el plan ENIA que fomenta el aborto y la
hormonización entre adolescentes
Claudia Peiró
Infobae, 17 Ago,
2024
Hace ya un buen
tiempo que los responsables del plan ENIA, muchos de ellos desocupados desde
que la actual gestión redujo los fondos y el personal del mismo, vienen
anunciando con bombos y platillos el éxito de este programa destinado a
prevenir los embarazos en la adolescencia,
La justicia
chilena ordenó la inmediata liberación del mapuche Facundo En 5 años, es decir
desde 2018, cuando se comenzó a aplicar, el Plan Nacional de Prevención del
Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) habría contribuido a reducir
a la mitad los embarazos adolescentes en la Argentina. Al mismo tiempo se
advertía de que el ENIA corría peligro ya que hubo recortes en presupuesto y
personal y retrasos en la entrega de “insumos esenciales”; léase,
anticonceptivos de todo tipo y drogas abortivas.
Estos recortes
explican en buena medida el afán de los responsables del plan por convertirlo
en ley. Más difícil es entender el eco transversal que han encontrado en los
legisladores. Tres proyectos están presentados en el Congreso, uno lleva la
firma de Silvia Lospennato, del PRO, otro el de Mónica Fein, socialista, y un
tercero la de la kirchnerista Blanca Osuna. No hay grieta en esto. El proyecto
de Lospennato lo firman también Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y,
llamativamente, María Eugenia Vidal, quien se pronunció contraria a la
legalización del aborto durante los debates de 2018 y 2020.
“Como siempre en
estas cosas, se apela al eufemismo”, dijo a Infobae la licenciada Mónica del
Río, quien regularmente analiza las estadísticas oficiales y hace el
seguimiento de estos programas en teoría destinados a la salud pública, desde
Notivida.
Los promotores del
plan ENIA parte del dato de que siete de cada diez embarazos en adolescentes de
entre 15 y 19 años no son intencionales.
“Es obvio que
nadie quiere que una chica adolescente quede embarazada. Pero el Plan no reduce
el embarazo adolescente, lo que reduce son los nacimientos. No pueden hablar de
porcentajes de reducción del embarazo adolescente porque no lo registran. Lo
que miden es la fecundidad adolescente, en base a los nacimientos en esa franja
etaria”, explica Del Río.
En concreto, lo
que hace el Plan ENIA es promover el aborto en las adolescentes embarazadas, no
prevenir esos embarazos. En sus propias palabras, entre 2018 y 2021, el ENIA
logró bajar la Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes de 49,2% a 27%. Lo
que significa una disminución de casi el 50 % en las chicas de entre 10 y 19
años que se convirtieron en madres en Argentina. Claramente, no se trata de una
reducción de los embarazos, que no son registrados, sino de los nacimientos. Y
por ende un incremento de los abortos.
“Si tuviste 10
embarazadas y 5 abortaron, no es que redujiste los embarazos a la mitad, sino
que aumentaste los abortos”, ejemplifica Del Río. Porque, además de promover
métodos anticonceptivos como el DIU y el implante, lo principal es incentivar
la interrupción de los embarazos.
En junio pasado,
en una reunión de la Comisión de Salud de la Cámara baja, presidida por Pablo
Yedlin, diputado kirchnerista por Tucumán, para debatir los proyectos que
buscan convertir en Ley el ENIA, Federico Panuelo, director de Niñez y
Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, expuso con toda sinceridad el
modus operandi de los agentes del plan: “Tenemos un dispositivo que se llama
Mesa de Niñas No Madres que lo que hace es generar una búsqueda activa, específica,
de embarazadas menores de 15 años justamente para generar una consejería en
opciones y una eventual interrupción del embarazo”, dice Panuelo.
Tanto el debate en
el Congreso como la divulgación de los resultados de ENIA, revelan la magnitud
alcanzada por este plan y en particular el dispositivo montado para que ningún
adolescente escape a la difusión de la anticoncepción -y, como veremos, de
otros temas-, que incluía la búsqueda activa de embarazadas para inducirlas a
abortar.
Los agentes del
plan ENIA se desplegaban en escuelas y barrios para dictar talleres y clases de
ESI. Además crearon asesorías en centros de salud y organizaciones barriales, y
en escuelas, siempre con la temática de la salud sexual y reproductiva, cuya
traducción es: anticoncepción, aborto e incluso “transición de género”. Otra
función del plan era la colocación de anticonceptivos de larga duración (DIUs e
implantes subdérmicos) e incluso la derivación de adolescentes hacia los
tratamientos de administración de hormonas para desarrollar características del
sexo opuesto, dado que ENIA también asesoraba en transición de género.
