por una línea 0800 de atención a embarazadas
en situación de vulnerabilidad
Claudia Peiró
Infobae, 023
“Línea
antiderechos 0800 VIDA”, “línea antiaborto en CABA”; “avanzada antiderechos”:
son algunos de los calificativos que organizaciones abortistas lanzaron contra
una iniciativa de protección a la maternidad vulnerable.
Cuando Alberto
Fernández decidió, en plena pandemia, impulsar la legalización del aborto,
presentó en simultáneo otra ley, la N°27.611, de Atención y Cuidado Integral de
la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, llamada de los 1000 días,
en referencia al período en el cual se concentrarían los cuidados previstos
para las madres y sus hijos hasta los 3 años. Fue una suerte de doble discurso,
un suavizante para tranquilizar las conciencias de los legisladores remisos a
legalizar el aborto. Ambas leyes fueron aprobadas al mismo tiempo, en diciembre
de 2020.
En ese marco,
Cynthia Hotton, presidente del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires
desde fines de febrero pasado, firmó un convenio de colaboración con el
ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, para, en articulación con la Red
Nacional de Acompañamiento a la Mujer Embarazada, promover en los hospitales públicos
de la Ciudad la línea telefónica de contención 0800-333-1148 (VIDA) desde la
cual se lleva adelante una política de acompañamiento emocional y
personalizado, psicológico, espiritual y legal, para aquellas mujeres que
transiten un embarazo vulnerable o inesperado.
El convenio apunta
a fomentar “acciones concretas de difusión, promoción y divulgación bajo el
marco normativo de la ley nacional 27.611 de atención y cuidado integral de la
salud durante el embarazo y la primera infancia”.
La mejor prueba de
la hipocresía contenida en la decisión de impulsar en paralelo la legalización
del aborto y la Ley de los 1000 días es que la primera norma es militada con
ahínco por las mismas ONGs que ahora ponen el grito en el cielo ante el
intento, bien tardío por cierto, de implementar la segunda.
La iniciativa
porteña desató una furia descomunal en las organizaciones abortistas -grupos
feministas y ong de derechos humanos- que inmediatamente reflotaron el
calificativo “antiderechos” aplicado a quienes se oponían a su legalización.
Así, la atención
de una línea por parte de la “Red Nacional de Contención al Embarazo
Vulnerable”, que coordina Evelyn Rodríguez a través de la Fundación Vida en
Familia, y que integran más de 400 instituciones voluntarias de todo el país,
fue denunciada como tercerización de una política pública en organizaciones
antiderechos.
Según los críticos
de la iniciativa, el “vericueto (sic) legal” es el artículo 28 de la “Ley de
los 1000 días”, que habla de una “línea gratuita de contención”, y anuncia que
“se creará un dispositivo específico de atención, derivación y seguimiento de
mujeres y personas gestantes en situaciones de especial vulnerabilidad”.
La Asamblea por
los Derechos Humanos-regional Capital directamente pidió la renuncia de Cynthia
Hotton, con el argumento de que “darle el manejo de la gestión pública a un
sector de la sociedad civil vinculado a grupos religiosos implica un serio
retroceso” y reclamó “el retiro inmediato de la mencionada línea telefónica”.
También desde NiUnaMenos
(grupo que se adueñó de marchas que nacieron con otra finalidad) expresaron su
enojo: “Este convenio constituye un nuevo ataque a nuestro derecho a decidir.
Repudiamos, por supuesto, la tercerización de las políticas públicas”. Un “por
supuesto” fuera de lugar ya que el Estado terceriza muchas políticas, como los
voluminosos planes de asistencia social. “Repudiamos que se delegue en
conocidas organizaciones antiderechos que militan contra la ESI y contra el
derecho a la salud reproductiva, la atención telefónica a mujeres embarazadas”,
agregaron. Hablaron de “burla” y “provocación” hacia quienes como ellas
militaron “durante estos años por el aborto legal, seguro y gratuito”.
Militancia hubo de
ambos lados. También las organizaciones que se oponían al aborto movilizaron
cientos de miles de personas, pero el espíritu de estos grupos es hacer aquello
de lo que acusan a los demás: imponer sus creencias al conjunto y silenciar a
los que piensan distinto.
La diputada del
PTS-FIT Alejandrina Barry repitió argumentos al advertir que “esta línea
telefónica antiderechos será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas
a las iglesias evangélicas, militantes contra el derecho al aborto y la
Educación Sexual Integral”.
Eso último es otra
de las tantas mentiras difundidas abundantemente por el sector verde: la ley de
Educación Sexual Integral fue elaborada en el año 2006 con el consenso de todas
las escuelas, públicas y privadas; más aun, hubo una activa participación de
las escuelas confesionales -católicas y evangélicas- y desde su promulgación se
aplica. Pero lo que estos grupos llaman hoy ESI es en realidad ideología de
género. Los contenidos y la bibliografía que proponen tienen poco que ver con
la educación sexual y mucho con la ideología queer, algo que no figura en
ninguna parte de la ley.
