Silvia Stang
El envejecimiento de las poblaciones, sumado a problemáticas que se expresan con fuerza en algunas latitudes, como la informalidad laboral, ha provocado en los últimos años debates en todo el mundo sobre la viabilidad de los sistemas jubilatorios. En la Argentina, el Gobierno propone una reforma estructural del régimen vigente, con la eliminación del esquema de capitalización individual. Pero no hay proyecciones que permitan saber cómo el Estado podrá pagar en el futuro las prestaciones que ahora promete el sistema de reparto.
Mientras tanto, los países con esquemas de reparto –en los que los trabajadores activos financian a los pasivos-, buscan hacer ajustes para poder afrontar sus compromisos y para reducir sus déficit, sin dejar de observar as proyecciones del envejecimiento poblacional, que también afectará a la Argentina. Un camino es la modificación de las condiciones para acceder a los beneficios: la suba de la edad de retiro o de la cantidad de años de aportes requeridos; la afectación de mayores recursos que provienen de impuestos generales, y el incremento de las tasas de aportes. Otras vías exploradas son la eliminación de fórmulas que definen a las jubilaciones como un porcentaje del salario, y el ofrecimiento de incentivos para hacer ahorros voluntarios.
Esto último ocurre en Estados Unidos, donde la seguridad social pública desembolsa, cada año, un 20 % del presupuesto federal. George W. Bush intentó sin éxito una reforma, por considerar que el financiamiento será insostenible en pocos años más.
En Europa, Francia…desde 2003, es necesario contar con 41 años de contribuciones para retirarse antes de los 65 años (…) de 182 aportantes por 100 jubilados que había en 2006, se pasará a 121 por 100 [1,21 por 1].
En la Argentina, el régimen actual de reparto se financia prácticamente en partes iguales con los aportes y las contribuciones de trabajadores y empleadores, y con fondos que provienen de impuestos. Según el economista jefe de la fundación FIEL, Juan Luis Bour, eso demuestra que el sistema de reparto “está quebrado” y necesita utilizar recursos que, entonces, se desvían de otros posibles fines.
Bour consideró que muchos países descartaron la creación de regímenes de capitalización individual por no poder asumir el costo fiscal temporal que supone ese tipo de reformas, dado que durante varios años los Estados deben afrontar pagos mientras ven disminuidos sus ingresos.
El esquema que decidieron desarrollar algunos países como Suecia y Brasil –aunque los mecanismos no son exactamente los mismos- es el de las llamadas “cuentas nocionales”. Son sistemas administrados por el sector público, con beneficios que se calculan sobre la base de fórmulas más relacionadas con la capitalización que con los cálculos tradicionalmente propuestos por los regímenes de reparto. Con estos esquemas, este sistema comparte el modelo de financiamiento, ya que por lo general se sigue el principio de la solidaridad entre generaciones.
En el esquema de cuenta nocional el Estado toma los aportes y registra los montos a nombre de cada trabajador en una cuenta virtual. Esas cifras se actualizan según el rendimiento de alguna variable y, al final de la vida laboral, el haber jubilatorio se calculará en función del saldo virtual y de la expectativa de vida.
(La Nación, 26-10-08)
