LA ALTERNATIVA DE
UN NUEVO DEFAULT.[1]
Por Héctor GIULIANO
(24.11.2012).
El nuevo fallo del juez
Griesa contra la Argentina actúa como detonante de una situación financiera
explosiva para la administración Kirchner: el dilema de blanquear o no un nuevo
default.
El pedido de embargo de la
fragata Libertad en Ghana, pese a su gravedad intrínseca, es un problema comparativamente
menor por su alcance que el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que
avaló la sentencia Griesa en otra causa de Fondos Buitre por reclamo de
holdouts (los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de
2005-2010). Y la sentencia ejecutiva ulterior de Griesa, del 21.11, amenaza ahora
desbordar el tema.
Esta nueva nota sobre el asunto
busca entender las alternativas que se presentan con el nuevo fallo Griesa y
las opciones que tendría nuestro país ante los nuevos acontecimientos que se
están produciendo, si bien todo lo que pueda decirse al respecto está condicionado
por el secreto que rodea siempre lo vinculado al real estado de situación del
endeudamiento público argentino.
ALCANCES DEL FALLO GRIESA.
El hecho que una parte de
los holdouts no adhiriera al Megacanje 2005-2010 e iniciara juicios contra la
Argentina en el Exterior, el hecho que la administración Kirchner dejara “en el
limbo” el tratamiento de estos holdouts, el que no se intentara efectuar al
menos depósitos en consignación equivalentes a los de los bonistas que sí
entraron en el canje y el hecho que el país no dejara abierta la puerta de
nuevos canjes vía suspensión de la Ley Cerrojo 26.017 suponían ya una
exposición bastante seria, desde el punto de vista legal, para esta
administración.
Y que todo ello ocurriera mientras
el gobierno seguía proclamando y efectivizando su “vocación pagadora” a
ultranza de los servicios de la Deuda Pública y jactándose de una posición
fiscal supuestamente favorable mientras su argumento legal sigue basándose en
la situación de Emergencia Financiera de la Ley 25.561 y conexas, exponía
además a nuestro país a que, temprano o tarde, esos juicios le iban a ser
desfavorables.
Si no se planteaba la
cuestión de la Ilegitimidad de la Deuda pese a las cuatro investigaciones
legales en curso – Olmos I (con sentencia en firme), Olmos II, Megacanje y
Denuncia contra los altos funcionarios responsables del endeudamiento argentino
– si no se determinaban claramente los límites de la solvencia fiscal para
poder afrontar la deuda que resultase legítima según tales investigaciones y si
no se juzgaba a los funcionarios superiores intervinientes y a los
corresponsables internos y externos de las operaciones irregulares y
fraudulentas del endeudamiento contra el Estado Argentino, cualquier estrategia
de fondo estaba perdida de antemano.
Los resultados
desfavorables de tales juicios eran sólo una cuestión de tiempo porque los
fallos pendían como una “espada de Damocles” sobre el gobierno argentino, una
espada que ahora parece estarle cayendo encima.
Las sentencias en Nueva
York contrarias a la Argentina habrían venido así a poner fin a esta situación.
El nuevo fallo Griesa del
21.11.2012, después del aval obtenido de la Cámara de Apelaciones, reitera otro
suyo anterior del 23.2 de este mismo año que da la razón completa a los Fondos
Buitre litigantes (NML-Singer y otros) obligando a la Argentina a pagar el 100
% del Valor Nominal de los bonos reclamados, más los intereses desde el default
de fines de 2001 y sus costas.
En este caso, la resolución
del juez favorece a los acreedores por 1.450 MD[2] (1.333 MD por Capital y
117 por Intereses) pero esta sentencia abre la puerta inmediatamente a que, por
conexidad, sea generalizada a todos los holdouts una vez sentada
jurisprudencia.
