NOTIVIDA, Año XX, Nº 1223, 1 de diciembre de 2020
Las comisiones de
Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Salud mantuvieron hoy la
primera reunión informativa sobre aborto.
Exposiciones
Vilma Ibarra, Secretaria de Legal y Técnica de la Nación: dijo que
el presidente envió “dos proyectos que dialogan entre sí”. Respecto al de los
“Mil Días” afirmó que “el estado está allí, acompañando los proyectos de
maternidad”, “no queremos que nadie tenga que interrumpir su embarazo por falta
de recursos”. Remarcó que el segundo proyecto, el de aborto, lo envió en
cumplimiento de su promesa electoral. Alberto Fernández “recogió una lucha
histórica” señaló Ibarra, e hizo un reconocimiento a la “Campaña por el derecho
al aborto”. “Cuando el Gobierno envía este proyecto está visibilizando los
abortos clandestinos”. “La política de penalización del aborto ha fracasado”.
Consideró que es cruel que la mujer que aborta hoy tenga amenaza de cárcel.
Según Ibarra los países que legalizaron el aborto, disminuyeron las tasas de
mortalidad y morbimortalidad de las mujeres. “El texto del proyecto es un texto
respetuoso de derechos” y “con él cumplimos los deberes que nos reclaman los
organismos internacionales”. Finalmente leyó ideologizadas recomendaciones de
los comités de seguimiento de los tratados y en el mismo tenor analizó algunos
párrafos del proyecto.
Ginés González
García, Ministro de Salud:
reconoció que toda su vida se dedicó a esto “para prevenir que las cosas no
ocurran y para que si pasan tengan menos impacto”. Aseguró que los 1100 ó 1200
abortos diarios tienen consecuencias como muertes, enfermedades, internaciones
y gastos; y sostuvo que esto “tiene una solución técnica”. “El aborto como
problema de salud pública es serio; si lo resolvemos científicamente,
eliminamos una causa de muerte”. “Hay un enorme impacto económico de las miles
de internaciones”. “El 80% de los embarazos en Argentina son no intencionales”.
Los egresos hospitalarios disminuyeron por el uso de misoprostol, pero hoy
cuesta $2.800 en las farmacias, lo que es una barrera”. “Este es un proyecto
que genera justicia social”, dijo finalmente dirigiéndose a los legisladores
del “mismo signo político del Ejecutivo”.
A la hora de las
preguntas aclaró que el costo de $ 2.800 es para el Estado y anunció que le van
a comprar misoprostol al UNPFA a $400 “por tratamiento”. Eludió referirse al
momento de inicio de la vida humana y afirmó que cuando una mujer está
embarazada hay una sola “persona”, “de no ser así estaríamos ante el mayor
genocidio de la historia”.
Elizabeth Gómez
Alcorta, Ministra de las
Mujeres, Géneros y Diversidad: habló de los artículos que modifican el Código
Penal. Dijo que las causales del nuevo art. 86 son “muy similares a las
vigentes desde 1921” y que el proyecto “mejora los déficits de redacción”. “El
proyecto garantiza la objeción de conciencia” pero “no se puede obstaculizar el
acceso a un derecho” dijo Gómez Alcorta y fundó la penalización de las
“obstaculizaciones” en el fallo FAL. Destacó que en el aborto preterintencional
se aumentó el monto de la pena y que para la mujer que causa o consiente su
propio aborto la escala punitiva se bajó. Para la funcionaria la legalización
del aborto disminuye la mortalidad materna y la cantidad de abortos.
José María “Pepe”
Di Paola, sacerdote de Villa La
Cárcova: contó que en medio de la dolorosa situación que atravesamos vieron con
sorpresa el apuro por sancionar la legalización del aborto. Mencionó palabras
del Papa Francisco: “Para mí la deformación en la compresión del aborto nace
principalmente en considerarlo un tema religioso”. “El asunto del aborto no es
esencialmente religioso. Es un problema humano previo a cualquier opción
religiosa”. Explicó que la embriología enseña que a la tercera semana de
embarazo ya está diseñado todo el organismo y late el corazón. “Los países que
han aprobado el aborto han depurado al 90% de los niños con síndrome de down”.
