Es llamativo cómo se preocupa el gobierno nacional por reiterar, en cuanta oportunidad se le presenta, que el bienestar de la llamada clase pasiva es una de sus preocupaciones esenciales, cuando muchos de los pasos de la Anses para administrar los ahorros jubilatorios confiscados a sus aportantes parecen ir en la dirección contraria.
Los multimillonarios recursos que les fueron quitados a las extinguidas AFJP siguen siendo dispendiosamente distribuidos para financiar créditos de dudoso retorno y para sustentar obras públicas de improbable terminación. Y, por si esto fuera poco, cunden las sospechas de que también serían empleados para respaldar encubiertos clientelismos políticos y hacerles favores personales a los amigos del poder.
La comisión de control parlamentario del destino de esos recursos, que según los propios legisladores iba a garantizar su fiel y adecuado uso, sigue sin dar a conocer ni una mínima conclusión acerca del correcto cumplimiento de su cometido. La razón es elemental: ni siquiera se ha constituido esa comisión.
Sorprende más todavía que mientras en los tribunales sigue abierta una causa judicial por una supuesta falta de rendición de cuentas por parte de las ya disueltas AFJP, hoy nadie esté controlando el destino de los recursos que han pasado a ser manejados por la Anses.
La reforma previsional sancionada el año pasado ha implicado un apoderamiento de algo ajeno porque no se ajusta a lo enteramente cierto que los afiliados a esas empresas no tenían derecho de propiedad sobre los fondos conformados por sus aportes personales. Atendibles criterios jurídicos expresan que les asistía la potestad de cambiar de administradora de acuerdo con su conveniencia personal o, incluso, retornar al régimen de reparto; decidir acerca de la modalidad con la cual percibirían su jubilación, y retirar, llegado el momento de la cesación de servicios, un considerable porcentaje de sus ahorros, que además eran heredables en caso de fallecimiento del aportante, a diferencia de ahora. La mayoría de los afiliados a las AFJP se habían pronunciado por permanecer en el régimen privado y se hizo caso omiso de esa expresa voluntad.
Por otra parte, nadie, que se sepa, ha logrado explicar satisfactoriamente la compleja fórmula puesta en práctica para calcular el porcentaje del 11 por ciento de aumento concedido al llamado sector pasivo.
Entretanto, cuesta entender de qué manera protege a los jubilados del presente y del futuro un Estado que, según se ha anunciado, retira ahorros previsionales que, depositados a plazo fijo, podrían tener hoy una tasa de interés anual muy superior a la que conseguirá la Anses invirtiéndolos en créditos blandos para la compra de bicicletas.
Es menester que, cuanto antes, haya desde la Anses una comunicación clara sobre el destino de sus cuantiosos recursos y que, en aras de la transparencia, se creen los mecanismos de control de esos movimientos financieros.
La Nación, Editorial, 13-3-09