Mónica del Río
advierte que, si bien el gobierno actual suspendió la compra de abortivos
(misoprostol, por ejemplo), no hizo lo mismo con los anticonceptivos de larga
duración. Un acuerdo para el trabajo enfocado en los anticonceptivos de larga
duración que vencía en abril fue renovado hasta fin de año, con la firma de Paula
Zingoni, subsecretaría de Relaciones Sectoriales y Articulación del Ministerio
de Salud, y Mariana Isasi, jefa de Oficina del Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA) en Argentina.
Justamente ese
Fondo (que bien podría llamarse de des-Población) es uno de los organismos que
en 2017 colaboró con el gobierno de Mauricio Macri para la elaboración del plan
ENIA. También participaron el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo) y Unicef (organismo ONU que se supone se ocupa de la infancia).
Inicialmente ENIA se implementó en 12 provincias: Catamarca, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán y Buenos Aires. Y en 2022 se extendió al resto de los distritos.
Las asesorías en
las escuelas se hacen a espaldas de los padres, advierte Mónica del Río. Los
menores son sacados de las aulas y llevados a las consejerías en “salud
sexual”. Además, apelan a las organizaciones barriales para llegar a los chicos
no escolarizados.
Esto lo confirma
otra intervención que se produjo en la citada reunión en el Congreso. La
socióloga Florencia Milito, del equipo de asesoras del Plan ENIA en
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, describió con claridad la injerencia de
este programa en las escuelas: “Desarrollamos un dispositivo de asesoría en las
secundarias que construyó un espacio de consulta, orientación y derivación,
centrado en las necesidades de salud integral de los adolescentes”. El adjetivo
“integral” siempre sirve de paraguas para todo tipo de temática. “Un espacio de
funcionamiento dentro de las escuelas -sigue diciendo Milito-, para poder
garantizar la privacidad, intimidad y también la escucha activa, desprejuiciada
y confidencial” de los adolescentes.
Traducción: en
desconocimiento de los padres.
También dijo
Milito en su esclarecedora intervención que la del ENIA que las principales
temáticas en la consultas son: estados de ánimo, conflictos en las relaciones
entre pares y con los padres, métodos anticonceptivos, anticoncepción de
emergencia, etc., etc., y, último pero no menos importante, “identidad de
género y hormonización” (sic).
Esto significa que
un adolescente en el secundario puede ser llevado a estas asesorías y, en el
caso de las chicas, recibir contracepción de emergencia o ser inducidas al
aborto, y en ambos géneros, ser asesorados en materia de transición de género e
incluso derivados a tratamientos de hormonización; todo ello sin que los padres
sean notificados.
¿Qué tendrán que
ver las transiciones de género con la prevención del embarazo adolescente? No
es la primera vez que, en esta materia, bajo un título dado se deslizan otras
prácticas e intenciones. Algo similar sucede con la ley de ESI, que nada dice
de la perspectiva de género que tiñe todos los contenidos que se imparte a los
niños.
Cabe señalar
además que los agentes del plan que promueven la hormonización -es decir, que
asesoran a adolescentes que creen haber nacido en el cuerpo equivocado y
quieren cambiar de sexo-, no son médicos.
En auxilio de esta
práctica, están las sucesivas resoluciones de las autoridades de salud, tanto a
nivel nacional como provincial, reduciendo la edad base a partir de la cual un
adolescente puede acceder a estos tratamientos sin autorización paterna.
Por caso, una
página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asesora en la materia,
informando de los cambios que ha habido en el Código Civil en cuanto a la edad
desde la cual se puede tomar decisiones en materia de transición de género.
Con el argumento
de la “autonomía progresiva”, se han ido reduciendo los límites en esta
materia. Curiosamente, adolescentes de 16 años, que aun no pueden tatuarse sin
permiso ni conducir un auto, pueden iniciar tratamientos de cambio de sexo, que
tienen efectos irreversibles. Y eso no es todo. Desde los 13 años, pueden
recibir hormonas cruzadas.
Estos tratamientos
tienen por efecto, por ejemplo, en el caso de una niña, puede implicar
calvicie, crecimiento de la barba, engrosamiento de la voz, entre otras cosas.
Pero lo más
increíble es que este tratamiento es considerado no invasivo, y por lo tanto
adolescentes desde los 13 años pueden acceder al mismo. En términos de la
página oficial: “En el caso de las personas entre los 13 y 15 años, por
tratarse de terapias no invasivas, no se requeriría el asentimiento parental
para el inicio del tratamiento”.
Los autores y
ejecutores de ENIA explican con orgullo que sus asesorías garantizan el nexo
entre educación y salud. Sencillamente significa que derivan a los adolescentes
hacia prácticas médicas como el aborto y la hormonización.
Uno de los
fundamentos del plan ENIA es un estudio del Fondo de (des)Población que habla
del costo del embarazo adolescente y de lo que puede ahorrar el Estado
“interrumpiéndolo”. En vez de ir por el camino más largo pero que efectivamente
promueve la salud adolescente, física y psíquica, es decir, educar en valores,
reducir el sexo adolescente -y no promover la iniciación temprana como en la
práctica hacen-, optan por la alternativa más drástica y no sin consecuencias.
