DON BOSCO

DON BOSCO
"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

LEGALICEMOS EL HOMICIDIO



Por Prudencio Bustos Argañarás*

La Voz del Interior, 22-2-18

Cuando se realiza un aborto existe ya una vida diferente, con identidad propia y con su propio perfil genético, único e irrepetible.

Una encuesta realizada recientemente en Córdoba dio como resultado que el 65 por ciento de los consultados está a favor de la legalización del aborto, aunque paradójicamente un 49 por ciento lo considera un atentado contra la vida.

Semejante contradicción lleva a pensar que las preguntas estuvieron mal formuladas o que la encuesta fue deliberadamente manipulada para obtener una respuesta favorable al aborto. De otra manera, no puede entenderse cómo una persona sensata pueda estar a favor de legalizar algo que considera un homicidio.

En una nota aparecida en La Voz el pasado domingo 11 de febrero, un abogado y sociólogo celebra el resultado y califica a la legalización del aborto como un avance moral y cultural y una señal de madurez de la población, al incorporar el pluralismo y el derecho de la mujer a matar a su propio hijo para evitar un riesgo de su salud o porque simplemente el embarazo le provoca molestias y estrés.


Sin duda el tema es materia de controversia, pero sorprende que quienes defienden la legalización lo hacen destacando los beneficios que obtiene una mujer al realizarse un aborto, pero nada dicen del costo que paga el hijo muerto, que es nada menos que su vida.
Parece que para ellos el derecho a la vida de esa criatura no cuenta a la hora de hacer el frío balance mercantil de costos y beneficios. O bien que el derecho al bienestar de una persona está por encima del derecho a la vida de otra.

En la ciencia médica, se discute acerca de cuál es el momento en que aparece la vida humana, y hay sobre el particular dos teorías. La primera –consagrada en los artículos 4°, 19° y 59° de nuestra Constitución y en el juramento hipocrático que hacemos los médicos al recibir nuestro título– considera que la vida comienza en el momento en que los gametos femenino y masculino se unen para crear un nuevo ser.

La otra entiende que el inicio se da cuando ese nuevo ser anida en el endometrio materno, lo que ocurre entre el séptimo y el décimo día consecutivo a la fecundación.

El diagnóstico de embarazo es siempre posterior a ambas circunstancias, por lo que cuando se realiza un aborto, cualquiera sea la teoría aceptada, existe ya una vida diferente, con identidad propia y con su propio perfil genético, único e irrepetible.

Si por no estar aún desarrollado en plenitud y depender de su madre para sobrevivir, el niño no mereciera gozar del derecho a la vida, deberíamos concluir que es también lícito matarlo después del nacimiento, pues tampoco está totalmente desarrollado ni capacitado para valerse por sí mismo.

Es cierto que el Código Penal contempla, en el artículo 86º, atenuantes y excusas absolutorias en casos especiales, pero ellas no modifican la condición criminal que dicho cuerpo normativo atribuye al aborto sino que permiten al juez eximir de la pena prevista a quienes lo cometan en determinadas circunstancias, a semejanza de lo que ocurre con el homicidio cometido en defensa propia o en estado de emoción violenta.

A nadie en su sano juicio se le ocurriría, por ejemplo, solicitar autorización a un juez para matar a su vecino, con el argumento de que lo insulta, creándole violencia moral.

De nada sirven en este debate los argumentos de naturaleza religiosa, ni a favor ni en contra, pues las conclusiones obtenidas solo serían valederas para quienes profesan determinadas creencias, y la ley debe ser hecha para todos los ciudadanos, cualquiera sea su religión.

Por todo lo dicho, entiendo que legalizar el aborto –un homicidio intrauterino– no sólo no constituye un avance moral y cultural, sino que es un marcado retroceso en ambos órdenes, pues implica renunciar a la defensa del primero de los derechos humanos, que es el de la vida, que tantos siglos nos costó consagrar.

Con el agravante que se trata de la de un ser inocente e indefenso, lo que nos retrotrae a dos mil años atrás, cuando los espartanos arrojaban desde el monte Taigeto a los niños que nacían defectuosos. Ellos habrán creído que defender de esa manera la pureza de su pujante civilización era también un avance.