En este coro no
podía faltar Amnistía Internacional, que pasó de ser una asociación de defensa
de la libertad de conciencia a convertirse en un lobby abortista. Usurpando una
función de control de gestión que nadie le ha concedido, Amnistía pidió
explicaciones al gobierno y expuso su preocupación porque se estaría poniendo
“en riesgo derechos humanos conquistados”. Amnesty sabe muy bien que el aborto
aun siendo legal no puede equipararse a un derecho humano.
“Cualquier
propuesta que pudiera implicar la intención de desinformar o someter a las
personas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o
axiológicas, incurriría en una clara vulneración a la autonomía de la
voluntad”, dijo también Amnesty.
Desde la izquierda
del sistema, no podía faltar el Partido Obrero, promotor de la eugenesia social
que antes era bandera de ciertos sectores de derecha. “Es un mecanismo perverso
-dijo el legislador Gabriel Solano-, ya que los feligreses (sic) que están detrás
de ese 0-800 se encargan de desinformar a las mujeres que recurren a ellos,
aprovechándose de la desesperación que generalmente recorre a aquellas que
están cursando un embarazo no deseado o no cuentan con los recursos económicos
para poder transitar la maternidad”.
Estos comentarios
revelan una idea de la laicidad que ya quedó espuesta en el debate por el
aborto cuando legisladores abortistas pedían a los demás dejar sus convicciones
en la puerta del Congreso. En un país de mayoría creyente y cristiana, es una
actitud como mínimo antidemocrática. Sin mencionar que una de las razones del
desprestigio de los políticos es que la mayoría de ellos arrojan sus
convicciones a la basura apenas asumen un cargo.
Los críticos del
0800 VIDA alegaron también que lo dispuesto por la Ley de los 1000 días ya se
está cumpliendo a través de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC)
-unos 40 en toda la Capital-, algo muy dudoso considerando que, desde que en
2012 la Corte Suprema elaboró el Protocolo de aborto no punible -una
legalización de hecho-, esos centros se convirtieron en propagandistas de esa
práctica.
Un episodio
ocurrido en 2019 lo demostró plenamente. Fue cuando hicieron cubrir el mural de
un niño por nacer, en la maternidad del Hospital Piñero porque esa imagen
constituía “violencia” para las mujeres que iban allí a interrumpir su
embarazo. En aquel momento, 30 CeSAC levantaron firmas para que se quitara esa
pintura. Es decir que los centros de salud de Capital consideraron inadmisible
que hubiera una imagen de un ser humano en gestación en el lugar donde las
madres van a parir.
La propaganda
abortista campeaba hasta en los sitios menos pensados, pero el dibujo de un
feto tuvo que ser tapiado, literalmente, ¡y en una maternidad! Para el
antinatalismo furioso que militan estas organizaciones, no basta con legalizar
el aborto: hay que evitar cualquier argumento que pueda disuadir a una mujer de
poner fin a su embarazo. Ayudarlas a seguir adelante con una gestación,
convencerlas de ser madres y asistirlas en esa decisión equivale a un delito.
Pretender que los
CeSAC atiendan una línea 0800 creada en función de la Ley de los 1000 días es
como poner al zorro a cuidar el gallinero.
En referencia al
mural del Piñero, miembros de esos centros dijeron que el mural era “un mensaje
que busca desestimar la posibilidad de interrupción del embarazo, y que podría
llegar a tener un impacto sobre las personas que vayan a atenderse por este
tema”. Recordemos que el aborto no era todavía legal, o sea, se estaban amparando
en las excepciones previstas por el protocolo de la Corte. Hasta las 12 semanas
de embarazo, el aborto se practicaba ya en ese entonces en el mismo CeSAC
mediante suministro de Misoprostol. Pero, cuando los casos tenían “más tiempo
de avance, tenemos que recurrir al sector de obstetricia del hospital”, se
sinceraron.
¿Qué temían? ¿Que
una embarazada que viese el mural pudiera cambiar de opinión? En el fondo era
una confesión de que la promoción del aborto se basa en gran medida en el
eufemismo, no sólo en las expresiones verbales, sino en la imagen: se trata de
evitar a toda costa que una foto, un dibujo o una ecografía le den materialidad
a “eso” que se quiere eliminar.
Es el manual
básico de todas las campañas pro legalización del aborto. Por ejemplo, la guía
de la International Planned Parenthood Federation (IPPF, Federación
Internacional de Planificación Familiar) sugiere quitar de los sitios a los que
van mujeres a abortar toda representación de un feto. Recordemos las
definiciones que en ese entonces se dieron del ser humano en gestación:
“larva”, “amasijo de células” y, más grave por venir del propio Ministro de
Salud Ginés González García, “fenómeno”.
La guerra
cromática
En el caso del
Piñero, los grupos pro aborto cayeron en el ridículo de criticar hasta el fondo
celeste del mural, que en realidad era el color con el cual estaba pintado
desde mucho antes la Maternidad del Piñero.
Pero la guerra
también es cromática, y no cesa. El mismo argumento vuelve ahora en torno a la
línea telefónica gratuita 0-800-333-1148 VIDA porque en ella prima el color
celeste… La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto denunció “una estrategia”
que “incluye en todos los hospitales públicos porteños la difusión de
cartelería color celeste de un 0800 VIDA”.
