Alejandra Torres
Secretaria de Promoción y Desarrollo Humano de la Provincia. Directora ejecutiva del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa)
El monto total de recursos que se invierten en la República Argentina en programas asistenciales es, aproximadamente, equivalente a los ingresos adicionales que necesitarían los hogares más humildes o indigentes para alcanzar la línea de pobreza. Así lo reveló uno de los estudios que realizamos desde el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) vinculado al “Análisis del volumen del gasto público asistencial en la Argentina”.
Planteado en términos sintéticos, a través de esta línea de investigación llegamos a la conclusión de que si los fondos públicos destinados a programas sociales efectivamente llegaran a sus destinatarios, ninguna familia debería estar debajo del umbral mínimo de ingreso, lo que le permitiría satisfacer sus necesidades más básicas.
Según la información oficial disponible, para este año el Gobierno nacional, junto a los gobiernos provinciales y municipales del país, gastará alrededor de 23 mil millones de pesos bajo el objetivo de combatir la pobreza.
Por otro lado, corregidas las manipulaciones que sufre el Indec, la incidencia de la pobreza a fines de 2008 sería del orden de 31 por ciento, mientras que la brecha de la pobreza alcanzaría a unos 23 mil millones de pesos. En otras palabras, la suma de dinero que el Estado tiene previsto gastar durante este año a favor de las familias más vulnerables es similar a lo que estas personas necesitarían para salir de la pobreza.
Sin embargo, hoy, en nuestro país, aproximadamente uno de cada tres argentinos vive con ingresos debajo de la línea de pobreza. Esta dolorosa paradoja sugiere que gran parte de los recursos públicos que se administran a través de programas asistenciales no llegan a los más necesitados, lo que denota un grandilocuente problema de gestión.
La experiencia en la función pública me está permitiendo descubrir evidencias más puntales y concretas de este problema. Un ejemplo muy ilustrativo es lo sucedido recientemente con el Programa Tarifa Solidaria.
Luego de un intenso trabajo de depuración y cruce de bases de datos pudimos detectar que, en principio, aproximadamente 10 por ciento de los beneficiarios del programa no estaba en situación de pobreza. Esto implica que, si bien el programa contempla evaluaciones y controles, muchas personas los burlan, o bien no comunican los cambios de su situación económica una vez que lograron obtener el beneficio.
El caso pone en evidencia hasta qué punto la gestión pública involucra desafíos muy complejos. Por eso es crucial contar con equipos muy bien preparados que combinen idoneidad técnica con honestidad. No alcanza con las buenas intenciones. Si la gestión pública se desarrolla en un contexto de improvisación y con gente sin una preparación acorde al desafío que se pretende asumir, el fracaso está garantizado.
La forma en que se organiza el sector público también es cómplice de este derroche. La asistencia social en la Argentina se administra desde varias decenas de organismos distribuidos en los tres niveles de gobierno. Bajo estas condiciones es imposible evitar que los gastos administrativos sean exageradamente altos y la gestión mediocre. Por eso es importante que, con la renovación legislativa de este año, Córdoba lidere un proceso de replanteo del federalismo fiscal.
Finalmente, pero no menos importante, mi experiencia con el Programa Tarifa Solidaria confirma mi teoría: la buena gestión pública demanda un fuerte y contundente respaldo político, como el que me fue otorgado por las máximas autoridades políticas provinciales a mi gestión.
Sólo de esta manera es posible perseverar en una línea de trabajo, sin claudicar en los objetivos, a pesar de las fuertes presiones que, en algunos casos, llegaron a materializarse en amenazas.
© La Voz del Interior, 6-5-09