* Médico e historiador

¿CUÁNTAS SON REALMENTE LAS MUERTES MATERNAS POR ABORTO EN LA ARGENTINA?


Por Claudia Peiró
Infobae,  20 de febrero de 2018

En 2016, en todo el país, hubo 43 muertes maternas por aborto, según el Ministerio de Salud de la Nación, pero esa cifra incluye todos los casos, sin discriminar entre interrupciones voluntarias del embarazo y abortos espontáneos, es decir, naturales.
"En el año anterior ese mismo indicador era 55, lo que significa que las muertes maternas vinculadas a un aborto se redujeron en un 20 % y representan el 0,025 % del total de defunciones femeninas", según el portal Notivida.

Cuando se debate la legalización del aborto, el tema del riesgo de vida para la mujer que se somete a esa práctica ilegal es uno de los más esgrimidos pero llamativamente no va acompañado de ninguna estadística; aun así, es muy frecuente que se afirme que el aborto clandestino es la primera causa de muerte materna.
De hecho, el argumento fue reiterado en ocasión de la manifestación que tuvo lugar ayer frente al Congreso. Nuevamente, sin datos que sustenten el tremendismo ni la declaración de que estamos ante "un grave problema de salud pública".

Sin embargo, cada año, el Ministerio de Salud da a conocer las estadísticas vitales del país, es decir, los nacimientos y defunciones que se producen en todo el territorio, la tasa de mortalidad infantil, la de mortalidad materna y las causas de los fallecimientos, entre otros. Además, los datos se desglosan por género, franjas de edad, provincias, etcétera.
Técnicamente, la mortalidad materna o muerte de mujeres gestantes es -según la Organización Mundial de la Salud- "la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo" y "debida a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el embarazo mismo o su atención".
Es un indicador socialmente relevante porque está muy correlacionado con el acceso de la mujer a la atención médica durante el embarazo y a la atención obstétrica de calidad durante el parto.
Entre las causas de esa mortalidad materna se encuentran las complicaciones que pueden surgir de un aborto, pero no sólo inducido, sino también espontáneo.

En la Argentina, durante el año 2016 -último medido por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS)-, se produjeron 245 muertes maternas. De ellas, 135 se debieron a causas obstétricas directas, es decir, resultado de complicaciones del propio embarazo o parto; 67 fueron por causas indirectas, o sea por problemas de salud preexistentes -diabetes, alta presión- o contraídos durante la gestación -caso del virus H1N1, por ejemplo-; y 43 se debieron a "embarazos terminados en aborto".
 La cifra del Ministerio de Salud engloba, además de los abortos provocados, a otras siete subcausas.

"No hay que pasar por algo que seguimos sin conocer el número de muertes maternas a causa del aborto provocado -dijo a Infobae Mónica del Río, directora del portal Notivida– porque el Ministerio de Salud sigue difundiendo sólo las muertes maternas por 'embarazo terminado en aborto' y esa cifra, que se simplifica como 'muertes por aborto', engloba, además de los abortos provocados, a otras siete subcausas, entre ellas: molas [anomalías de la placenta], embarazos ectópicos [cuando el feto se implanta fuera del útero] y abortos espontáneos; en todos estos casos la legalización de seguro no influye".
Es llamativo que esta cifra que, aunque imprecisa, está a mano de todos y tiene sustento técnico, no sea citada jamás en los alegatos pro-aborto, mientras que sí lo es la cifra especulativa de 500.000 abortos practicados por año; un número sin sustento real.

La mortalidad materna es un importante indicador de la salud materna en un país. Según los expertos, cuando ese índice cae por debajo de las 50 muertes cada cien mil nacidos vivos -así se calcula- se entra en un buen nivel de salud materna. Argentina ya está por debajo de esa cifra, pero si se compara con Chile, que la ha bajado a 13, es que queda mucho por hacer.