“El presidente dice que hizo una promesa que quiere cumplir ¿a quién se la
hizo?” preguntó y añadió que seguramente no se la hizo ni a los pobres ni a la
gente de las provincias. “Los curas de los barrios populares aprendimos de la
gente a cuidar y amar la vida”. “Al pobre le niegan la adopción por no tener un
título de propiedad”. “Bastaría con acercarse a los hospitales para saber qué
necesitan los pobres”. “El aborto es la eliminación de una vida”, afirmó
enfáticamente y preguntó “¿después de esto qué viene?” “¿la eliminación de los
ancianos?”. “Al haber vida estamos ante una flagrante violación de los derechos
humanos”. “Ser progresista es defender la vida”. “Cuando vinculamos el aborto a
la usura internacional nos atacan” manifestó, pero marcó que el envío del
proyecto de aborto coincidió con el arribo de la misión del FMI. “Gobiernen
para los pobres y no para las elites capitalistas”.
Nelly Minyersky, abogada e integrante de la “Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto”: afirmó que la legalización del aborto es “autonomía,
libertad e igualdad”. “Estamos construyendo derechos, tenemos que dejar de lado
nuestra creencia y moral”. “El derecho tiene que mantener la paz y la
seguridad”. “Si se niega el aborto se obliga a muchas mujeres a cambiar su
proyecto de vida”. Sostuvo que el embrión y el feto “no tienen una definición
única” y que “el proyecto menciona a la semana 14 porque en las distintas
etapas hay distintos derechos”.
Rodolfo Barra, ex juez de la Corte y ex ministro de Justicia:
“previo a todo el debate es necesario definir a partir de qué momento se es ser
humano”. Explicó que la Ley 26061 obliga a defender la vida y desarrollo del
niño y preguntó ¿cuándo somos niños? “La respuesta es fundamentalmente médica”
dijo y citó las irrefutables declaraciones de la ANM. “En la ley 23.849 el
legislador lo aclaró expresamente, lo mismo el constituyente en el art 75 inc
23 de la Constitución Nacional”, remarcó que esas “son normas que impiden el
aborto”. Mencionó profusa normativa vigente que garantiza el derecho a la vida
desde la concepción.
Estela Díaz, ministra de Género y Diversidad de la provincia de
Buenos Aires: agradeció al presidente el compromiso con el tema y felicitó al
equipo redactor. “Es significativo que simultáneamente se debata el proyecto de
los Mil Días para que haya políticas públicas tanto para las que quieren
continuar con el embarazo como para las que lo quieren interrumpir”. “Siempre
es necesario que junto a las políticas preventivas haya acceso al aborto”. “De
enero a junio realizamos más de 5.000 abortos en la provincia de Buenos Aires”.
“La interrupción voluntaria reduce los costos de la clandestinidad”. “Este
proyecto salva vidas”.
Mónica Fein, ex intendente socialista de Rosario: “ampliar
derechos siempre es el camino”. Recordó que siendo diputada adhirió al proyecto
de aborto de la Campaña. “El sistema de salud de Rosario se basa en la
concepción de garantizar derechos”. “En Rosario -en materia de salud
reproductiva- se acompaña a todas las personas gestantes. Mencionó que desde el
2007 tienen protocolo de aborto, que desde 2012 garantizan el misoprostol en
todos los centros de salud y que desde el año pasado fabrican el abortivo.
Ursula Basset, Doctora en Ciencias Jurídicas (UCA): señaló que en
los últimos 10 años participó en muchos debates, pero que este proyecto la
impresiona por su “matriz patriarcal”. Destacó que con esta ley la mujer -como
el hombre- se podría desentender de la maternidad. “La responsabilidad es
fundamental, queremos que los padres asuman las consecuencias de sus actos”.