El informe de la
TV Pública sobre el tema fue el más sesgado, cuando debería ser el más
prescindente. Con el título “Una línea antiaborto (sic) en el GBA”, solo
hablaron con partidarias del aborto legal. Una de las consultadas dijo que lo
que más preocupaba era que hubiera desinformación.
Hablando de
desinformación, lo que esta reacción furibunda contra el 0800 VIDA revela es la
falsedad de los argumentos esgrimidos en su momento para legalizar el aborto.
En primer término
el “nadie quiere el aborto”, réplica habitual ante los que se definian en favor
de la vida. Las reacciones airadas ante una simple línea telefónica de atención
a embarazadas contradicen aquellas afirmaciones. Al aborto se lo propagandiza,
se lo promueve y, sobre todo, se lo banaliza. La indignación frente al dibujo
de un feto -o frente al color celeste- tiene que ver con eso: la “violencia”
que denuncian es porque es fundamental el eufemismo (interrupción del embarazo)
y la no difusión de imágenes que puedan sensibilizar acerca de lo que
representa realmente un aborto. Por eso son tan efectivas algunas medidas que
se aplican en ciertos países como la ecografía que le permite a la mujer
escuchar el latido del feto. Saben que son tácticas eficaces y muy disuasivas;
por eso las quieren evitar a toda costa.
Otra mentira de
los que hoy acusan a otros de desinformar fue el número de abortos clandestinos
que supuestamente se realizaban en el país. Acá el fraude alcanzó sus cumbres:
medio millón de abortos por año, una cifra totalmente fantasiosa. Algunas,
ingenuas o carentes de sentido común, se las creyeron, como quedó en evidencia
en una reunión de evaluación al año de la legalización (ver video a
continuación), cuando, confrontada a las cifras reales -32.758 abortos del 30
de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021, casi un año- una de ellas se
sinceró: “Supongo que son preliminares”, aventuró, a la vez que pedía “alguna
reflexión en torno a esto, sobre todo porque es muy por debajo de lo que se
decía”. Preliminares o no, la cifra no llegaba ni al 10 por ciento de lo
afirmado en la campaña.
Era un número
ficticio, al que se quiso dotar de seriedad gracias a una “investigación” del
CEDES (Centro de Estudio de Estado y Sociedad), patrocinada por la Cepal, que
arrojó un cálculo de entre 450.895 y 498.358 abortos clandestinos por año. Sin
redondeo. Sorprendente precisión para una “estimación”. Este fraude tenía dos
objetivos: generar en la opinión pública el sentimiento de que una verdadera
“emergencia” sanitaria obligaba a legalizar esa práctica de modo urgente,
mientras en la Argentina morían -y siguen muriendo- más mujeres por
desnutrición que por abortos.
El segundo
objetivo era preparar el terreno para otra mentira: que la legalización lleva a
una disminución de esa práctica, algo contrario a la lógica. ¿Por qué sería más
fácil someterse a una práctica clandestina y paga que a una legal y gratuita?
Se exagera la cifra para poder decir luego que el número de abortos disminuyó.
Una trampa de niños y una mentira porque en todos los países donde se legalizó,
el aborto no hizo sino aumentar, en particular en los primeros años, hasta
estabilizarse en una cifra alta.
Si fuese cierto
que “nadie quiere el aborto”, la ley debería haber incluido recaudos tales como
un período de reflexión, asesoramiento libre por parte de especialistas,
explicación clara de lo que es un aborto, etcétera. En cambio, tenemos una de
las leyes más brutales: no hay período de reflexión, a la persona sólo se le
pueden explicar los métodos posibles; y no hay límite de edad gestacional. Las
14 semanas son ficticias porque con el argumento de una violación -aun sin
denuncia penal-, o de un riesgo para la salud de la mujer -no un riesgo de
vida, sino una afectación a la salud “integral”, es decir “física, psíquica o
social” (¿pobreza?)- basta para que el aborto se practique más allá de las 14
semanas y sin límite alguno. Se practican abortos de bebés que ya son viables,
que con los cuidados correspondientes podrían sobrevivir fuera del útero
materno.
En la web de la
Red informan que iniciaron este servicio el 1° de abril del 2019, y que el 85%
de las mujeres que atraviesan “un embarazo inesperado o vulnerable”, deciden
continuarlo “al recibir acompañamiento y contención”.
Hasta ahora, 821
embarazadas han pedido acompañamiento a través del 0800, desde diferentes
partes del país, y han sido derivadas a asociaciones en sus respectivos
distritos o provincias nucleadas en la red. Otras, un total de 2.654
embarazadas, han solicitado la ayuda directamente en los centros asociados a la
Red.
Desde el sector
verde se quejan de que se destine dinero a lo que consideran una estrategia
celeste, como si las ong pro aborto no recibieron ayudas estatales. Por otra
parte, casi todos los ámbitos de supuesta promoción de la mujer creados a
granel en el Estado en los últimos años están controlados por la corriente
verde.