Factores que inciden en la disminución de la mortalidad materna
De acuerdo al experto Elard Koch, doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile y director de investigación del MELISA Institute, "los factores que habían influido (en reducir la mortalidad materna) eran: cuánto había aumentado la educación de las mujeres, el acceso a la atención obstétrica de emergencia, el acceso al control prenatal temprano, el acceso a la atención profesional del parto por equipo obstétrico calificado, el acceso al agua potable y al alcantarillado porque disminuye las infecciones y el riesgo de infecciones puerperales y otras variables, como la disminución de la desnutrición; básicamente, éstas son las políticas públicas que mostraron un efecto claro en la reducción de la mortalidad materna".

Koch explica que en la mayoría de los países de la región que han mejorado la salud materna, "la mortalidad por aborto ha ido disminuyendo y en algunos casos ha desaparecido; en Chile por ejemplo la mortalidad por aborto prácticamente desapareció". Y esto se verificó antes del cambio legislativo. "Los cambios legislativos no tienen ningún efecto en la tasa de mortalidad materna desde el punto de vista de la evidencia científica", sostiene Koch.

 Mueren muchas más mujeres por desnutrición o suicidio que por un aborto provocado, pero esas muertes no ocupan el mismo espacio en los reclamos feministas.

"En 2016 murieron por deficiencias nutricionales 945 personas: 420 varones y 525 mujeres. De las 585 mujeres que se suicidaron, trescientas tenían menos de 35 años", dice Mónica del Río. Y concluye: "Mueren muchas más mujeres por desnutrición o por suicidio que a consecuencia de un aborto provocado, pero esas muertes no ocupan el mismo espacio, ni en los medios de comunicación, ni en los reclamos del movimiento feminista".

TRAS LA MARCHA, FEDERICO PINEDO SE PRONUNCIÓ EN CONTRA DEL ABORTO


Infobae, 20 de febrero de 2018

La movilización y el "tuitazo" a favor del aborto legal, seguro y gratuito reavivó el debate de uno de los temas que más diferencias genera en la dirigencia política y en la sociedad.
Este martes, tras la convocatoria realizada ayer, quien se manifestó en contra fue el senador nacional de Cambiemos Federico Pinedo. Al ser consultado sobre su postura personal, el legislador coincidió con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio: "No encuentro diferencia entre la vida de un chico por nacer y la vida de un chico que nació; en definitiva es un tema de defender la vida o no".

Pinedo, presidente provisional del Senado, es una de las principales espadas legislativas del Gobierno, por lo que parece improbable que el oficialismo habilite el debate en el Congreso pese a la creciente presión popular para dar una respuesta institucional al tema.
El propio presidente Mauricio Macri se había manifestado en contra del aborto en 2016.


"Yo creo que la nueva vida comienza cuando se genera un organismo que tiene un ADN propio con características diferentes al de los padres. Creo que lo que deberíamos hacer es mejorar los sistemas de adopción: es tremendo que haya gente que quiere adoptar y no puede, y en simultáneo hay gente que quiere abortar", evaluó Pinedo en diálogo con Luis Novaresio en Radio La Red. 

CASO CHOCOBAR: NO ES SÓLO UN CASO POLICIAL


Juan Yaría*

El Ojo Digital, 17 de Febrero de 2018

Reconstruir un futuro es regenerarse frente a la desesperación.
Raúl Motta, filósofo argentino.

* * *
El análisis periodístico y el debate social en relación a lo sucedido en ocasión del abatimiento y posterior deceso del joven Kukok a manos del oficial de policía Luis Chocobar -luego de que el primero apuñalara a un turista estadounidense y lo dejara abandonado en un estado cercano a la muerte- solo pareció centrarse netamente en la función de las Fuerzas de Seguridad. En tal sentido, el mensaje al que ningún medio de comunicación atendió fue el compartido por la madre de Kukok, mientras aún luchaba por su vida: 'Mi hijo está perdido; quiero internarlo, pero no puedo, porque me dicen que no se puede obligar a una persona a que empiece un tratamiento de adicción a las drogas si no es voluntariamente'. A continuación, su lamento refiere: '(...) Ya no sabemos qué hacer con él'. En la desesperación de esas palabras, recobran sentido y valor los conceptos del filósof Motta.