Pero existe un agravante –
ya analizado en trabajos anteriores – que potencia los efectos de esta sentencia
y es que, aparte de la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros y
la renuncia a la inmunidad soberana por parte de todos los gobiernos argentinos
– desde el Proceso Militar hasta la fecha – la administración Kirchner
incorporó además, en el Megacanje 2005, la Cláusula del Acreedor más
favorecido, que establece que si a posteriori del canje nuestro país concedía a
los bonistas que no entraron en dicha reestructuración de Deuda (los holdouts)
condiciones más favorables que a los que sí lo hicieron, tales ventajas deben
ser extendidas a la totalidad de quienes ingresaron.
Ello significa que si las
condiciones de los juicios perdidos entran bajo esta cláusula – cosa que puede
ser discutible pero que es válida en principio (hasta el año 2014) – los montos
a pagar por la Argentina se multiplicarían y el país entraría en un nuevo
default por imposibilidad de pago.[3]
Se reitera y destaca que la
Cláusula del Acreedor más favorecido es nueva y fue incorporada por la actual
administración con el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005.
Pero volviendo al fallo del
juez Griesa y a su interpretación cabe hacer algunas observaciones y
comentarios más.
Desde un punto de vista
“benévolo” el duro fallo del juez Griesa pareciera resultar explicable por
varias razones concurrentes: a) la pérdida de paciencia frente a demandas que
se estiran indefinidamente, b) las imprudentes declaraciones de la presidenta
Cristina Kirchner y el Ministro de Economía Lorenzino amenazando desconocer los
fallos, y c) la inconsistencia de la posición adoptada por la Argentina –
asistida por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, de Nueva York –
en el sentido, ya citado, de dejar indefinidamente impagos los bonos de los
holdouts.
Pero, por otro lado,
resulta rara o sospechosa cierta parcialidad del juez contra la Argentina, por
otras razones[4]:
a) la contundencia o impulsividad en la forma de manifestar su enojo por las
declaraciones del gobierno Kirchner, b) un paquete de medidas muy duras, como
son la extralimitación de disponer la sentencia y la ejecución de la sentencia
a la vez, la fijación de un plazo perentorio (el 15.12, fecha en que deben
abonarse unos 3.500 MD por cupones ligados al PBI) y por la totalidad del
importe para el depósito de garantía, la aplicación de una cláusula
aceleratoria a los reclamos acreedores (pago de la totalidad de los bonos y no
solamente de los vencimientos hasta la fecha), además de interferir en los
pagos de los bonistas que sí entraron en el Megacanje 2005-2010 (que afecta
derechos de terceros); y c) una posible intencionalidad política, vinculada con
el agravamiento de la situación financiera y política interna del gobierno
Kirchner (8N, 20N, 8D) y también,
eventualmente, a la presión de la colectividad judía en relación con el
problema Irán-AMIA, dada la estrecha vinculación del fondo Singer (el mismo de
la fragata) con las relaciones entre Israel y los Estados Unidos.
La nueva sentencia del juez
Griesa, de todos modos, vino a desnudar la extrema vulnerabilidad de la
estrategia jurídica, financiera y política del gobierno argentino.
UN BLANQUEO DEL DEFAULT.
Nuestro país – como lo
venimos diciendo continuamente – se encuentra en otra etapa más de su Crisis de
Deuda Perpetua, una crisis permanente por incapacidad de repago de una deuda
impagable frente a la que sólo le queda vivir pagando intereses, capitalizando
una parte de los mismos, refinanciando la totalidad de los vencimientos de
capital y tomando nueva deuda.
El gobierno ya no dispone
de superávits gemelos – fiscal y externo – y habría agotado sus posibilidades
de seguir aumentando la Deuda Intra-Estado por la peligrosa descapitalización
del Banco Central (BCRA), el riesgo cierto de desfinanciamiento de la ANSES
(casi el 60 % del FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional
está prestado al Fisco), el desvío de fondos del BNA-Banco Nación (que tendría
un tercio de su cartera de créditos concedida al Estado) y el uso permanente del
dinero de organismos oficiales para cubrir vencimientos de la Deuda (AFIP,
Lotería, FFRE, PAMI, etc.).
El Déficit creciente del
Presupuesto Nacional y las medidas de Emergencia Financiera en materia
Monetaria, Cambiaria y Bancaria a las que viene apelando la administración
Kirchner para poder sostener su Política de re-Endeudamiento Público estarían
llegando así a un tope o límite de maniobra.
