DON BOSCO

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"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

La primera deuda del crecimiento




Argentina vive desde hace una década una etapa de recuperación que, pese a los altibajos propios de un ciclo económico, es una de las más importantes de su historia.
Es cierto que se partió de un nivel bajísimo, pero el contexto internacional, con precios inéditos para las materias primas y las manufacturas agroindustriales, y ciertas decisiones internas alentaron el desarrollo de los últimos 10 años.
Esos datos son parte de la realidad y suele destacarlos con cierta reiteración la presidenta Cristina Fernández, quien, sin embargo, olvida mencionar una de las grandes deudas del crecimiento. Y esta no es otra que el alto nivel de informalidad que aún se registra en el mundo laboral.

Sobre 9,3 millones de asalariados que se desempeñan en el ámbito privado, el 43 por ciento (4 millones) lo hace “en negro”, como se llama en forma cotidiana a quien no tiene aportes para su futura jubilación ni cobertura de una obra social.
Además, esos cuatro millones de trabajadores carecen de la protección de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART), con lo cual todo accidente o infortunio no está alcanzado por las coberturas que prevé la Ley de Riesgos de Trabajo, recientemente modificada. Tampoco gozan de vacaciones pagas ni de asignaciones familiares.
Si en los datos estadísticos se incluye al sector público, el número de trabajadores en la informalidad cae al 34,5 por ciento en el segundo trimestre de este año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los peores porcentajes se registran en el servicio doméstico, en el que el 82,8 por ciento del personal se halla en situación informal; en la construcción, 63,6 por ciento; y en hoteles y restaurantes, casi el 50 por ciento.
Aun tomando como válidas las recopilaciones del Indec, el trabajo informal alcanza cifras preocupantes. Luego de una década de crecimiento, e incluso con las facilidades para sostener el empleo otorgadas por el Gobierno nacional en épocas de crisis, no se entiende cómo el Estado no ha podido avanzar contra esta “cultura” de los empleadores argentinos.
Conviene, con todo, precisar que la culpa no sólo hay que cargarla sobre los empresarios, aunque ellos sean en buena parte responsables de este acto de desprecio al capital humano.

El Estado nacional, como se mostró en el reciente conflicto de gendarmes y prefectos, revela numerosas situaciones irregulares en cuanto al personal, en particular en la forma que liquida los haberes de las fuerzas de seguridad.
El desempeño de cuantiosos planteles de monotributistas en los diferentes niveles públicos, en otro orden, es parte de la injusticia social que debe ser modificada.
Una “cultura” equivocada, en algunos casos, y una excesiva presión impositiva, en otros, merecen una mayor atención y eficiencia en las políticas del Gobierno.
La declamada inclusión social encontraría ahí una justa –y no vacía– proclamación por parte de las autoridades nacionales.

La Voz del Intrerior, editorial, 25-10-12