“La ley de aborto en buena medida esconde los problemas de las mujeres”. Indicó
que la mujer es presionada a abortar por una sociedad machista. “Crear un
derecho es una respuesta para mujeres fuertes, no para las desesperadas”. Destacó que este proyecto anejaría varias
modificaciones al Código Civil. “¿Si atacamos las raíces en lugar de las
consecuencias?” preguntó retóricamente y explicó que el referente afectivo, que
puede ser la pareja de la madre, podría llevar a la nena de la que abusó a
abortar y después todo seguiría igual. “¿Hay libertad para elegir cuando pueden
abortar y no para darlo en adopción durante el embarazo?” Aseguró que este es
un proyecto que oculta los traumas y silencia los abusos.
Hernán Munilla
Lacasa, profesor de Derecho
Penal (UCA); dijo que de un legislador se espera que respete la normativa
vigente. Recordó que la vida es el primer derecho humano y que como dice la
Constitución Nacional, los tratados internacionales y el Código Civil hay que
protegerla desde la concepción. “El aborto es la destrucción de la persona por
nacer en el seno materno”. Analizó “incoherencias intrínsecas” del texto
propuesto. Señaló que para el proyecto hay vida, pero subordinada a la decisión
de la madre. “El que aporta la mitad de los cromosomas, el padre, no es tenido
en cuenta”. Destacó que en los casos de violación el aborto, lo único que
borra, es la vida del hijo.
Ricardo Gil
Lavedra, abogado
constitucionalista y exdiputado nacional: sostuvo que “no hay cepo
constitucional para el aborto”. “La protección a la vida debe ser incremental y
en las primeras semanas prevalece la voluntad de la madre”. “Es una cuestión de
política legislativa, el legislador tiene que decidir cuándo penalizar”. “Hay
de por medio un derecho de la mujer, no puede utilizarse el cuerpo de la mujer
sin su consentimiento”. Para Gil Lavedra obligar a la mujer a seguir con el
embarazo es “cosificarla”.
Andrea Imbroglia (Cáritas Argentina): “nosotros acompañamos a las
personas en situación de pobreza, nadie nos puede decir lo que piensan esas
mujeres ante un embarazo”. “Los que dicen que las mujeres pobres quieren el
aborto, o no las conocen o mienten”. “Legalizar el aborto es ser anti-derechos
de personas en situación de pobreza”. “Hoy escuchamos estupefactos a un
funcionario decir que aquí no hay dos vidas, esto lo saben y defienden la
inmensa mayoría de los pobres” “¿Cómo vamos a suprimir personas porque no
encajan con mi proyecto de vida?” “A las mujeres pobres que quieren abortar
envíenlas con nosotros que las vamos a acompañar”. “A ellas les decimos que no
están solas”. “Sabemos de lo que son capaces de hacer en las situaciones
límites”. “Hay que respetar la vida especialmente de los más pobres y
vulnerables, desde el vientre materno”. “Toda vida vale”.
Silvia Oizerovich, ex directora de Salud Sexual y Reproductiva de la
secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Nación: habló de su experiencia
como médica del hospital Pirovano y como funcionaria. “Se trata de un tema de
salud pública”, enfatizó y mencionó que a comienzos del 2019 el Ministerio de
Salud de la Nación comenzó a enviar misoprostol a las provincias. Volvió a
hablar de las “necesidades” de las mujeres pobres.
María Elena Critto, socióloga: derribó mitos del discurso abortista en
base a estadísticas oficiales. Mencionó que las muertes por aborto representan
el 0,2% de las defunciones de mujeres en edad fértil. En el 2018 hubo 257
muertes maternas y sólo 19 (7%) se vinculan al aborto procurado. Argentina
tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo. Las hospitalizaciones
por abortos clandestinos son el 10% de las hospitalizaciones por maternidad.
Mencionó que otros países redujeron la mortalidad materna sin legalizar el
aborto.
Mabel Bianco, médica feminista presidente de la Fundación FEIM:
“una internación vinculada al embarazo, parto y puerperio afecta a la familia y
a la sociedad”. Para Bianco no poder acceder al aborto es “violencia hacia las
mujeres”, particularmente hacia las mujeres pobres”. “La clandestinidad mata y
enferma”.
