Intervención de
monseñor González Montes en la cumbre de líderes religiosos de la UE
Señor Presidente,
Excelencias:
Agradezco la
oportunidad que se me brinda de dirigirme a ustedes en este encuentro
propiciado por las instituciones de la Unión Europea, expresión del reconocimiento que
las Iglesias cristianas y las confesiones religiosas, tan ampliamente
participadas por los ciudadanos, merecen como interlocutores de las
instituciones europeas.
La crisis económica y
social que sacude las sociedades de nuestros países tiene hondas raíces
morales, como se ha dicho autorizadamente por parte del santo padre y de los
obispos católicos y ministros de las confesiones religiosas. Así lo hemos
manifestado los obispos católicos de España, ante la gravedad de esta crisis en
la sociedad española, poniendo de manifiesto las causas y víctimas de la
crisis. El desempleo en España, que supera el 23% e incluye un paro juvenil del
50%. Se produce esta tasa de desempleo después de décadas de expansión
económica hasta alcanzar cotas de bienestar, dotando al país de modernas y
funcionales estructuras de transporte, comunicación y servicios, y un
importante dinamismo industrial capaz de hacerse presente en latitudes
diversas.
Según los expertos,
entre los factores que han acrecentado la crisis económica de España, se
encuentra el urbanismo expansivo, con insuficiente planificación y falta de
control de la especulación del suelo. Esto ha conducido a la “burbuja de la
construcción”, agravando la crisis financiera general y descapitalización de
algunos bancos. La construcción ha acaparado recursos que han sido sustraídos a
desarrollo industrial y a la promoción y consolidación de millones de pequeñas
y medianas empresas, en España muy numerosas, muchas de carácter familiar con
una importancia capital en la creación de empleo y en el sostenimiento de la
economía.
Por otra parte, una
tasa de desempleo como la actual sería insoportable de todo punto sin el
factor, igualmente preocupante, del crecimiento de la economía sumergida, que
según los datos estadísticos conocidos está por encima del 21% del PIB
nacional.
Con todo, la raíz de
nuestros problemas no está sólo en las dificultades económicas, sino en el
desorden moral que las ha generado. Con la expansión de la economía ha crecido
en la sociedad un deseo de enriquecimiento fácil, rápido y sin escrúpulos, que
ha amparado la ilicitud de los medios empleados; elevadas comisiones de
intermediación en las operaciones económicas y lobbies que han contado con la
complicidad de la clase política, el frade fiscal y el endeudamiento acelerado
de una sociedad, que ha vivido por encima de sus posibilidades reales sumando
su deuda a la cuantiosa deuda soberana.
Después del trabajo y el talento puesto
en juego por generaciones sacrificadas, el menoscabo de las virtudes ciudadanas
y la deslealtad con las instituciones han marcado la vida privada y pública,
con origen en una concepción materialista de la vida, que ha dado amparo al
egoísmo en los procedimientos económicos y la búsqueda de la rentabilidad
política, sacrificando el bien común a interesas sectoriales. Se ha practicado
con frecuencia un populismo irresponsable e inmoral, dando cabida a demandas
ilimitadas, unas reales y otras creadas artificialmente, sin la correspondiente
formulación de los deberes y la toma de medidas encaminadas a la ordenación
duradera de la producción y la creación de trabajo, capaz de integrar los
sectores y regiones menos favorecidos y a la muy numerosa población inmigrante.
Sin embargo, es
preciso decir que España es un país de grandes capacidades, y que el acoso de
los mercados a la economía española no se corresponde con la realidad del país
y su capacidad para superar las actuales dificultades. Este acoso es inmoral,
por ser en gran medida fruto de la especulación, que hace más difícil la
solución a la situación creada, cargando gravemente las consecuencias sobre las
personas más necesitadas y las familias; y bloqueando la creación de empleo,
que tanto afecta sobre todo a los jóvenes.
Las soluciones no son
fáciles y competen a los responsables de la vida pública y de los expertos,
pero no se pueden soslayar los principios éticos que deben orientar tanto las
decisiones y programas como la conducta de los sectores sociales. Todos han de
hacer lo posible para que las consecuencias más graves de la crisis no caigan
sobre los que menos recursos tienen. El desempleo degrada la dignidad del ser
humano y le arrebata la esperanza de desarrollar las propias facultades y
dotes, haciendo imposible el beneficio de la aportación al cuerpo social
mediante el trabajo, medio de desarrollo personal y espiritual. Los jóvenes
tienen derecho a encontrar un trabajo elegido, para el que se han preparado
durante años, que les permita fundar una familia y afrontar en edad adecuada la
promoción de los hijos.
Cualesquiera que sean
las medidas, la solución pasa por un cambio en la mentalidad que haga de la
dignidad de la persona humana criterio de la ordenación del trabajo. Para ello
es preciso no silenciar la afirmación de Dios como fundamento del orden moral.
La mayor aportación de las Iglesias, que ofrecen una contribución estimable en
el campo de la educación y los servicios asistenciales, la realizan proponiendo
una concepción del hombre y de la sociedad que se fundamenta en la visión
trascendente de la vida humana, que reclama el respeto a la dignidad de la
persona y a sus derechos fundamentales.
Tomando como referente
la situación española, una de las más emblemáticas en el momento presente en la Unión Europea,
quiero añadir algunas consideraciones vinculadas al ámbito de la Unión Europea. El
«Pacto por el crecimiento y la ocupación» aprobado por el Consejo Europeo hace
referencia a la introducción de una así llamada “Garantía para los jóvenes”,
destinada a proveer trabajo y formación profesional de los jóvenes. Conviene,
sin embargo, incentivar un papel más activo y audaz por parte de quienes
ofertan el trabajo para promover oportunidades laborales adecuadas para los
jóvenes. Un segundo ámbito sobre el que quisiera parar mientes se refiere a las
políticas de la Unión
Europea para la juventud, que sería deseable que fueran
cubiertas por el «Programa Erasmus para Todos», el cual incluye otros sectores
de actividad (instrucción, formación y deporte). A fin de garantizar
verdaderamente la inclusión de todos y dar una oportunidad real de
participación de todos en los Programas de la Unión Europea, la
creación de estructuras especiales debe ser financiada mediante los fondos de la Unión Europea, como
garantía de la movilidad de los jóvenes. Me refiero, por ejemplo, a
infraestructuras como son las agencias u oficinas de información y
asesoramiento para los jóvenes, frecuentemente desempeñadas por organizaciones
ligadas a la Iglesia.
Es ciertamente
deseable el objetivo de simplificación de los nuevos programas sostenidos
mediante fondos de la
Unión Europea, lo cual es un elemento importante para la Unión. Esto no
debería, sin embargo, llevar consigo consecuencias negativas como: la renuncia
a la atención de una serie de situaciones y áreas de especificidad propia, como
son las siguientes:
1. La financiación de
un menor número de acciones;
2. y el incremento de
la competencia entre las organizaciones grandes y pequeñas.
Me parece,
finalmente, deseable que por lo que se refiere a las problemáticas en examen,
se continúe reflexionando sobre estos temas en el contexto del próximo «Año
Europeo de los Ciudadanos» (2013); incluyendo también el tema de la ligazón
entre solidaridad intergeneracional y participación social y política de los
jóvenes, los cuales, después de todo, han de conformar en el futuro una
minoría, aunque sea consistente.
Agradezco vivamente
la cortés atención a mis palabras.
+ Mons. Adolfo
González Montes
Obispo de Almería,
España
Obispo delegado en la COMECE de la Conferencia Episcopal
Española
ALMERÍA, miércoles 18
julio 2012 (ZENIT.org).-