Ello hace que se aceleren
cada vez más los tiempos ante la presión para que el gobierno vuelva al Mercado
Internacional de Capitales para tomar más y nueva Deuda Externa, siguiendo para
ello los lineamientos secuenciales de la Hoja de Ruta del entonces Ministro de
Economía Boudou, que prevé el arreglo con los Holdouts y con el Club de París
como pre-requisito de una nueva ola de endeudamiento externo de la Argentina.
En este sentido, el
discurso de los economistas del Partido de la Deuda es, en esencia, el mismo
que el discurso del gobierno K: que el cuadro de situación de la Deuda Pública
no es malo, que la Deuda es “manejable”, que el país está cumpliendo bien sus
compromisos externos, que nos estamos “des-endeudando”, que el Megacanje
Kirchner-Lavagna de 2005-2010 no ha fracasado porque se puede pagar (a costa de
más deuda y más intereses, por supuesto) y que estos “episodios” – como la
fragata y el fallo Griesa - son sólo parte de erróneos planteos de forma que no
afectarían la supuesta “solvencia” argentina si el gobierno Kirchner se aviene
a las exigencias de sus acreedores.
Pero frente al nuevo grave
cuadro de situación del endeudamiento público – Nación, Provincias, Municipios,
Empresas del Estado (con YPF a la cabeza), Organismos Oficiales, Fondos
Fiduciarios, BCRA y Juicios contra el Estado con sentencia en firme – el
Gobierno, los grandes Partidos Políticos opositores y los grupos de medios de comunicación (oficialistas o no)
coinciden en subestimar los peligros ciertos de la Deuda, alabar los supuestos
éxitos de negociación – como el Megacanje 2005 – y circunscribirse a repetir la
mentira de que el país se está “des-endeudando”, que las actuales presiones son
coyunturales y no estructurales o institucionales dentro del Sistema de la
Deuda, y que con un cambio de actitud de la presidenta las “soluciones”
estarían algo así como “a la vuelta de la esquina”.
Con sus reiteradas
declaraciones enfáticas de “vocación pagadora” y su práctica de pagos de
servicios a ultranza con Deuda Intra-Estado el gobierno Kirchner coincide en
esto con los grandes medios, los economistas y los políticos del establishment en
cuanto a la aceptación de las reglas de juego del Sistema de la Deuda y también
parece coincidir en una esperanza fáctica de ayuda de “nuestros amigos del
Norte” (y de otras partes del Mundo, incluyendo de nuestro país) por “hacer
buena letra” en materia de Deuda (que es algo parecido al error del gobierno
Galtieri durante la Guerra de Malvinas).
Esta esperanza se grafica
hoy en las engañosas referencias a otros países-modelo endeudados que colocan obligaciones a tasas de
interés relativamente bajas en el mercado internacional (del orden de un 5 %) –
como Perú y Bolivia, Brasil y Chile – sin reparar en el problema de fondo que
tales títulos se colocan sin verdadera capacidad de repago porque están
condenados a ser refinanciados en el futuro.
EL DILEMA DEL GOBIERNO K.
En la vida de los Estados,
como en la vida de los Hombres y de las Instituciones, hay momentos clave para
la toma de decisiones que pueden significar puntos de inflexión en materia
económica, política interior y/o geopolítica.
Si estas oportunidades se
pierden o dejan pasar probablemente no se vuelven a replantear en el futuro.
Éste es uno de los
significados profundos del conocido refrán chino que asocia Crisis y
Oportunidad; y su sentido bien puede aplicarse hoy a la nueva Crisis de Deuda
que vivimos.
El vaciamiento organizado
de las reservas del BCRA durante el año 2001[5] llevó a la Crisis de Deuda
de ese año y al fin de la Convertibilidad, que se sostenía con endeudamiento
externo.