Y habrá que decirlo: la situación que atravesó esa familia es idéntica a la que exhiben otros miles de núcleos familiares en la República Argentina, en este momento. La aplicación incorrecta de la legislación vigente impide, a todas luces, la protección y el resguardo preventivo de estos jóvenes, que se caracterizan por experimentar una carrera desenfrenada en el consumo de sustancias. No pueden detener ese proceso, porque de eso se trata, precisamente, una adicción; esto es, la imposibilidad de evitar ese empeño autodestructivo. Es que la voluntad también queda herida de muerte en estos individuos: es prácticamente imposible que un consumidor compulsivo 'toque el timbre' en un centro de rehabilitación, para ser atendido. 

Periódicamente, sucede que la persona es llevada allí por alguien (a partir de un accidente, o por presión familiar, o bien debido a una intervención judicial). La ignorancia -que atraviesa hoy un sinnúmero de estamentos- estima que este tipo de intervenciones comportan un carácter represivo cuando, en rigor, es el resguardo de la vida humana lo que está en juego. La contrapartida, y tal como el joven Kukok -que exhaló su último suspiro en el Hospital Cosme Argerich- es un escenario en donde la ciudadanía asiste como mudo e impotente testigo de un extendido drama social que remata en tragedias. Los padecimientos de los familiares de un consumidor juvenil de drogas son dramáticos. En este caso en particular, el drama mutó en tragedia y no hay ya vuelta atrás: pero pudo evitarse, de haberse registrado la intervención de determinados actores sociales (léase: un proceso de rehabilitación y prevención social). Este ha sido el gran tema, referido en múltiples ocasiones en este preciso espacio de comunicación.

La escasez de centros para patologías severas es el dato que hemos venido subrayando: desde 2010, la legislación argentina no permite inaugurar centros de alta especialización en patologías múltiples en donde el uso compulsivo de drogas se asocia a daños cerebrales y síntomas psiquiátricos. En el instante histórico presente, nuestro país ha optado por ignorar a las denominadas patologías severas en el campo adictivo. En consecuencia, jóvenes como el de la historia que hoy nos ocupa, quedan fuera de alcance de cualquier atención mínimamente digna. O bien solo cuentan con acceso limitado a salas hospitalarias atestadas por jóvenes de la misma condición que Kukok; tales espacios terminan convirtiéndose en meras 'tintorerías' o 'lavaderos' de personas que, al poco tiempo, retornan al ciclo del consumo compulsivo. En otros casos, unas pocas clínicas psiquiátricas los atienden por periódos breves (nunca más de un mes, provisto que, naturalmente, la persona cuente con una buena obra social), y todo redunda en el ofrecimiento de simples aspirinas para tratar un mal de mayor magnitud. Apenas un calmante de acción perentoria en la existencia de estas familias, que luego regresan al sendero de rigor: sus integrantes cierran el círculo con un destino certero en prisión, o bien en la muerte. Instancia en la que tampoco deben soslayarse accidentes callejeros con lesiones incapacitantes de por vida, y en perpetuo riesgo para sí mismos y para terceros.

Tanto la sociedad argentina como sus autoridades han optado por cerrar los ojos e ignorar la magnitud de la epidemia. Complementariamente, la imposibilidad de apertura de centros de alta complejidad para rehabilitación conduce, inexorablemente, a la inauguración de centros ilegales que carecen de habilitación médica y de profesionales serios; tampoco interviene allí autoridad sanitaria alguna. A la postre, todo parece estar diseñado para fogonear o alimentar el núcleo de la epidemia.

Hora de abordar la complejidad

La situación, en definitiva, se complica. Porque estos muchachos viven en medios habitualmente críticos, caracterizados por los siguientes factores: a) escasa o nula asistencia escolar (habitualmente, ni siquiera culminan el primario); b) sus familias cuentan otros consumidores en su seno; c) escasa 'nutrición relacional' ('mesa familiar' ausente, así como los vínculos y la cercanía de los afectos, que han probado ser la vacuna fundamental en una sociedad con innumerables estímulos que invitan a la patología); d) consumo de drogas que se registra desde la infancia (11 o 12 años); e) notoria ausencia de campañas masivas de prevención de drogas desde hace casi ya dos décadas en el país; lo cual motoriza a la 'normalización' del consumo, por parte de medios de comunicación y personalidades, etcétera; f) la existencia habitual de grupos familiares disgregados, multiproblemáticos (varios miembros del núcleo tienen problemas de salud mental), lo cual se completa con una intensa vida callejera en permanente contacto con grupos de orden marginal; g) locaciones barriales de comercialización de drogas al alcance de la mano de todos los habitantes, que multiplican su oferta desde canales como Facebook o WhatsApp.

