DON BOSCO

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"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

USA: TRIUNFO PRO-VIDA CONTRA EL OBAMACARE


Por Juan C. Sanahuja

La Corte Suprema resuelve a favor de la libertad religiosa el caso Hobby Lobby

En la mañana del 30-06-14, la Corte Suprema decidió que la empresa Hobby Lobby no puede ser obligada a pagar seguros para sus empleados que cubran contraceptivos y drogas que potencialmente inducen el aborto. La decisión fue tomada por 5 votos contra 4.

La administración de Obama estaba tratando de obligar a Hobby Lobby y a miles de empresas y organizaciones cuyos dueños son pro-vida, a que cumplieran con el “mandato contraceptivo”, que obliga a las empresas a pagar seguros para sus empleados que incluyan anticonceptivos y drogas abortivas.

Dice la Corte que la Religious Freedom Restoration Act de 1993 (RFRA) permite a las corporaciones como Hobby Lobby mantener su perspectiva religiosa y a la vez hacer negocios. "Los términos de la RFRA son claros. El Congreso no discrimina contra los hombres y mujeres que desean manejar su negocio con fines de lucro en la forma requerida por sus creencias religiosas”.

El presidente del Tribunal Supremo John Roberts y los jueces Samuel Alito, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Anthony Kennedy, votaron a favor de la libertad religiosa en los casos Burwell v. Hobby Lobby Stores Inc. (antes Sebelius v. Hobby Lobby Stores Inc.) y Conestoga Wood v. Burwell. Votaron por la minoría, contra la libertad religiosa: Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor, Stephen Breyer y Elena Kagan.

La cadena Hobby Lobby, con más de 500 sucursales en 41 estados, se enfrentó a una multa de 100 dólares por día por empleado o sea 1.3 millón de dólares en multas diarias por violar el “mandato contraceptivo” (U.S. Department of Health and Human Services -HHS- mandate in the Affordable Care Act).

La decisión sobre Hobby Lobby sólo se aplica a las empresas, como Conestoga Wood Specialties, la cual tenía en la Corte Suprema un caso similar. Los grupos sin fines de lucro, como Sacerdotes por la Vida, todavía están esperando una decisión sobre su derecho a optar por el mandato.


Las empresas, sean con o sin fines de lucro, consideran que la ley sólo les da a elegir entre elevadas multas o “ser cómplices de algo intrínsecamente malo”.