Por Héctor GIULIANO
(25.8.2013).
Al problema de los
tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje 2005-2010 ya nos hemos
referido en varias oportunidades.
La última vez –
recientemente - fue en el trabajo titulado “Holdouts y próximo fallo de Nueva
York”, al cual nos remitimos como antecedente valido del presente.
El nuevo fallo de la Cámara de Apelaciones
ratificando la sentencia del juez Griesa motiva ahora algunas observaciones y
comentarios adicionales.
QUÉ SE DISCUTE.
Cuando se acordó el
Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 hubo tenedores por valor de unos 20.000
Millones de Dólares (MD) que no entraron en dicha reestructuración de títulos
públicos: son los Holdouts, tenedores de bonos que no estuvieron de acuerdo en
las condiciones de la oferta.
Una parte de estos
acreedores ingresó luego con la reapertura del canje en 2010, de modo que
actualmente el monto de deuda en manos de los holdouts es de 11.500 MD (según
datos oficiales al 31.12.2012): 6.600 MD de Capital y 4.900 MD de Intereses.
Como la oferta de
canje era de aceptación voluntaria, quedaba sobrentendido que quienes no
entraban en la operación iban a reclamar por vía judicial las deudas
originales, por el valor nominal de los títulos y con la certeza de obtener –
temprano o tarde – una sentencia favorable ya que el gobierno Kirchner no
objetó la validez de esas acreencias ni abrió investigación alguna sobre la
legitimidad de las mismas.
El problema se reducía
así, de antemano, a una cuestión de tiempo y a un cálculo de soporte de costos
por los pagos que iban a producirse inexorablemente por concepto de capital
adeudado más intereses acumulados, punitorios, honorarios y gastos de los
juicios correspondientes.
Es importante
resaltar que la argumentación de base de la administración Kirchner contra los
reclamos de los holdouts es que nuestro país se encuentra todavía en crisis de
Deuda en los términos de la Ley
25.561 de Emergencia Pública, que es del 7.1.2002 y ha sido renovada
sistemáticamente por el Congreso todos los años hasta la fecha.
Esta estrategia legal
defensiva se contrapone abiertamente con el discurso oficial sobre los
resultados altamente positivos que el gobierno Kirchner dice tener en materia
económica, financiera y fiscal; y constituye, en consecuencia, uno de los
puntos más vulnerables de la posición argentina ante los holdouts.
QUÉ ESTÁ EN JUEGO.
La denuncia que se
tramita en los Tribunales de Nueva York contra el Estado Argentino constituye
un caso testigo de otras causas que se sustancian por el mismo motivo ante la
justicia norteamericana y también en jurisdicciones de Europa y Japón.
En este caso, el
juicio está piloteado por los fondos de inversión especulativos – comúnmente
denominados “fondos buitre” porque compran “bonos basura” y los reclaman luego
a su valor nominal – NML Capital, del grupo Elliot Management (de Paul Singer)
junto con los fondos Aurelius, Olifant, Blue Angel y 13 acreedores minoristas
argentinos (que sólo en este último caso corresponderían a tenedores
originales).
Después de varios
años de pleito el Juez interviniente, Thomas Griesa, dictó una sentencia favorable a estos
acreedores en Febrero de 2012, obligando a la Argentina a pagarles la
totalidad de la deuda y al contado: el importe original reclamado era de 1.330
MD que, con los recargos, gastos y honorarios ascendería a unos 1.450 MD.
El gobierno Kirchner
apeló esta decisión del juez en Marzo y la Cámara de Apelaciones competente – del segundo
distrito de Nueva York – le falló también en contra en Octubre, ratificando la
resolución de primera instancia y devolviéndole el expediente al juez Griesa
para que estableciera las condiciones concretas de pago por parte de nuestro
país.
El 26.11 Griesa fijó
que el gobierno Kirchner debía abonarle a los holdouts la totalidad del reclamo
- más los intereses, gastos, punitorios y honorarios – al valor nominal y al
contado; y además puso como condición que ese pago se hiciera junto con los
pagos a efectuar a los bonistas que ya entraron en el Megacanje 2005-2010 por
vencimientos de bonos y por cupones ligados al PBI el día 15.12.2012.
Caso contrario, si no
se les pagaba así a los holdouts tampoco cobrarían los bonistas del canje. El
banco agente – Bank of New York (BoNY, del grupo Mellon) – quedaba a su vez
inhibido para efectuar tales pagos por cuenta de la Argentina si los mismos
no eran para todos.
