La acreditación
universitaria
Durante varios días,
agrupaciones universitarias que se reivindican de izquierda han ocupado el
edificio del Consejo Superior de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC) para impedir que ese cuerpo tratara el informe final que la Facultad de Psicología
debía enviar a la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(Coneau) para la revalidación de la carrera.
En una decisión por
demás plausible, el Consejo Superior resolvió mudar su sesión a un lugar no
tomado por los estudiantes. Las tomas de oficinas o de unidades académicas para
impedir el normal desenvolvimiento de las instituciones no es un mecanismo de
protesta que se encuadre en las normas democráticas que regulan a nuestra
sociedad en general y a la vida universitaria en particular.
Las tomas, por el
contrario, dejan en evidencia el totalitarismo con que se manejan quienes las
llevan a cabo: si la institución no va a adoptar la posición que demandan los
que protestan, estos proceden a ocupar o bloquear sus instalaciones para
impedir que se desarrolle la reunión plenaria en la que se definirá la
cuestión.
El tratamiento del
Consejo Superior era el punto final de un largo trámite que ha contado con una
serie de instancias previas, en las que los distintos actores de la política
universitaria tuvieron la posibilidad de expresarse.
En concreto, el
primer paso concluyó en diciembre de 2011, cuando la Facultad de Psicología
presentó la autoevaluación de la carrera; el segundo, sucedió en agosto de
2012, cuando participaron los evaluadores de Coneau; el tercero, en marzo de
este año, cuando se conoció el análisis de esos evaluadores y Psicología
comenzó a elaborar la respuesta que, cuarto y último paso, esta semana debatió
el Consejo Superior.
Con todo, quizá lo
más grave de la toma del Claustrorum de Ciudad Universitaria es que los
manifestantes se oponen a que la carrera de Psicología que se dicta en la UNC sea evaluada y reciba la
acreditación correspondiente de la
Coneau , lo que significa, por un lado, ir contra lo que
señala la Ley de
Educación Superior, aun si se considerase necesaria la modificación de esa ley,
ya que hay que cumplir lo que ella expresa mientras esté vigente.
Por otro lado, va en
contra del más elemental principio científico impugnar la instancia de
evaluación externa que permite nada menos que establecer lo que está haciendo
bien y lo que está haciendo mal una facultad en la formación de los
profesionales que necesita el país.
En consecuencia, los
manifestantes, por la metodología de la protesta, dejaron en evidencia su
desprecio de los modos democráticos; y por el planteo que intentaron imponer,
demostraron su nula disposición a aceptar los estándares de calidad educativa
universitaria reconocidos y validados en todo el mundo.
