Discurso inaugural del Primer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia pronunciado por monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata (16 de septiembre de 2010)
El Congreso que hoy inauguramos corona una década de pastoral social, orientada y ejecutada por el área arquidiocesana correspondiente con singular empeño y que alcanzó hasta el presente notable repercusión. A las Semanas Sociales y a los seminarios de estudio siguió el lanzamiento de la Misión Social en la solemnidad de Pentecostés de 2007. La finalidad de estas iniciativas ha sido siempre, en primer lugar, la difusión de los principios, contenidos y directrices de la enseñanza social católica tanto en el ámbito intraeclesial como entre las instituciones representativas de la sociedad local. Una realización concreta de promoción de la cultura del trabajo, el programa de microcréditos “Manos Unidas”, es un fruto apreciable de la aplicación de esa enseñanza.
El mensaje que la Iglesia proclama es el don de la salvación eterna que Dios ofrece a los hombres en Jesucristo, pero es preciso recordar que la salvación se refiere a la totalidad de la vida humana y por tanto incluye su dimensión social y la calidad ética de la existencia y de la tarea temporal. El sentido y el alcance de la Doctrina Social de la Iglesia son definidos por el Compendio al indicar que se trata de un humanismo integral y solidario cuya finalidad es establecer la civilización del amor. No se trata sólo de comunicar un conjunto de conocimientos que tiene su centro en una recta concepción de la persona humana, sino también de procurar que esa teoría –que en realidad integra la antropología cristiana y la teología moral- se traduzca en categorías de acción y descienda a la práctica a través de proyectos adecuados que por medio del diálogo se incorporen a la dinámica social en un contexto determinado. Toda acción social implica una doctrina; la Doctrina Social de la Iglesia posee una dimensión interdisciplinar y sapiencial. En ella –como lo ha señalado Benedicto XVI- la fe, la teología, la metafísica y las ciencias sociales se conjugan para ofrecer una síntesis orientadora que permite ponderar convenientemente todos los términos de los problemas socioeconómicos para encaminar la búsqueda de una solución.
En la encíclica Deus caritas est el Santo Padre sitúa la doctrina social católica en el punto en que se encuentran la fe y la política, que tiene por tarea principal el orden justo de la sociedad y del Estado. El objetivo de esa enseñanza es contribuir a la purificación de la razón y aportar su propia ayuda para que lo que es justo, aquí y ahora, pueda ser reconocido y después puesto también en práctica. Es tarea de la Iglesia servir a la formación de las conciencias, para que cada generación reemprenda la tarea fundamental de edificar un orden social justo. El deber inmediato de actuar a favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos. Es éste un empeño de la inteligencia y de la voluntad movida por la caridad. El protagonismo de los laicos se ejerce espontáneamente como participación solidaria en acciones ordenadas a subvenir las necesidades de la población, también mediante la integración en los cuerpos profesionales, en las organizaciones empresarias y sindicales, pero además debe manifestarse en el campo específico de la política. Es, por desgracia, en este campo donde se echa de menos la presencia de católicos cabales, bien formados en la fe y en la cosmovisión cristiana. Sin embargo, es precisamente allí, en el mundo turbulento y a menudo sospechoso de la política, donde tendrían que expresar con su aporte la piedad para con esta patria nuestra sometida a un proceso de decadencia que por momentos pareciera irreparable.
La Doctrina Social de la Iglesia en su formulación moderna se ha ido actualizando permanentemente de acuerdo a un criterio de desarrollo homogéneo y armónico, desde la célebre encíclica Rerum novarum de León XIII –por indicar sólo un inicio aproximado- hasta la Caritas in veritate de Benedicto XVI. El núcleo permanente de verdades y normas, centrado, como hemos dicho, en una consideración del hombre como imagen viva de Dios, en la naturaleza de la persona y de sus actos, sirve de fundamento a una continua apreciación de las situaciones históricas, para prolongarse en juicios prácticos y prudenciales de los que pueden surgir directrices para la acción. La aplicación de esa enseñanza requiere la elaboración de mediaciones técnicas convenientes que pueden facilitar luego las decisiones concretas de ejecución por parte de las autoridades públicas y demás agentes políticos, económicos y sociales.
La aún reciente crisis financiera internacional, a la cual se refiere la última encíclica del actual pontífice, ha determinado nuevos planteos acerca de la organización social, sobre todo, acerca de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, entre el ámbito público y el privado. Según algunos analistas, con la crisis mundial el Leviatán, teorizado en 1651 por Thomas Hobbes, es decir aquella concepción absolutista del Estado que según el pensador inglés nace de un contrato por el cual los individuos se someten irrevocablemente a un árbitro que refrena los egoísmos de todos y proporciona el beneficio del orden y la seguridad, valores a los cuales se sacrifica todo lo demás. El Estado mastodóntico e invasor responde al presupuesto de Hobbes: el hombre es un lobo para el hombre; ésta es la fórmula de una antropología negativa, marcada por la desconfianza hacia la persona y su actitud para con el otro, al que no podría reconocer como prójimo porque en el estado de naturaleza, por hipótesis, reina el desenfreno del egoísmo. El derecho, el deber, la ley, la sociedad misma surgen, de acuerdo a esta filosofía, como autodefensa del egoísmo.
