Aldo Neri
LA NACION, 11 DE FEBRERO DE 2016
Hace pocos días se dio a conocer una experiencia
realizada en una ciudad de Holanda: la aplicación de un ingreso básico,
universal e igualitario para las personas y, en caso de haber menores, para las
familias, distribuido por el Estado y conceptualizado como derecho de
ciudadanía. El proyecto ya ha sido propiciado antes por integrantes tanto de la
izquierda como de la derecha política, por motivos e intenciones diferentes.
Para un Milton Friedman, que lo teorizó también, es un acompañante del concepto
de "Estado mínimo", en tanto que para un socialdemócrata europeo es
acompañante del concepto de "Estado de bienestar".
El objetivo central del proyecto es garantizar un
nivel mínimo de nivel de vida para toda la población, a partir del cual cada
ciudadano pueda construir su realidad según su esfuerzo y las aptitudes con que
cuenta. Conjuga la garantía comunitaria y la libertad y responsabilidad
individuales. Cada nación lo instrumentaría en el modo que se lo permite su
economía, su capacidad de gestión del Estado y su cultura política.
El Estado de bienestar de posguerra fue construido con
la hipótesis de alcanzar el pleno empleo asalariado al que se acoplaban los
derechos sociales. La evolución del mundo productivo y de los mercados de
trabajo contemporáneos demostró que no era socialmente suficiente. Incluso en
períodos de bonanza económica disminuyó la pobreza y se mantuvo la desigualdad,
como nos pasó a los argentinos recientemente. Y la desigualdad marcada hace
estragos sociales y culturales, y funciona como un formidable condicionante de
la política, no siempre asumido.
En una república democrática con inspiración social
hay determinadas cosas que muchos pensamos que deben ser universales e
igualitarias, como el transporte público, el acceso a la educación y al
servicio de salud, el acceso a la vivienda básica con los servicios necesarios,
el contorno ambiental saludable, la garantía para los discapacitados, la
seguridad social entendida como derecho de ciudadanía y no meramente como
derecho laboral. Debe ser así lo haga el Estado o el sector privado regulado
por el Estado. Dentro de esta concepción de universalismo e igualdad de algunos
campos sociales se inscribe el ingreso ciudadano.
Si es un derecho universal, lo reciben pobres y ricos
e intermedios, lo cual hace evidente que presupone un proyecto político
integral y no sólo un programa específico. Implica cambios impositivos
importantes no tanto en los montos globales, sino en la estructura impositiva y
en su destino.
Fin del clientelismo, es un derecho que se tiene, no
hay que agradecerlo a nadie, hay que agradecerlo a la democracia. Tenemos
buenos antecedentes los argentinos -desde el proyecto de las diputadas Elisa
Carca y Elisa Carrió en 1997, asesoradas por Alberto Barbeito y Rubén LoVuolo,
pasando por varios proyectos en el Congreso posterior, que no fueron tratados,
hasta la llamada asignación universal al niño de Cristina Fernández-, que,
aunque parciales, muestran un reconocimiento implícito de la reorientación
necesaria. La ex presidenta se quedó a medio camino entre el programa
asistencial condicionado y la concepción universalista, pero de todos modos fue
un paso importante en el buen camino.
Hay no pocas dificultades para emprenderlo; la
principal es que la sociedad argentina en el último cuarto de siglo ha
profundizado su tendencia a cercar a las clases sociales y a acentuar sus
desigualdades de todo tipo; la desconfianza entre ellas aumenta; la educación y
la salud se estratifican por clases o segmentos de población; el Estado es más
grande, pero también más ineficiente y corrupto; la política se degrada y
antagoniza hasta la exasperación, y las políticas públicas no corrigen la
tendencia ni atenúan los efectos de los altibajos de la economía.
El ingreso ciudadano tiene efectos no sólo sociales,
políticos y económicos, sino también culturales. La ciudadanía se siente más
integrada cuando comparte determinados bienes y servicios básicos en
condiciones de igualdad; el "todos adentro" refuerza la cohesión
social, y eso es la democracia social. No es menor la ventaja para la
convivencia democrática. Como nada sustantivo se cambia en poco tiempo, un
proceso de universalización de un ingreso ciudadano que apoye el bienestar y
tenga efectos positivos sobre el recurso humano de la economía tiene que surgir
de un acuerdo político mayoritario. Para que no sea verdad el vaticinio de José
Martí: "Si la república no abre los brazos a todos y adelanta con todos,
muere la república".
Médico y político, integrante de la Red Argentina de
Ingreso Ciudadano (Redaic)
