Argentina discute sus
políticas de drogas
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Con cerca de
quinientos asistentes y la participación de funcionarios públicos, académicos y
especialistas, organizaciones de la sociedad civil y activistas, culminó la 12° Conferencia Nacional sobre Políticas de
Drogas en el Salón Azul del Senado de la Nación ubicado en al Ciudad de Bs As, organizada por la Asociación Civil
Intercambios por décimo segundo año consecutivo. Hubo expositores de Brasil
y Uruguay. El 3 y 4 de septiembre se realiza la V Conferencia
Latinoamericana sobre Políticas de Drogas en San José, Costa Rica, con
Intercambios AC como uno de los principales organizadores.
El debate
desarrollado en los distintos paneles coincidió en la necesidad de entender al
usuario de drogas como un sujeto de derechos y cambiar la perspectiva punitiva
y criminalizante por una socio-sanitaria. Especialistas y funcionarios
remarcaron el fracaso de la ley de desfederalización, que aumentó la
persecución de las tenencias, según argumentaron.
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(Buenos Aires,
17/07/14)
La presidenta de
Intercambios AC Graciela Touzé expresó en la apertura de la 12º Conferencia
Nacional sobre Políticas de Drogas “después de que el Senado aprobara en mayo la Ley de Abordaje Integral de
Consumos Problemáticos esperamos que se fortalezcan los avances producidos por la Ley Nacional de Salud
Mental, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con el Fallo Arriola y
las orientaciones del Ministerio de Educación de la Nación en materia de
prevención”. Sin embargo, mostró su preocupación por “la adhesión de algunas
provincias al régimen de desfederalización, cuyos resultados en Buenos Aires y
Córdoba alertan sobre esta estrategia que mayormente se ha aplicado como un
instrumento para continuar criminalizando a la población en situación más
vulnerable”. “También nos preocupan iniciativas como los Tribunales de
Tratamiento de Drogas que empezaron a funcionar en la provincia de Salta porque
hacen prevalecer la intervención penal y entran así en contradicción con otras
políticas públicas ya mencionadas”, enfatizó.
Por su parte, Carlos
Jacomet, Subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia de las
Adicciones (SEDRONAR) resaltó “la importancia de que todas las
responsabilidades de persecución al narcotráfico hayan pasado al Ministerio de
Seguridad de la Nación
y SEDRONAR se aboque solo a la prevención, capacitación y asistencia”, y en
este sentido expresó: “La cuestión de la drogadicción nace de la exclusión, no
sólo debemos observar al sujeto sino a las situaciones anteriores de las que ha
sido objeto. Tenemos una responsabilidad desde el Estado ante esto”.
A su vez, el Fiscal
Titular a cargo de la
Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Félix Crous,
expresó que “el paradigma represivo puso al usuario en un lugar satanizado.
Nuestro esfuerzo es darle un lugar respetuoso y ver si es verdad que nos
preocupan las personas, o sostener un sistema hipertrofiado que no se ocupa del
impacto que tiene en la salud pública”.
La representante de la Defensoría General
de la Nación Marina
Soberano, hizo hincapié en “el fracaso de la visión criminalizante y las
respuestas punitivas respecto al problema de las drogas y la necesidad de
modificar la actual ley de estupefacientes" y remarcó: “el desafío del
siglo XXI no es normativo sino que la gente pueda acceder a los derechos económicos,
sociales y culturales”.
Luego de la apertura,
se desarrollaron 3 paneles:
Dispositivos e
Instituciones. Actuales desafíos en la intervención, ¿Cómo desentrañar los
significados de demandas subjetivas y colectivas, a veces contradictorias?
¿Cómo habilitar diálogos entre la teoría, el contexto, lo institucional y lo
subjetivo? ¿Qué dispositivos pueden aportar legitimidad y validez a las
intervenciones? ¿Es posible pensar en procesos de transformación institucional?
fueron preguntas que motorizaron el debate.
Violencia urbana,
seguridad y drogas. Un título que contiene términos que remiten a fenómenos
complejos y como tales, su resolución requiere un gran debate serio y
responsable, con la participación de todos los sectores de la sociedad. ¿Qué
decisiones y acciones pueden tomarse para responder a estos fenómenos sin
agravar los niveles de violencia? ¿Qué respuestas se han implementado hasta la
fecha y con qué resultados? ¿Cómo intervenir para reducir atmósferas de temor
creciente? fueron preguntas que sivieron para abordar la complejidad del
fenómeno.