El gobierno Kirchner
– siempre a través del estudio jurídico Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton,
de Nueva York, que representa los intereses argentinos – apeló esta decisión de
la corte, pidiendo poder cumplir con el pago a los bonistas sin condicionarlo
al pago a los holdouts.
En esta instancia
volvieron a declarar los acreedores y los representantes de nuestro país, y
también diversos “amicus curiae”, esto es, terceros que hicieron llegar
voluntariamente sus testimonios al tribunal.
La mayoría de estos
declarantes lo hicieron a favor de la Argentina , entre ellos, la Reserva Federal de
Nueva York, el Banco BoNY, la ex vice-jefa del FMI Anne Krueger, el ex titular
del BCRA Prat Gay y otros.
Las ideas centrales
de apoyo en estas presentaciones eran de diverso tipo pero concurrentes a favor
de la posición argentina: desde la conveniencia de no aceptar que las actitudes
de acreedores díscolos – los “fondos buitre” – entorpezcan las reestructuraciones
de Deuda Soberana hasta la salvaguarda de la plaza de Nueva York como
prevalente en las colocaciones de Deuda de Países Emergentes, evitando así que
los países deudores acudan a plazas alternativas fuera de los Estados Unidos.
Como, terminadas las
presentaciones, los holdouts no aceptaron tales propuestas a favor de nuestro
país el gobierno Kirchner debió presentar una propuesta concreta final de pago
– ya que no estaba en discusión la validez de los fallos sino sólo la forma de
cumplirlos – cosa que hizo el 29.3.2013 proponiendo la reapertura del canje
2005 en los términos que se había hecho en el 2010.
La administración
Kirchner también pidió, por separado, que el tribunal de segunda instancia – la Cámara de Apelaciones – se
reuniera en sesión plenaria (en banc) para expedirse sobre el tema y no quedar
sólo con la resolución de la sala, pero este pedido fue desechado.
Paralelamente,
nuestro país elevó además una apelación – de tipo “preventivo” - ante la Corte Suprema de los
Estados Unidos, reservando así la posibilidad de una tercera y última instancia
internacional.
Pasó así un tiempo y la Cámara de Apelaciones del
segundo distrito de Nueva York – con fecha 23.8.2013 acaba de dar a conocer su
nuevo fallo, igualmente contrario a la Argentina , por el que ratifica las sentencias del
juez Griesa y las resoluciones anteriores de la propia Cámara obligando a
nuestro país a cumplir el pago total, al contado y a valor nominal, de los
reclamos de los holdouts.
Sin embargo, la misma
cámara – a través de su escrito - deja en suspenso estas medidas a la espera
que la Corte Suprema
se expida sobre la aceptación o no de la apelación argentina.
Si la Corte se expidiera en contra
– considerando, como es probable, que lo haga por no estar afectadas leyes
federales de los Estados Unidos que justifiquen su intervención como tribunal
de última instancia – la sentencia de la cámara sí debiera hacerse efectiva y
de inmediato.
Se ha especulado que
nuestro país, aparte de la apelación a la Corte , pudiera volver incluso a apelar en segunda
instancia pidiendo nuevamente una reunión en banc y recurrir a otras maniobras
dilatorias, pero ello parece poco viable a esta altura de los acontecimientos.
Hasta aquí la
síntesis de los principales hechos que han venido jalonando el problema de los
holdouts hasta la fecha, desembocando en esta última novedad del fallo de la Cámara que, aún así,
todavía no es definitivo en su aplicación.
BALANCE Y PERSPECTIVAS.
Todo este complicado
tema de los holdouts constituye un capítulo dentro de la cuestión macro e
insoluble del problema de Deuda Pública perpetua que vive la Argentina.
El problema arranca,
en este caso, con el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005, que fue presentado
ante la opinión pública – lo mismo que todas las reestructuraciones de deuda –
como un supuesto éxito de negociación cuando, en realidad, se trataba de un
acuerdo desfavorable y que terminó en fracaso:
1. Porque el Megacanje no tuvo ni tiene
capacidad de repago demostrada y la administración Kirchner debió apelar a
sucesivas medidas de emergencia financiera para sostener sus servicios (aumento
de la presión tributaria, incremento de las retenciones, estatización de las
AFJP, uso de las reservas internacionales para el pago de deuda externa, salida
de la Convertibilidad
y retraso del tipo de cambio, licuación de deuda en pesos ajustada por
inflación, cepo cambiario, restricciones a la venta y salida de divisas y,
fundamentalmente, toma de más deuda pública (principalmente Deuda
intra-Estado).
