, en especial, a planes de capacitación y trabajo para los jóvenes de los barrios donde la droga se ha instalado, además de un plan específico y coordinado para buscar y reprimir a los narcotraficantes.
En diciembre pasado, en uno de sus últimos dictámenes antes de renunciar, la entonces jueza federal Nº 3, Cristina Garzón de Lascano, ordenó a la Nación que elaborara planes de trabajo para incluir a 535 vecinos de la ciudad de Córdoba, en repuesta a una medida cautelar solicitada por el abogado Aurelio García Elorrio, que patrocina a los amparistas.
Estos vecinos habían pedido que se elaboraran planes de trabajo concretos, “para que los chicos y jóvenes comprueben que existe otra posibilidad antes que la venta (de estupefacientes) al menudeo”.
Mientras se resolvía el amparo masivo, los vecinos presentaron una medida cautelar. En el fallo sobre este último planteo, Garzón de Lascano asentó que los amparistas “se encontrarían amenazados, y el peligro en la demora resulta de la difícil situación económica que atraviesan sus familias, con lo que quedaría evidenciado que las medidas adoptadas a la fecha, tendientes a salvaguardarlos, resultarían insuficientes”.
En las últimas horas, desde el Ministerio se respondió de manera positiva a la demanda de los vecinos, ya que se resolvió incluir a los amparistas en el Programa de Empleo Comunitario, “que tiene por objeto afrontar situaciones locales transitorias de emergencia ocupacional y promover la participación de trabajadores desocupados en proyectos que mejoren su empleabilidad y faciliten su inserción laboral”.
Dentro de este programa, los amparistas beneficiados podrán optar por adherir al “seguro de capacitación y empleo” o al “Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo”.
El primero prevé, entre otros puntos, que los desocupados puedan insertarse en planes de terminalidad educativa, de formación, de entrenamiento para el trabajo, de orientación y apoyo a la búsqueda de empleo, de inserción laboral y/o la ejecución de un emprendimiento independiente. En tanto, el segundo programa tiene la finalidad de que jóvenes de entre 18 y 24 años puedan terminar sus estudios obligatorios y realizar otros cursos de formación.
Del total de los beneficiarios, 230 vecinos podrán optar por alguna de estas alternativas, mientras que otros 180 que perciben algún plan social deberán evaluar si adhieren a estos programas. En tanto, por lo menos otros 30 amparistas no se acogerían a ninguno de estos beneficios por haber conseguido empleo en el lapso en el que se decidía esta cuestión.
García Elorrio se mostró satisfecho con la respuesta del Estado nacional. “Han mostrado una buena predisposición para con los amparistas”, evaluó el abogado.
Contra el narcotráfico. En la otra parte del amparo masivo, los vecinos advierten que la Policía cordobesa habría “abdicado” en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, por lo que solicitaron al Gobierno nacional que intervenga en la provincia con sus fuerzas de seguridad para detectar a los narcotraficantes que muevan más volumen de droga y dinero. En ese sentido, en octubre de 2007 uno de los amparistas presentó otra medida cautelar, a los que la jueza dio lugar.
Sin embargo, la Nación apeló y en agosto de 2009 la Cámara Federal resolvió dejarla sin efecto.
El fallo ordenó a la jueza citar al gobernador de la Provincia para explicar a la Justicia qué planes concretos desarrollaba contra el narcotráfico. García Elorrio apeló la resolución de la Cámara Federal y ahora la Corte Suprema de la Nación deberá decidir si hace lugar o no a la cautelar.
La Voz del Interior, 27-9-10