Ernesto Beruti, Jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital
Austral: Narró que hace 37 años que ejerce la obstetricia y que los primeros 17
años estuvo en la Maternidad Sardá. Describió los embriones que tuvo en su mano
tras abortos espontáneos. “Si pudieran ver un embrión de 2 meses de gestación
podrían contar los dedos de las manos y los pies”. “Desde el primer instante de
la concepción comienza una vida humana y los médicos podemos comprobarlo. ¿por
qué no se acepta la evidencia?” “El embrión molesta, no tiene buena prensa, pero
es una realidad”. “No pasen a la
historia como los que le impidieron nacer a miles y miles de seres humanos”
Mario Sebastiani, médico obstetra del Hospital Italiano: “No sabemos
cuántos abortos tenemos porque es clandestino”. “En estos 37 años de democracia
hemos tenido más de 3.000 muertes maternas”. “Hay que despenalizar el aborto,
no para mejorar la salud pública sino por la dignidad de las mujeres”. A la
hora de las preguntas remarcó que al bebé se lo mata en el vientre materno,
entre otras cosas, porque no le pueden decir a los neonatólogos que no hagan
nada.
Osvaldo Carnibal, pastor evangélico y consejero de la Catedral de la
Fe: “el proyecto es inoportuno porque divide”. Mencionó muchas preocupaciones
de la población que son anteriores a la legalización del aborto. “Un aborto
siempre es un asesinato, es una mamá asesinando a su hijo con la ayuda del
Estado”. Hay una mayoría celeste que rechaza el proyecto, manifestó y habló de
la marcha del último fin de semana. “La vida pertenece a Dios y él debe determinar
la hora de la muerte”. Curiosamente al término de la exposición la diputada
Cecilia Moreau le dijo que la cámara había acordado no aceptar la palabra
asesinato.
Adolfo Rubinstein,
ex secretario de Salud: “en el 2018
el aborto entró en la agenda pública con una fuerza incontenible”. Recordó que
esta vez el presidente envió el proyecto y remarcó que “es un tema de salud
pública”. “Las consecuencias para la salud de las mujeres del aborto ilegal son
clarísimas”. “Hay casi un aborto por cada 2 nacidos vivos. “Hay unas 40.000
hospitalizaciones al año y las muertes rondan en 20”. “Los países que
legalizaron el aborto redujeron su frecuencia”. “Que sea ley”.
Miguel Ángel
Schiavone, decano de la Facultad
de Ciencias Médicas (UCA): Subrayó que argumentan que es un problema de salud
pública cuando esas manifestaciones ya se refutaron. “El problema que no se
resuelve es la pobreza y las enfermedades emergentes”. “La cifra de pobreza es
escandalosa, supera al 40% de la población”. “¿Qué hace la salud pública para
evitar las muertes maternas que no están vinculadas al aborto?” “Se registraron
7.200 muertes en menores de 5 años ¿qué hace la salud pública?” “¿Y las 14
muertes de menores por desnutrición? ¿habrá que agregar comida al programa
Remediar?” “¿Dónde están los programas para reducir las muertes neonatales
evitables?” “El 50% de los niños está por debajo de la línea de pobreza y
discutimos aborto”. “Nos sentimos estafados intelectualmente por los que dicen
que esto es un problema de salud pública”.
María Luisa
Storani. Ex Diputada Nacional
(UCR): “Hay niñas embarazadas obligadas a parir”. Destacó el trabajo de la
“Campaña por el derecho al aborto”. Encuadró el debate en un tema de “derechos
humanos” y de “salud pública”.
Fishel Szlajen, rabino y Dr en Filosofía: Fustigó el aborto a demanda,
pero lo reivindicó en ciertas circunstancias como la violación y cuando hay
riesgo para la vida de la madre, es más, en el último caso dijo que la mujer
debería ser obligada a abortar.
Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense: “Esto acarrea la
mortalidad de mujeres”. “En la provincia de Buenos Aires hay 17.000 mujeres que
ingresan anualmente a los hospitales públicos por haberse realizado un aborto”,
“son las que no pueden pagar un aborto seguro, y lo mismo pasa con la enorme
mayoría de las que fallecen”. “Hay que pensar en el bien común superior, que en
este caso es evitar los problemas que acarrea el aborto clandestino”.