Fundamentalmente, la detección precoz -recurso crítico en cualquier programa preventivo funcional- se caracteriza por una ausencia total a nivel nacional. Se utilizan, por ejemplo, en las patologías mamarias, diabéticas, hipertensivas, etcétera -pero no en el concierto de las drogas. Al final del partido, la ausencia de detección precoz condena a miles de jóvenes y a sus familias. La marihuana, por ejemplo, hoy es tomada ya como un dato certificado en la vida de cualquier adolescente; su promoción aumenta. Como ya es costumbre, hacemos a un lado las problemáticas de índole emocional que empujan a la persona al consumo y a la inermidad biológica -particularmente, de individuos jóvenes, conforme el cerebro de estos se encuentra en pleno desarrollo y recién culmina ese proceso a los 25 años. Los profesionales nos referimos, puntualmente, al área que hace al control de los impulsos, el pensamiento abstracto, la lectura de sí mismo, la empatía con el otro y el juicio moral. En estas circunstancias evolutivas, el consumo de estupefacientes hace las veces de quien 'echa leña al fuego'. La denominada hipofrontalización de los jóvenes se amplifica, a partir del uso de todo tipo de drogas. De allí, por ejemplo, emergen conductas como la del joven abatido Kukok. Será hora de prestar verdadera y sincera atención: la vida de un joven en carrera de consumo se caracteriza por un absoluto caos.

Tareas de rehabilitación

La recuperación de estos jóvenes fuerza a una tarea que llevará un tiempo prudencial, y que comporta cuatro elementos (unidos en la complejidad del problema): 1) recuperar la función cerebral alterada, debido a que la totalidad de las drogas altera el metabolismo del cerebro y sus funciones, generando -en principio- un hipofuncionamiento de las estructuras superiores de control (de allí la violencia descontrolada) y un hiperfuncionamiento de las estructuras instintivas y más automáticas del ser humano. Se libera al cerebro automático y se registra el fallo operativo del cerebro más lento y reflexivo, ligado a la planificación, al pensamiento y al control de los impulsos; b) rehabilitar funciones de la personalidad que habían quedado marginadas, dado que la vida en las adicciones severas solo se centra en conseguir las sustancias requerida; aquí, los diálogos terapéuticos y los grupos de contención cobran una importancia fundamental; c) promover a cambios de conducta y comportamiento, en virtud de que algo se ha visto modificado en la vida psíquica de nuestros pacientes, los cuales quedan eminentemente vulnerables ante personas con quienes consumían, o bien a sitios físicos de consumo (esquinas, plazas, boliches, etcétera), a la parafernalia del consumo (pipas, objetos de corte de sustancias, y demás) y a los ambientes adictivos; a lo cual habrá de sumársele la necesidad de protección y resguardo ante eventuales escenarios de estrés, puesto que, en etapas iniciales de tratamiento, las conductas automáticas ante los estupefacientes suelen reiterarse; finalmente, d) proceder a la contención y sincera orientación de las familias, por cuanto éstas habrán de ser garantes del proceso de rehabilitación. En simultáneo, es posible que otros miembros del núcleo familiar precisen ingresar en un proceso terapéutico.

*Doctor en Psicología, y Director General en GRADIVA, comunidad terapéutica profesional 

CONFERENCIA SOBRE ECONOMÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA


  archimadrid.org, 14 de Febrero de 2018

La parroquia Santa Ana y la Esperanza (c/Cañada, 35) acogerá una conferencia con el tema Economía y doctrina social de la Iglesia. José Luis Fernández Fernández, profesor del ICAD y autor de El capitalismo. ¿Bastan las leyes del mercado para regular la economía?, intentará dar respuesta a cuestiones como: ¿bastan las leyes del mercado para regular la economía?, ¿por qué son mayores las diferencias entre los países ricos y pobres?.