Hoy, pasado más de un
decenio, el problema vuelve a replantearse con muchas analogías: pérdida masiva
de reservas por fuga de divisas, debilitamiento sustancial de las reservas
internacionales del BCRA para destinarlas al pago de la Deuda Externa Pública,
mayores requerimientos de moneda extranjera para atender los servicios de la
Deuda Externa Privada, Inconvertibilidad por falta de respaldo en divisas de la
Base Monetaria, cepo o corralito cambiario por insuficiencia de dólares,
apreciación cambiaria por aumento de la Inflación superior a la Devaluación del
Peso y ganancias extra-ordinarias del Sector Financiero sobre el resto de las
actividades de la Economía Física o Real, derivadas fundamentalmente de los
altos niveles de tasas de interés cuyo piso se determina en función de la Deuda
del Estado.
El eje básico de todas
estas analogías y la explicación de todos estos desequilibrios es la Deuda.
Los portavoces del
establishment siguen repitiendo la infamia de que el default declarado por el
presidente Rodríguez Saá fue una suerte de “festejo” irresponsable de la clase
política argentina cuando, en realidad, fue la mayor reacción histórica contemporánea
contra la Corrupción institucional del sistema de la Deuda, sistema que estos
portavoces propugnan remozar y que la administración Kirchner se empeña en
mantener.
Hoy el dilema de un nuevo default[6] vuelve a plantearse como
opción lógica y necesaria frente a la actual Crisis de la Deuda, como una necesidad
de blanqueo de la insolvencia argentina para poder atender los servicios de una
deuda tan ilegítima como impagable.
El gobierno pudiera y
debiera invocar así el fallo del juez Griesa como factor causante de ese nuevo
default provocando entonces un replanteo de los términos de reestructuración de
la Deuda bajo condiciones muy diversas a las aceptadas hasta el presente.
La imposición legal de las
exigencias de pago a los holdouts y su extensión a todos los bonistas que
entraron en el canje 2005-2010 devendría así causal de default y serviría para
blanquear una Crisis de Deuda que se esconde detrás de una solvencia fiscal que
no existe.[7]
El gobierno Kirchner
tendría entonces, a su favor, el argumento válido que el fallo Griesa y la
intransigencia de los Fondos Buitre empujaron al país a este nuevo default.
EN CONCLUSIÓN:
Pocas veces los fundamentos
de una oportunidad de confrontación contra la Crisis de Deuda estuvieron tan
claramente presentes en la historia reciente de la Argentina como ahora.
El necesario replanteo por
Ilegitimidad, Insolvencia y Responsabilidades de la Deuda Pública es un
pre-requisito de nuestra Independencia Financiera y Económica.
Si existiese una
administración de Gobierno que quisiera liberarse del mecanismo de servidumbre
de la Deuda hoy debiera hacer, por lo menos, tres cosas inmediatas:
1.
Declarar un
nuevo default blanqueando la Insolvencia del Estado frente a la Deuda Pública y
ordenar una Auditoría Total de la misma, suspendiendo el pago de los servicios hasta
tanto no se tengan los resultados de las investigaciones correspondientes.
2.
Suspender y
revisar el contrato y la gestión del estudio Cleary, Gottlieb, Steen &
Hamilton, así como el de todos las entidades asesoras conexas, por su rol como
fautores de la indefensión financiera y jurídica de nuestro país frente al
sistema de la Deuda.
3.
Enjuiciar a
todos los funcionarios superiores intervinientes en el montaje y mantenimiento
del Sistema de Deuda Perpetua que rige hasta nuestros días.
Sólo contando con los
resultados de una Auditoría Integral de la Deuda Pública y purgando a la
Administración del Estado de aquéllos elementos que gestaron, sostuvieron y
mantienen el Sistema de la Deuda Perpetua como Instrumento de Dominio podrá
reestructurarse la cuota-parte de la Deuda que se determine como Legítima de la
Argentina.
Y aquí es donde surge el
gran dilema de la Corrupción ligada a la Deuda, ya que una investigación de esta
naturaleza y alcance requiere una Administración no contaminada ni comprometida
con el Sistema que tiene que investigar y castigar; y ello es imposible cuando
el gobierno está comprometido con ese Sistema.