En el mundo anglosajón se abre paso actualmente una nueva propuesta de reingeniería social –por llamarla así–, expresada como un tránsito del Big Government a la Big Society. Se promueve un creciente protagonismo de las familias, de las diversas formas asociativas que tienen su origen en las más variadas experiencias comunitarias, de las instituciones de la sociedad civil; a partir de ese protagonismo se entabla una mayor colaboración entre el ámbito público y las iniciativas personales e institucionales de filantropía y servicio al bien común, en un clima de confianza. La palabra de orden parece ser: menos Estado, más sociedad. Lo notable es que la propuesta así insinuada no recae en los modelos liberales o neoliberales, que dependen en definitiva del principio hobbesiano. Vale a propósito recordar que la para nosotros tristemente célebre Señora Thatcher repetía con frecuencia que “la sociedad no existe”. Según se propone ahora, “más sociedad” significa conceder respiro a las comunidades locales, a las asociaciones y movimientos, a los emprendimientos sin fines de lucro. El proyecto de la Big Society podría realizarse promoviendo el federalismo y la subsidiariedad. Supone también como condición una cultura política y un capital social caracterizado por un elevado civismo. Las organizaciones intermedias deberían volcarse a la resolución de los problemas colectivos renunciando a la rápida consecución de ventajas corporativas. Algunas reformas institucionales imprescindibles asegurarían la presencia de un Estado eficiente y capacitador, resuelto a cumplir su misión de regular el bien común y de establecer políticas de continuidad que resistan los cambios de gobierno y los defectos de la partidocracia.
Estas líneas de reforma de la organización social coinciden notablemente con la Doctrina Social de la Iglesia, tal como ha sido expresado más recientemente, desde la encíclica Centesimus annus de Juan Pablo II hasta Caritas in veritate de Benedicto XVI. En el primero de los documentos nombrados se advierte la necesidad de un sistema basado en tres instancias: el mercado, el Estado y la sociedad civil. Ésta se reconoce como el ámbito más apropiado para una economía de la gratuidad y de la fraternidad, aunque estos valores no deben faltar tampoco en las otras dos instancias. El actual pontífice señala que otra orientación es posible en la vida económica, política y social: la que aporta la lógica del don; no el egoísmo, por lo tanto, sino la solidaridad.
Las relaciones entre el Estado –habría que decir más bien los gobiernos- y la sociedad encuentran el punto justo en el respeto y la vigencia del principio de subsidiariedad, que protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores y solicita que éstas ayuden a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus propias competencias, de cuyo ejercicio tiene mucho que esperar la comunidad. El mismo principio recomienda la mesurada intervención del Estado cuando las situaciones lo requieran, por ejemplo, ante una realidad de grave desequilibrio e injusticia social, caso en que sólo desde la iniciativa pública se puede encaminar la realización del bien común. De la aplicación coherente y sostenida de este viejo principio siempre válido, y de las nuevas perspectivas que están ensayándose en varios países, podríamos esperar los argentinos la superación de la crónica frustración del federalismo, de los vicios de un asistencialismo clientelista y del avasallamiento de la libertad en la educación y la cultura por parte de un Estado que se entromete donde no debe y descuida en diversas áreas su obligación fundamental.
Nuestro Primer Congreso Arquidiocesano de Doctrina Social de la Iglesia ha sido ofrecido especialmente a los jóvenes como una invitación al estudio, al análisis de la realidad social a la luz de la razón y la fe y al compromiso en la misión que se desarrolla en el área de Pastoral Social. Es ésta una orientación que deseamos sostener en el tiempo, en coordinación con otros sectores pastorales en los que se incorpora la juventud. Frecuentemente se afirma que entre los jóvenes de hoy se impone un clima de marcado desinterés y falta de motivación, a pesar de que es evidente que no faltan en muchos de ellos sensibilidad, inquietudes sanas y disposiciones a participar en acciones solidarias. El conocimiento de nuestra doctrina social puede servir de catalizador para una transformación espiritual que despierte la auténtica vocación de servicio en la que la generosidad espontánea de los jóvenes se manifieste plenamente.
La pertinencia y la oportunidad de esta presentación a los jóvenes de un capítulo tan importante de la cosmovisión cristiana se puede apreciar a la luz de un episodio anecdótico que me permito referir. En un reciente reportaje se consultaba a seis adolescentes que encabezan organizaciones estudiantiles responsables de la protesta, con ocupación de edificios escolares, que se lleva adelante en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los entrevistados se identificó como trotskista y reconoció como referentes políticos a Marx, Lenin, Trotsky y el Che Guevara. Eran chicos y chicas que tienen entre 15 y 18 años y que seguramente no han leído a Marx y que quizá consideran auspiciosa la liquidación de más de 50 millones de personas en aras de una revolución fracasada. La ideologización de los jóvenes, que tanto daño ha hecho y ha causado tanto dolor en la Argentina de tres o cuatro décadas atrás, sigue activa no sólo en las universidades, sino también en los colegios secundarios. Pues bien, la Doctrina Social de la Iglesia constituye el mejor antídoto contra la ideologización, y no sólo de los jóvenes, porque responde con la verdad de la caridad y con la caridad de la verdad al apasionado deseo de justicia que anida en el corazón de todo hombre y mujer de buena voluntad.
Quiera el Señor que este Congreso sea un jalón importante en el camino que desde hace diez años recorremos en la implementación de nuestra pastoral social. Esperamos que, con la bendición divina, sirva para que muchos platenses se animen a estudiar la Doctrina Social Católica y se comprometan a promover su aplicación.
AICA
