En los últimos días se registraron dos hechos al parecer desvinculados entre sí, pero que forman parte de la misma trama de violencia, corrupción e impunidad que asuela al país desde hace varios años. Uno es la decisión de un juez federal de ordenar la detención de cinco activistas ferroviarios, opuestos a la conducción nacional del gremio y sobre los cuales hay sospechas o indicios claros de haber participado en el incendio de varios vagones de trenes de la línea de trenes Sarmiento, a la altura de la estación de Haedo, en el Gran Buenos Aires; el otro, la dura y desafiante respuesta del secretario general de la CGT, Hugo Moyano .
Sucede que esta ola de ilegalidad está llegando a un punto alto, lo que lleva a muchos jueces a actuar de oficio o por denuncias de terceros, a veces con el respaldo del Poder Ejecutivo, como ha pasado en este caso. Los jueces no tienen sólo el derecho sino, fundamentalmente, el deber de actuar cuando se cometen delitos. E incendiar vagones ferroviarios es un delito, no sólo por el daño material o patrimonial causado sino también por el riesgo al que se somete a los pasajeros y los propios trabajadores de estaciones y andenes. Y el Gobierno tiene la responsabilidad de respaldar a la Justicia o dejarla actuar con libertad, sin interferencias políticas de ninguna naturaleza.
En cuanto a la CGT o cualquier otra entidad gremial, no tienen derecho a denunciar supuestas campañas de persecución de militantes sindicales cuando de lo que se trata, simplemente, es de investigar y eventualmente juzgar supuestos delitos, procedimientos que pueden terminar con una absolución o una condena. Jamás la CGT puede “exigir” la libertad de un gremialista preso, ya que esa “exigencia” implica una abierta presión sobre la Justicia y una inaceptable defensa de derechos corporativos, que la mayoría de las veces choca contra el interés general.
Por este camino se va instalando un sistema de ilegalidad e impunidad que atenta de manera grave contra el orden republicano, que puede empezar con las interrupciones del tránsito y el virtual copamiento de sectores enteros, hasta llegar a límites más extremos, como el enfrentamiento de bandas armadas o el asesinato. Así ocurrió con el joven Mariano Ferreyra, muerto a balazos por una patota de la Unión Ferroviaria, gremio cuyo secretario general, José Pedraza, está preso en relación con esa causa.
Si se agrega a este hecho la circunstancia de que Pedraza es dueño de un lujoso departamento en Puerto Madero, se tendrá una idea más clara sobre las sospechas de un entramado de corrupción y violencia. El actual Gobierno nacional muchas veces dio vía libre a las manifestaciones ilegales y a la acción de grupos violentos. Pero la situación ha llegado a su límite y todos deben actuar en la línea de defensa del Estado de derecho y del orden público.
La Voz del Interior, Editorial, 4-10-11