Porque la Auditoría de la
Deuda es el eje indispensable de todo replanteo sobre la Cuestión de la Deuda; y
quien no audita o investiga un delito sobre el que existe evidencia cierta y
probada es cómplice del Delito.-
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 24.11.2012
Archivo: GIULIANO ARTICULO
2012 11 24 HOLDOUTS DEFAULT - 3.
[1] Como antecedentes inmediatos del problema de los
holdouts analizado en el presente trabajo se considera de lectura necesaria
otros dos artículos recientes del autor: “Holdouts: embargo de la fragata y
fallo de Nueva York” (del 8.11.2012) y “Holdouts y Megacanje 2005” (del
16.11.2012).
[2] Las abreviaturas MD/M$ significan siempre Millones
de Dólares/Pesos y están consignadas con redondeo, por lo que puede haber
mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
[3] Según el último Informe de Deuda Pública de la
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía (MECON-SF) el total de la
deuda era al 30.6.2012 de 194.000 MD: 182.700 de Deuda Performing o con
cumplimiento del pago de Intereses y 11.200 MD de deuda todavía en default con
los holdouts (de los que 6.500 MD por Capital y 4.700 por Intereses impagos
acumulados desde el 2002).
Se especula que,
además de regularizar estas cifras con los holdouts, en caso de aplicarse la
Cláusula del Acreedor más favorecido los pagos diferenciales para “empardar” o
equiparar el trato a los acreedores que ya ingresaron en canje 2005-2010
podrían costarle al Estado Argentino entre 10-12.000 MD más; aunque toda cifra sobre
este punto es todavía muy conjetural.
[4] Ver el trabajo de Javier Llorens sobre “Comentario
respecto del inusitado fallo del juez Griesa y su posible trasfondo”
(24.11.2012).
Llorens explica allí bastante
detenidamente cómo la sentencia Griesa parece más un fallo político que
estrictamente jurídico.
[5] Ver el libro “La Argentina robada”, de Mario
Cafiero y Javier Llorens (Macchi, 2002).
[6] La palabra “default” significa “incumplimiento” y
equivale a “cesación de pagos”.
[7] Uno de los subproductos de este nuevo default sería
la inmediata caída - por desvalorización generalizada - de los títulos públicos
argentinos, una gran parte de los cuales están hoy en poder de Agencias o Entes
del Estado (como la ANSES, el BCRA, el BNA y otros).
La afectación
alcanzaría entonces, en gran medida, al propio sector público pero este impacto
pudiera ser atenuado cubriendo las deudas con emisión de moneda paralela o
cuasi-moneda nacional (no monedas provinciales ni municipales), como medio de
pago de circulación simultánea con el Peso, y que podría utilizarse además para
el financiamiento de Obras Públicas y de Infra-estructura que requieran insumos
en moneda local.
Esta cuasi-moneda,
bajo forma de Bono a Corto Plazo y sin Interés, no incrementaría la Base
Monetaria y permitiría el aumento de la velocidad de circulación de estos
títulos sin efectos inflacionarios.
Constituiría uno de
los más eficaces instrumentos de independencia monetaria de la Argentina y
permitiría prescindir de la Deuda Pública como forma de financiamiento del
Estado.
Este tema – al que ya
le dedicamos algunos trabajos anteriores – deviene siempre presente cuando se
plantea el dilema de emitir Deuda o emitir Moneda, siendo que la cuasi-moneda
es Deuda sin Interés.
En opinión del autor
de esta nota, la verdadera razón de la caída del efímero gobierno Rodríguez Saá
no se debió al blanqueo del default, que a fines de 2001 era ya un hecho
inevitable, sino al intento de
investigar la Deuda y de poner en circulación una moneda paralela – el
“Argentino” – que fue abortada para salir de la Crisis de Deuda de ese año con
más Deuda: 34.300 MD iniciales para cubrir la pesificación asimétrica y vuelta
al endeudamiento con Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, BIRF y BID) y
luego nueva reestructuración de Deuda (Oferta de Dubai y Megacanje 2005).-
