DON BOSCO

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"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

Apropiación in-debida




Gastón Massimino*

La Nación se apresta a esquilmar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), montada sobre una nueva “kaja” de financiamiento. Está claro que no alcanza sólo con seguir depredando y apropiándose de recursos que corresponden a las provincias.
En el período 2007-2011, durante el primer mandato de Cristina Kirchner como presidenta, la Nación se habría apropiado en forma ilegítima de 136 mil millones de pesos correspondientes a las provincias. Y paso a explicarlo. El artículo tercero de la Ley de Coparticipación 23.548 dispone que corresponde a las provincias el 54,66 por ciento de la masa coparticipable.
Resulta que no todo lo recaudado entra en la masa coparticipable. Como el legislador era conocedor del unitarismo imperante, por el artículo séptimo de la Ley de Coparticipación (con vigencia desde 1988), se obliga al Gobierno nacional a transferir recursos a las provincias por arriba del 34 por ciento de los ingresos totales.
Pero sucede que este piso a respetar como garantía del federalismo es violentado por la Nación en los últimos años sin solución de continuidad.

Estado unitario. En 2008, primer año de gestión de la Presidenta, la Nación recaudó un total de 270 mil millones de pesos, de los cuales se transfirieron a las provincias 70 mil millones, es decir, un 24 por ciento del total recaudado (fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos y Ministerio de Economía de la Nación), por lo que el gobierno central se habría apropiado de manera indebida en ese período de 27 mil millones (10 por ciento de los recursos totales), incumpliendo la previsión del artículo séptimo de la norma precitada.
En 2009, la Nación recaudó un total de 305 mil millones de pesos, de los cuales se transfirieron a las provincias 75 mil millones, es decir, un 24 por ciento del total recaudado, apropiándose de 30 mil millones (10 por ciento de la recaudación total).
En 2010, la Nación recaudó un total de 410 mil millones de pesos, de los cuales se transfirieron a las provincias 100 mil millones (25 por ciento); se habría apropiado de 36 mil millones (nueve por ciento del total recaudado).
En 2011, la Nación recaudó un total de 540 mil millones de pesos, de los cuales se transfirieron a las provincias 135 mil millones (25 por ciento del total), por lo que el Gobierno central se habría apropiado de 43 mil millones (nueve por ciento del total de recursos).

La provincia de San Luis promovió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de amparo contra el Estado nacional en 2010 (causa todavía no resuelta), para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 26.422, de Presupuesto del año 2009, y solicitó que se ordene al demandado el respeto del porcentaje mínimo garantizado por la ley 23.548 de Coparticipación y la cláusula transitoria sexta de la ley fundamental.
La actora afirma “que la violación del régimen de coparticipación resulta patente por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), configurándose cuando al enviar el proyecto de ley al Congreso informa que lo que recibirán las provincias en relación al total de los ingresos del sector público es de acuerdo al cálculo que efectúa del 24,07 por ciento”, porcentaje que, según aduce, se sitúa muy por debajo del piso mínimo que deben percibir (34 por ciento).
En consecuencia, serían 136 mil millones de pesos que no ingresaron a las arcas provinciales y que se los quedó en forma indebida la Nación.

A modo de ejemplo, y para significar la magnitud de los fondos en juego: la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso de un presupuesto de 130 mil millones de pesos en 2011, monto similar al transferido al conjunto de las provincias en el mismo período y apenas superior a la deuda total del conjunto de provincias.
Sometimiento. “...Es evidente que no se puede continuar con esta estructura propia de un Estado unitario, que soslaya las realidades regionales y provinciales y que profundiza el extraordinario grado de centralización del país, como muestra de su decadencia y subdesarrollo”, son palabras esgrimidas por el constitucionalista Antonio María Hernández, en un artículo publicado en este diario en marzo de este año.
En relación con la modificación del estatuto del BCRA, hay que estar atento a lo que resuelva la Corte Suprema en la causa en que la provincia de San Luis promovió acción de amparo contra el Estado nacional (febrero de 2010). En ella se cuestiona la inconstitucionalidad del decreto 2010/2009 en cuanto, por su intermedio, el PEN pretende utilizar las reservas federales del BCRA para cancelar servicios de deuda pública con vencimiento en 2010 sin cancelar las partidas previamente autorizadas por el Congreso con ese mismo objetivo y por un monto similar en la Ley de Presupuesto para el ejercicio financiero en curso, o bien reintegrarlos a la base imponible de la masa coparticipable.

Queda demostrado en forma palmaria el sometimiento económico y la asfixia financiera que padecen las provincias por parte del Gobierno central. Pero también queda la esperanza de que algún día la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida garantizando el estricto cumplimiento de la Constitución y devuelva a las provincias lo que en algún momento se les quitó indebidamente.

*Abogado investigador en la Fundación Con/Participación

La Voz del Interior, 15-5-12