2. Porque no hubo quita verdadera sobre
los bonos canjeados ya que los descuentos se compensaron con cupones ligados al
PBI.
3. Porque el ministro Lavagna – como bien
lo observara en su momento Javier Llorens – se ilusionaba con volver al Mercado
Internacional de Capitales mientras dejaba 20.000 MD en manos de los holdouts
afuera, cosa que constituía una contradicción grave y evidente.
En consecuencia, los
reclamos y juicios que por lógica sobrevendrían contra el Estado Argentino le
abrían un nuevo problema mientras parecían cerrarle otro.
Con el agravante que
estas denuncias (las de los holdouts, que no entraron en el canje) temprano o
tarde iban a terminar indefectiblemente en fallos contrarios a nuestro país
porque la administración Kirchner asumió, desde un principio, la posición de
reconocer en forma irrestricta la validez de las acreencias reclamadas.
Obviamente los
términos de negociación con los acreedores no son los mismos si un gobierno deudor
se sienta a la mesa de discusiones planteando la ilegitimidad de las deudas que
allanándose de partida a la aceptación de las mismas, tal como lo hizo el
actual gobierno.
Este reconocimiento
institucional de una carga perpetua de deuda pública impagable es la clave de
todo, es el condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en nuestro país
en materia financiera, económica y política: es el verdadero y más grande
esquema de corrupción institucional que se mantiene hasta nuestros días porque
se trata de un proceso que está plagado de irregularidades administrativas y
constitucionales, incumplimiento de deberes y obligaciones de funcionarios
públicos, corresponsabilidades cruzadas de todo tipo (acreedores, bancos
colocadores, calificadoras de riesgo, organismos financieros internacionales y
gobiernos de los acreedores externos), toma de deudas sin capacidad de repago
y complicidad de los gobernantes locales
con los acreedores en contra de los intereses del Estado.
Así, si alguien – en
este caso, el gobierno argentino – parte del allanamiento a la validez de las
exigencias de sus acreedores ilegítimos (doblemente ilegítimos, por el hecho de
ser compradores a los tenedores originales ) y sólo pide limitaciones y/o
facilidades de pago, su capacidad de negociación real desaparece y su defensa
está perdida de antemano.
La administración
Kirchner – como todas las que la precedieron (salvo la efímera gestión del
presidente Rodríguez Saá) – no investiga la Deuda Pública ; y con
ello acepta la trampa del Sistema de la Deuda , que es la lógica de
la deuda perpetua, de la que el subtema de los holdouts es sólo un capítulo.
EN CONCLUSIÓN:
El nuevo fallo de la Cámara de Apelaciones de
Nueva York contra la
Argentina no implica una decisión final o definitiva, aunque
supone sí una nueva “vuelta de tuerca” de la presión sobre el Estado Argentino
al respecto.
Esta presión es tanto
o más delicada debido a que la administración Kirchner está paliando los
efectos de una nueva Crisis de Deuda con escalas crecientes de Deuda
intra-Estado, está aplicando políticas de ajuste fiscal encubierto para
contener el déficit fiscal en aumento y se encuentra frente a elecciones
parlamentarias de medio término que pueden agravarle más todavía los dos años restantes
de su gestión de gobierno.
El fracaso del
Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 y el manejo erróneo de la crisis
financiera consiguiente (una crisis monetaria, cambiaria y bancaria pública)
han llevado así a la instancia de un nuevo y posible default técnico; un
default que, si se produjera, significaría sin embargo un blanqueo de la
realidad fiscal y también una oportunidad posible de replanteo en los términos
de una nueva renegociación futura de la Deuda Pública.
Dicho con otras
palabras: sería una alternativa abierta para sustraerse de la equivocada
política seguida hasta ahora consistente en buscar una solución al problema de
la deuda dentro del Sistema de la
Deuda.
(*) La
circularización de la presente nota se demoró por razones ajenas a la voluntad
del autor y, además - estando ya concluida – se conocieron algunas novedades en
relación a una nueva reapertura del canje 2005-2010.
Esta última noticia,
empero, no altera básicamente lo dicho en este escrito y al subtema ya se
refería la nota 3 del mismo.