Como si la verdadera finalidad del plan ENIA no fuese proteger a niños y
adolescentes sino el control poblacional.
El ENIA cuenta con
equipos de apoyo técnico formados por las citadas agencias de la ONU y por los
organismos que localmente aportaron al desarrollo del plan. En el caso de este
programa, la ONG promotora es el Cedes, cuya cara visible es Silvina Ramos.
Junto con Amnesty
Internacional y la Fundacion Huésped, el Cedes (Centro de Estudios de Estado y
Sociedad) fue uno de los más activos en la promoción de la legalización del
aborto. Son parte de la “patria consultora”, de excelentes vasos comunicantes
con el Estado, al que provee datos y asesoramiento, y con financiamiento
internacional de diferentes fuentes, como la Fundación Ford que les obsequió el
edificio donde funcionan.
Además del plan
ENIA, Cedes se dedica a “Mirar el aborto”, es decir se autoadjudicó una función
de supervisión de la aplicación de la ley.
Para ello, según
informa la propia web de la ONG, cuentan con el apoyo “de diversas
instituciones del exterior, como SAREC (Suecia), la ya mencionada Fundación
Ford, International Development Research Centre -IDRC (Canadá), Andrew Mellon
Foundation, Inter-American Foundation (IAF), entre otras”.
Todas esas
instituciones son organizaciones semi-estatales. Por ejemplo, la IAF está
gobernada por un consejo directivo compuesto por representantes del sector
privado y del gobierno federal, designado por el presidente de Estados Unidos y
ratificado por el Senado.
El IDRC canadiense
depende del Parlamento y del ministerio de Desarrollo de ese país. Y la SAREC
es la Agencia Gubernamental Sueca de Cooperación Científica con los Países en
Desarrollo.
Sólo la Fundación
Ford y la Andrew Mellon Foundation son privadas.
Pero la verdad es
que difícil no recordar la referencia que hizo recientemente el actor Imanol
Arias sobre esos “rarísimos tipos multimillonarios que se han adueñado de la
medicina, la alimentación, el transporte y la moral”.
Según un estudio
que afirma haber hecho el Fondo de (des) Población, en Argentina el costo del
embarazo adolescente sería de 200 millones de dólares en atención sanitaria, 12
millones 700 mil para atención ambulatoria y 18 millones en atención
obstétrica. En cambio, la inversión en prevención aumenta los ingresos por
trabajo femenino en un 0,14%, afirma el organismo de la ONU.
En concreto, las
adolescentes embarazadas son población no productiva que hay que liberar de su
carga para que pueda trabajar.
Es llamativa la
eficiencia con la cual implementan estos programas de eugenesia social en
contraste con la incapacidad para reducir el hambre, la desnutrición infantil y
la pobreza. Para tener una idea de la dimensión de este plan, solo en Tucumán y
Catamarca, se dispuso la finalización de 619 contratos a agentes de ENIA.
Este es el plan
que los diputados quieren convertir en ley para asegurarse el financiamiento y
los cargos.
Por caso, el
proyecto de Unión por la Patria que firman Blanca Osuna, Mónica Macha, Victoria
Tolosa Paz, Julio Pereyra y Daniel Gollán, entre otros Toniolli y Ana María
Ianni, entre otros, prevé creación del Plan ENIA en la órbita del Ministerio de
Salud; programa destinado a adolescentes de entre 13 y 19 años, para potenciar
en ellos “el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”. El plan
articula las áreas de salud, desarrollo social y educación; y “tiene
dispositivos de intervención” en todo el país, porque “las acciones
territoriales son determinantes para asegurar su impacto positivo”.
Las intervenciones
llegan directamente a los menores -léase, sin conocimiento ni autorización de
los padres- “y son llevadas a cabo por agentes territoriales”, una de cuyas
funciones es asesorar en las escuelas. También prevé consejerías en los centros
de salud para facilitar “el acceso a determinadas prácticas y cuidados”, entre
los cuales está la colocación de anticonceptivos de larga duración.
Luego viene por
supuesto la burocracia: la gestión del Plan dependería de 5 niveles: a) Unidad
Ejecutora Nacional (UEN); b) Consejo Consultivo; c) Equipo de apoyo técnico; d)
Equipos Focales Territoriales Intersectoriales (EFTI) y e) Agentes
territoriales.
También el
financiamiento, que obviamente correrá por cuenta del Poder Ejecutivo Nacional.
Los Equipos de
Apoyo Técnico estarían conformados por organizaciones que aportaron al diseño
del Plan y agencias de Naciones Unidas.
Hay que garantizar
la subsistencia de la burocracia estatal y de la no gubernamental que, al
parecer, no es precisamente filantrópica.