Se podrá escuchar el próximo 22 de febrero, jueves, a partir de las 20:00 horas.

CONTRA LA LEGALIZACIÓN DE LA DROGA

Hay que actuar sobre la demanda

Horacio Florencio Reyser

Miembro del Observatorio de Prevención del Narcotráfico


La Nación,  16 de febrero de 2018 

Leer la nota de Mario Vargas Llosa genera asombro y preocupación. Creer y manifestar que "la mejor manera de combatir la droga es legalizarla" evidencia una interpretación del tema de la drogadicción que sigue poniendo en el centro del problema a la droga. Este error se comete desde hace tiempo y entonces se concluye que como "la guerra contra las drogas ha fracasado", la solución es facilitar el acceso a través de la despenalización y la legalización.

En el centro del problema de las drogas está la "persona" que se droga; en consecuencia, las acciones nunca deben estar orientadas a facilitar el consumo, sino a reducir la demanda. El mundo entero se ha expresado en este sentido a través de la histórica Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en 2016. El informe final de esa Asamblea tiene un fuerte enfoque en la prevención y el tratamiento, es decir. en las personas, en evitar que caigan en la adicción y en recuperar a los que han caído. Confirmando está mirada, la World Health Assembly de mayo de 2016 expresa que para enfrentar el problema global de las drogas "debemos poner primero a la personas". Otra referencia valiosa es que a comienzos de 2017 la ONU ratificó que "la legalización de la marihuana viola la norma internacional".

Finalmente, se han vinculado los Objetivos de Desarrollo Sustentable para 2030 de la ONU a las políticas de prevención de la drogadependencia, porque se asocia claramente el contexto social al consumo de sustancias. Los objetivos allí definidos vinculados con la salud, el bienestar, la educación, la equidad, la pobreza, el trabajo, la paz, la justicia y la consolidación de instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos son fundamentales para lograr un contexto social preventivo.


Las naciones del mundo han reaccionado ante el brutal incremento del consumo de drogas y sus graves consecuencias, y expresan que "lo fundamental es actuar sobre la demanda". Poner a la persona en el centro del problema y desarrollar acciones concretas para estimular en todos los ámbitos sociales el deseo de vivir una vida digna en libertad, lejos de la esclavitud de las drogas. Es necesario crear un contexto social verdaderamente inclusivo y aportar a nuestros chicos una formación que los ayude a enfrentar dignamente los desafíos de la vida y que sean capaces de discernir y de tomar decisiones basadas en valores y principios que les den verdadero sentido a sus vidas. Que los aleje del consumo, de la violencia, del delito y de comportamientos hedonistas, individualistas y de la búsqueda de un bienestar inmediato que pareciera justificarlo todo.

Una formación tendiente al desarrollo de una personalidad que los disponga a enfrentar con coraje y alegría los desafíos de la vida. Que sepan comprender el sentido del sacrificio, del dolor, de los procederes éticos y del valor del respeto y del trabajo por el bien común.

Las leyes cumplen además una función pedagógica. ¿Qué enseñanza nos deja dar a las drogas un reconocimiento legal? Evitemos difundir teorías alejadas de la realidad que vive nuestra gente. Asumamos de verdad el compromiso de trabajar seriamente por una sociedad que privilegie el bien común con una particular atención en nuestros hermanos más necesitados.

Nadie que haya compartido el dolor de una familia afectada por la droga podría aceptar la legalización de sustancias que son sinónimo de muerte.



LA FASCINACIÓN TRANSGRESORA

Julio María Sanguinetti

Expresidente del Uruguay

La Nación, 14 de febrero de 2018 

Nuestro amigo Mario Vargas Llosa viene escribiendo a favor de la legalización generalizada de las drogas, afirmando que es el único modo efectivo de superar la criminal clandestinidad creada en torno a su producción y distribución. Se apoya en la prédica cuestionadora de la política de las Naciones Unidas llevada adelante por la Comisión Global de Política de Drogas, que -entre otros-han integrado también prestigiosos amigos como los presidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, y César Gaviria, de Colombia.

