El Departamento de
Salud británico ha informado, en su página web, que ha pagado millones de
libras por más de un centenar de nacimientos "equivocados". Esta
expresión alude a 104 demandas judiciales presentadas por madres que alegan
errores de diagnósticos médicos, que no advirtieron la discapacidad de los
niños por nacer, lo cual les habría hecho perder la oportunidad de interrumpir
a tiempo su embarazo. Se trata de una posición que demuestra un lamentable
desprecio por la vida de las personas por nacer, que resultan las más
desprotegidas.
La demanda se funda
en la interpretación por parte de las madres de que la equivocación del cuerpo
médico que las atendió cuando estaban embarazadas les impidió abortar a tiempo
al bebe con discapacidad. Hay quienes entienden que se trata de un modo de
presión sobre los médicos y los sistemas de salud para que ofrezcan estudios
eugenésicos que podrían conducir a abortar a las personas con alguna
discapacidad.
Los casos que nos
ocupan son claramente eugenésicos y discriminatorios hacia aquellos niños que
son concebidos con alguna discapacidad; no estamos lejos del monte Taigeto o de
las experiencias de la
Alemania nazi. ¿Cuál será el parámetro de perfección que
permitirá eludir la demanda?
No podemos dejar de
mencionar aquí que, hace pocos días, en nuestro país, el flamante ministro de
Salud, Daniel Gollán, adelantó la intención de la cartera a su cargo de que la
interrupción voluntaria del embarazo fuera discutida, como "un debate
maduro con todos los sectores de la sociedad". Estas poco felices
expresiones fueron rápidamente desautorizadas por el jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández, quien subrayó que ese debate "no forma parte de la agenda de
este Gobierno".
Rápidamente,
comenzaron a escucharse las voces de quienes vienen insistiendo en la
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en función del
supuesto derecho que le asistiría a la mujer a decidir sobre su cuerpo y del
argumento de que no se puede castigar la decisión de una persona de no querer
convertirse en madre. Entre ellas, se encuentra la de la titular del bloque de
diputados del Frente para la
Victoria , Juliana Di Tullio, quien ha presentado tiempo atrás
un proyecto de ley para que toda mujer tenga derecho a interrumpir un embarazo
durante las 12 primeras semanas de gestación y pueda hacerlo gratuitamente en
cualquiera de los servicios del sistema público de salud.
Se trata, por cierto,
de opiniones que prescinden de la defensa de la vida y, en particular, de la
vida indefensa, que es la de los niños por nacer. Como hemos señalado
reiteradamente desde esta columna editorial, no puede haber dudas de que la
unión entre el óvulo y el espermatozoide crea una vida distinta de la de la
madre en el propio útero, con ADN diferente y específico para cada ser.
A su vez, el
argumento de que muchas mujeres mueren por abortos clandestinos -sobre lo cual
no hay cifras precisas- no tiene en cuenta la siempre mayor cantidad de niños
por nacer que pierden la vida en crueles prácticas en las que muchas madres
sobreviven.
La introducción, a
partir de lo sucedido en Gran Bretaña, del debate acerca de si la interrupción
voluntaria del embarazo puede justificarse cuando la persona por nacer tiene
algún tipo de discapacidad adquiere un grado de perversidad alarmante.
Como bien dice el
doctor Jorge Nicolás Laferrière, se trata ni más ni menos que de "la
cosificación de la vida humana", que deja de ser un don y se convierte en
un producto sujeto a "controles de calidad, contrarios a la dignidad
humana".
Quien haya tenido la
oportunidad de tratar con personas diferentes con capacidades especiales sabe
del extraordinario don que tienen esas personas y lo mucho que nos enseñan
sobre nuestras propias discapacidades, afectivas, morales, intelectuales y
psicológicas.
Uno de los mayores
logros del último siglo en materia de humanismo y dignidad del hombre ha sido
el lugar que las sociedades modernas han otorgado a las personas diferentes, respetando
y haciendo respetar su esencial igualdad en dignidad con cualquiera de quienes
se sienten capacitados.
La presión que se
realiza sobre las madres que gestan niños discapacitados, instándolas a
eliminarlos, es un fuerte retroceso de nuestra civilización, que se tiñe de un
nefasto cientificismo.
