Ramy Wurgaft
En el puesto fronterizo de Aguas Claras, los gendarmes argentinos revisan minuciosamente las mochilas de los turistas. Vienen del lado boliviano; no vaya a ser que traigan esos paquetitos de hoja de coca que se venden en los mercados del vecino país.
Los agentes que no están de guardia sorben pensativamente su infusión de yerba mate o cabecean de sueño. El excesivo calor y la monotonía del paisaje inducen a la modorra.
A no más de 600 metros de allí, un grupo de personas descarga una balsa que acaba de atravesar el río Bermejo, que sirve de límite natural entre ambos países.
Los clientes argentinos revisan la mercadería, regatean el precio e intercambian bromas con sus proveedores bolivianos. Nadie creería que los electrodomésticos y los flamantes artículos electrónicos, expuestos con total desaprensión en la ensenada, son artículos de contrabando. Menos aún, que algunos de los bultos, los que permanecen sellados, contienen droga.
“El 20% de la cocaína procedente de Bolivia ingresa a nuestro país a través del río y a plena luz del día, como en una feria al aire libre. Cualquiera que pase por allí puede presenciar las transacciones. A los que se acercan demasiado, los traficantes los espantan con insultos. A veces con disparos al aire”, dijo al diario ‘La Nación’, un ex funcionario argentino de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).
Desde que en abril del 2011 la fuerza de elite de ese organismo, la Northern Border Task Force, se retiró de Salta, la provincia norteña se ha venido transformando en una especie de ‘duty free’ de la cocaína.
Según las estimaciones más cautelosas, unas dos toneladas del ‘polvillo’ blanco entran cada mes en Salta para seguir camino a Buenos Aires o a Europa.
Los ‘changarines’ (estibadores) y los balseros ocupan el escalón más bajo del negocio. Ellos no reciben más de 50 pesos (unos 12 dólares) por cada bulto de mercadería contrabandeada y mil pesos (253 dólares) por cada paquete de cocaína.
En el escalafón intermedio se encuentran los oficiales de la Policía encargados de hacer la vista gorda cuando un alijo importante atraviesa la frontera. Las redes de narcotráfico o de contrabando cuentan con funcionarios y comerciantes situados en puestos estratégicos.
En diciembre del 2011, una banda de narcotraficantes colombianos contrató a Arturo Cifre, presidente del Concejo Deliberante de la localidad salteña de Joaquín González, para facilitar el envío de cocaína a Europa. Cifre se valió de su empresa exportadora de carbón, para llevar a cabo la operación. En diferentes propiedades del edil fueron incautados más de 100 kilos del estupefaciente. Por su parte, los jueces se resisten a entrar en el juego son objeto de contantes amenazas.
Un sistema judicial que no funciona
Raúl Juan Reynoso, el magistrado que estuvo al frente de uno de los más recientes operativos antidroga, fue amenazado de muerte. A finales del 2011 unos sicarios abrieron fuego sobre su vehículo, cuando transitaba por una ruta apartada de la provincia.
El persistente ronroneo de las avionetas, sobre todo en horas de la noche, es otra manifestación del boyante negocio de la droga y del estraperlo.
“En Salta se han detectado decenas de pistas clandestinas (de aterrizaje). La Policía destruye una pista y al día siguiente aparece una nueva en otro lugar. Interceptar un aparato o capturarlo en tierra no es nada del otro mundo. El gobierno brasileño ofreció los medios tecnológicos para lograrlo. Por algún motivo las autoridades provinciales y nacionales ignoraron la oferta”, dijo a ELMUNDO.es, Julián (pseudónimo) ex agente de la Policía Federal.
Lo más alarmante es que por la falta de empleo, muchos jóvenes de Salta optan por cruzar el río Bermejo en esas balsas cargadas de ‘la merca’ (droga o electrodomésticos, mientras que los guardias dormitan en el puesto fronterizo de Aguas Claras.
Ramy Wurgaft
El Mundo
El informador público, 10-3-12