En lo personal veo tan simplista pensar que vamos a superar el flagelo a fuerza de persecución como lo contrario. El tema es demasiado complejo para que acepte soluciones sencillas. Como un aporte a ese debate, valga la experiencia uruguaya en curso. Ante todo, digamos que nunca hubo una visión condenatoria del consumidor, a tal punto que legalmente se despenalizaron el consumo y la tenencia de marihuana para uso personal en 1974. Desde entonces, en el mundo comenzó a abrirse camino una tendencia hacia una legalización y en Uruguay, en 2014, se lanzó lo que el presidente Mujica, autor de la iniciativa, llamó un "experimento". Se reguló la circulación de marihuana, habilitando el autocultivo, los clubes canábicos y la venta a mayores de 18 años en farmacias (40 gramos por un mes) de un producto ofrecido por el Estado, comprado a proveedores elegidos por licitación. Todos los consumidores, aun los que compran en farmacias, deben registrarse en un instituto oficial, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), que maneja administrativamente todo este complejo andamiaje.

Desgraciadamente, todo se manejó improvisadamente. La idea se lanzó en 2011, la ley se aprobó a fines de 2014 y recién el año pasado comenzó a funcionar muy trabajosamente. Se vende en sólo 12 farmacias de las 1110 que hay en el país, dada la resistencia de esos comercios que se sienten pulcros emblemas de salud, incompatibles con el mundo de la droga.


El presidente de la república, Tabaré Vázquez, oncólogo y líder de una exitosa campaña contra el tabaco en su primera presidencia, no es partidario de la ley. La cumple, pero aclara que toda droga es nociva, que como médico nunca la usó y que el Uruguay no entrará de modo alguno en la marihuana turística. Un nuevo inconveniente apareció: los bancos, en función de las normas internacionales que impiden trabajar con quienes venden drogas, anuncian el cierre de las cuentas de las farmacias que integran el programa.

En los hechos, hay registrados oficialmente 7536 autocultivadores, 69 clubes (de entre 15 y 46 integrantes) y 15.627 habilitados para comprar en farmacias. Las autoridades del Ircca consideran que es todo un éxito la regulación, a tal punto que en las pocas farmacias habilitadas se forman colas de los consumidores registrados, quienes superan el estigma de la clandestinidad. Estiman también que el propósito fundamental de la regulación, que es reducir el negocio del narcotráfico, se está cumpliendo.

Los críticos de la ley, por su parte, señalan que el consumo de marihuana ha aumentado verticalmente (600%, según datos oficiales), que también ha ocurrido con la cocaína y que el mercado de consumidores ha aumentado por la banalización del consumo. Añaden que la clandestinidad se mantiene para los menores, que son el público en mayor riesgo; que la variedad de drogas actuales (la mayoría sintéticas) encuentran su puerta de entrada en la marihuana y que no hay conciencia de los daños en la salud. Mientras tanto, se aprecia un aumento de la criminalidad vinculada al comercio de drogas, con la aparición de bandas enfrentadas.


A esta altura lo sensato es esperar a que en cuatro o cinco años se puedan evaluar resultados que hoy no son concluyentes. Lo que sí advierto como peligrosísimo es el jolgorio de opinión pública que se ha creado en torno al tema. La novelería, la moda, la fascinación transgresora, hacen cool la marihuana y la juventud no tiene la menor idea de lo que, por unanimidad, concluyen los estudios médicos serios en el mundo entero: que hay efectos incuestionables sobre la atención, la memoria, las depresiones, la esquizofrenia, la capacidad cognitiva y aun el cáncer en quienes son fumadores. La "maruja" ha pasado a ser algo así como una mezcla de Dom Perignon con penicilina. Son comprobadas, por cierto, sus posibilidades médicas, tal cual ocurre con el opio, la corteza de sauce y tantos otros vegetales, pero que son procesados en laboratorios, estudiados sus resultados y autorizados por las autoridades sanitarias.

Mientras tanto, crecientemente, los liceos registran alumnos que abandonan las aulas y las clínicas psiquiátricas se llenan de muchachos que tempranamente han adquirido el hábito.