Políticas de drogas y
Derechos Humanos. Panorama en la Región Latinoamericana.
La aprobación el pasado 5 de junio, durante la Asamblea General
de la OEA , de la
resolución sobre promoción de los derechos humanos en el desarrollo de las
políticas de drogas, ha corroborado que Latinoamérica se halla a la cabeza del
debate internacional en este tema. ¿Cuáles son las brechas y los puntos de
encuentro entre los principios declarados en los foros internacionales y las
prácticas estatales? ¿Qué recomendaciones concretas pueden proponerse para
mejorar las políticas públicas?
Ana María
Cortes, Directora de Cooperación
Nacional e Internacional, (SEDRONAR), señaló que “Argentina está promoviendo en
distintos ámbitos multilaterales un enfoque equilibrado y multidimensional que
aborde integralmente el consumo problemático de drogas y aporte a la reducción
de la oferta y la demanda”. “Es necesario un paradigma de inclusión social que
promueva el proyecto de vida de cada sujeto, y trabajar en políticas de
desestigmatización; es un tema de salud social, no solo sanitario sino
comunitario”. Por último, destacó la iniciativa de “un observatorio regional
acorde a la realidad de Latinoamérica; necesitamos datos propios para diseñar
estrategias conjuntas”.
En tanto, Alejandro
Corda, Abogado e Investigador de Intercambios AC presentó el libro “Personas
que usan estupefacientes en Argentina. De “delincuentes-enfermos” a sujetos de
derechos”, en el cual muestra claramente “las consecuencias de la
criminalización, de la respuesta penal: criminalización de usuarios, aumento de
la población carcelaria con población en especial estado de
vulnerabilidad. En Argentina el 38% son
causas por tenencias de consumo, es decir son causas de usuarios. Es importante
revisar la acción de las agencias penales, especialmente la policía”.
Corda además hizo
hincapié en la situación de las mujeres, considerando que “el aumento de la
población de mujeres en cárceles federales aumentó un 217 %, y el hecho de que
se haya tenido a la respuesta penal en primer término, tiene como efecto que se
haya desestimado el ocuparse de otras respuestas, sin ir más lejos se gasta lo
mismo en perseguir usuarios que en prevención y asistencia, con lo cual si se dejara
de perseguir a consumidores de drogas se podría duplicar la inversión en
prevención y asistencia”.
El brasilero Pedro
Abramovay, director del Programa Latinoamericano y Director Regional para
Latinoamérica y el Caribe de la Fundación Open Society afirmó: “Tenemos dos
generaciones de personas que crecieron en el paradigma de la persecución de las
drogas, y esto explica porqué en la actualidad tanta gente está en contra de
que continúe el mismo modelo represivo de guerra contra las drogas, porque están
claros sus pésimos resultados”,
A su turno, Laura Blanco, presidenta de la Asociación de Estudios
del Cannabis del Uruguay, presentó la mirada de la sociedad civil sobre la
ley de regulación de la marihuana sancionada en 2013 y que aún está en proceso
de implementación. La activista destacó el proceso que llevó a lograr una
normativa única en América Latina desde que en 2005 comenzaron algunos una
campaña de des-estigmatización del usuario de drogas hasta lograr en 2010 su
tratamiento en la Comisión
de Adicciones del Parlamento, de un proyecto que por entonces no les convencía.
En 2011 manifestaron a la
Suprema Corte de Justicia “no más presos por plantar” y
promovieron un proyecto de ley de cultivo doméstico y de legalización de los
clubes sociales de cannabis.
“No pretendíamos
aumentar la demanda ni hacer dinero, sino sacar de la ilegalidad al cannabis.
Los cuatro partidos políticos tenían representantes a favor y también el 75% de
la población apoyaba mostró una encuesta. Nuestros ejes de difusión fueron:
calidad y reducción de daños. Que el gobierno pueda testear la calidad del
cannabis que se consume, y que la población sepa que la prohibición aumenta las
malas prácticas”, concluyó Blanco.
