NOTIVIDA, Año XX,
Nº 1258, 26 de agosto de 2021
El Frente de Todos
impulsa un proyecto que habilitaría el uso del “lenguaje inclusivo” en los
establecimientos educativos. Una herramienta para el adoctrinamiento en género
que entre otras cosas soslaya que el 52% de los egresados no comprende lo que
lee.
Manipulando la
“libertad de expresión”, el proyecto (expte 3426/2021) garantiza el empleo del
“lenguaje inclusivo de género” en las escuelas.
El “lenguaje
inclusivo de género” -tanto oral como escrito- podría ser utilizado en “los
establecimientos del Sistema Educativo Nacional, en todos sus niveles y
modalidades, sean de gestión pública o privada”.
También se podría
recurrir al “lenguaje inclusivo de género” “en las exposiciones, discursos,
alocuciones, resoluciones, decretos, leyes, fallos, presentaciones judiciales”
del Estado nacional tanto en la Administración pública como en los entes
públicos no estatales, así como en los Poderes Legislativo y Judicial de la
Nación.
El proyecto es de
la autoría de la diputada Mónica Macha y fue cofirmado por sus compañeros del
Frente de Todos: Gabriela Estévez, Jimena López, Ayelén Spósito, Alicia
Aparicio, Verónica Caliva, Carolina Yutrovic, Mara Brawer, Pablo Carro y Susana
Landriscini. Sólo lo tiene que estudiar la Comisión de Legislación General que
preside Cecilia Moreau, también oficialista.
Según la autora,
la propuesta “se inscribe en una serie de medidas orientadas a reparar la
discriminación y la violencia verbal” y pone “en cuestión los discursos
sexistas, patriarcales, homolesbotransfóbicos y aquellos que discriminan a
quienes no se identifican con el binarismo de género”. Afirma que “en ningún
caso un abordaje científico, en cualquiera de sus perspectivas o niveles de
análisis, puede adoptar un punto de vista prescriptivo, restrictivo o
prohibitivo en lo que atañe al empleo de formas lingüísticas” y considera que
“las ideas que aluden a una supuesta ‘deformación de la lengua’ son ajenas a
cualquier base científica”.
Destaca en los
fundamentos el “entramado legal que coloca a la Argentina a la vanguardia
regional y mundial en materia de ampliación de derechos para los colectivos de
mujeres, LGBTIQ+ y no binaries”. Entre esas normas cita a las leyes de
“Matrimonio igualitario”, “Identidad de género”, “Cupo laboral trans” y Aborto
(que alcanza a “todas las personas con capacidad de gestar”). También menciona
algunos decretos del PE, por ejemplo, el que recientemente autorizó a incluir
la opción X en el sexo que figura en el Pasaporte y en el DNI.
Remata afirmando
que “en esta dirección, la circulación social de las variadas y diversas formas
lingüísticas coexistentes contribuye no solo a la promoción de la pluralidad y
la libertad de expresión como valores generales, en este caso para el empleo de
las formas lingüísticas que cada sujeto considere más apropiadas, sino también
a garantizar el ejercicio de un conjunto de derechos que ya han sido
instituidos en la Argentina”.
La iniciativa del
Frente de Todos es la respuesta a un proyecto (expte. 2721/2021) impulsado por
diputados del PRO que busca prohibir el “lenguaje inclusivo” en los
establecimientos educativos, en la redacción de documentos oficiales y en toda
forma de comunicación que utilicen las autoridades nacionales.
El autor del
último es el diputado Jorge Enríquez y fue acompañado por sus compañeros de
bloque: Alfredo Schiavoni, Francisco Sánchez, Pablo Torello, Julio Sahad,
Hector Stefani, Maria Carla Piccolomini, Alberto Asseff y Juan Aicega.